«No se puede cerrar un banco deteniendo a los cajeros». La frase, del especialista argentino Edgardo Buscaglia, ilustra la lucha contra el dinero proveniente de actividades ilícitas en México.
La inacción gubernamental en este sector habilita a que las organizaciones delictivas mexicanas y extranjeras prosigan con actividades como el tráfico de drogas y de personas, la extorsión y el contrabando, señalan expertos.
"Por un lado, se han vuelto más poderosos, porque no se les han tocado los patrimonios, y por otro, se han diversificado, han colocado capitales en varios sectores, para diversificar riesgos y obtener mayores retornos", dijo Buscaglia, presidente del no gubernamental Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, en entrevista con IPS.
Este doctor en economía y con un posdoctorado en jurisprudencia y política social estudió 22 negocios clandestinos, como el tráfico de drogas y de indocumentados, la trata de personas, el contrabando, el secuestro y la extorsión, y concluyó que el comercio ilegal de sustancias psicoactivas ha disminuido en los últimos años.
Desde 2006, las autoridades mexicanas se incautaron de casi 1.000 millones de dólares en efectivo, una cifra minúscula si se coteja con los montos estimados por consultoras y organizaciones internacionales.
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El informe "México: Flujos financieros ilícitos, desequilibrios macroeconómicos y la economía informal", publicado en enero, concluye que esos movimientos, producto de corrupción, sobornos, actividades criminales y esfuerzos por ocultar riqueza, sumaron 5,2 por ciento del producto interno bruto mexicano entre 1970 y 2010.
El documento elaborado por Global Financial Integrity (GIF), un programa del estadounidense Center for International Policy que promueve mejores controles sobre los capitales ilegales, indica que en la década de 1970 el monto anual de dineros ilícitos salidos de México era de 3.000 millones de dólares.
En los años 80 trepó a 10.400 millones de dólares y en la década de 1990 a 17.400 millones. A partir de 2000, se fueron del país unos 49.600 millones de dólares por año en esos flujos ilegales.
Mientras, la consultora estadounidense Stratfor cifra en 40.000 millones de dólares anuales la cantidad proveniente de las drogas que ingresa a la economía de este país.
"Cuantas más esperanzas se suelen poner en las medidas sobre el blanqueo (lavado) es porque menos éxito se está teniendo en la lucha contra las drogas", dijo a IPS el académico Carlos Resa, de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha estudiado el narcotráfico en México desde la década pasada.
La política antidrogas del presidente conservador Felipe Calderón privilegia el uso de la fuerza sobre otras medidas, como el desmantelamiento de los soportes financieros, clave para debilitar el poder corruptor de las mafias, según los expertos.
Apenas fue investido en diciembre de 2006, Calderón dispuso el despliegue de miles de soldados y policías para enfrentar a las organizaciones narcotraficantes. En esa guerra han muerto más de 50.000 personas, según recuentos periodísticos.
Desde 2007 la Procuraduría (fiscalía) General de la República abrió 1.376 investigaciones por lavado de activos, pero solo consiguió 79 sentencias.
México es miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que reúne a todos los países industriales, y del Grupo de los 20 estados ricos y emergentes, dos ámbitos que promueven la transparencia fiscal y financiera y la lucha contra el lavado de activos. Pero nunca ha sido penalizado.
México también integra el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental dedicado a combatir delitos económicos, fiscales y transfronterizos, que tiene 40 recomendaciones sobre lavado de dinero y nueve sobre financiamiento al terrorismo.
El país cumple solo unas pocas, pero el GAFI no lo ha colocado en ninguna de sus listas grises. Y en un informe de 2008 sostuvo que realiza esfuerzos sin precedentes para combatir estos delitos.
El lavado está tipificado en México como delito y penado con entre tres y nueve años de prisión. Pero no hay una legislación específica.
Por eso el gobierno presentó un proyecto de ley que endurece los controles sobre compras de inmuebles, vehículos, joyas y operaciones en efectivo, estableciendo topes, crea una unidad específica antilavado en la PGR y penaliza el fomento del lavado, el uso de testaferros y de documentos falsos para encubrir una entidad.
También endurece las penas al encubrimiento y crea la figura del decomiso equivalente para aplicar cuando desaparecen los bienes obtenidos con fondos ilícitos. Sin embargo, el proyecto no pudo aprobarse en esta legislatura.
La Secretaría (ministerio) de Seguridad Pública Federal estima que hay en este país siete carteles que se disputan la distribución de drogas hacia Estados Unidos, el principal mercado, en tanto operan aquí 17 bandas internacionales.
No hay cifras fiables de producción de drogas.
El informe de 2011 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas (JIFE), indicó que la confiscación de cargamentos de marihuana aumentó, pero disminuyó la de cocaína, que proviene sobre todo de Colombia.
La incautación de marihuana creció de 2.109 toneladas en 2009 a más de 2.248 en 2010, en tanto que la de cocaína cayó de 21,4 toneladas en 2009 a 9,4 toneladas el año siguiente.
Según Resa, nadie supervisa si esas cifras son reales. "Hay muchas posibles causas de ese aumento, entre otras una notoria falta de escrutinio público sobre esos decomisos de marihuana", dijo.
"La disminución de los decomisos de cocaína puede significar que existe un menor tránsito, que las autoridades son más incompetentes o que los transportistas de drogas son cada vez más habilidosos", acotó el español.
De los 712 laboratorios desmantelados desde 2007, 592 estaban en la costa del océano Pacífico, un corredor estratégico para el movimiento de metanfetaminas hacia el mercado estadounidense.
Esas drogas se elaboraban en el propio Estados Unidos, hasta que una ley de 2005 obstaculizó la obtención de precursores químicos como la efedrina. A partir de entonces, México se convirtió en la fábrica de esas sustancias, con materia prima proveniente de países como China e India.
Según la JIFE, en 2009 apenas se erradicaron 14 hectáreas de cultivos de adormidera (amapola), de la que se obtiene opio y heroína, y los decomisos de esta última droga cayeron de 450 kilogramos en 2005 a 369 kilos en 2010.
"Los tres países de origen para la materia prima de la heroína que se consumió en América del Norte en 2009 continuaron siendo Afganistán, Colombia y México", dijo la JIFE. Este país latinoamericano aporta nueve por ciento de la producción mundial de esa droga.
La producción de marihuana (cannabis) y adormidera se concentran en los estados del norte y el oeste de México.
En esas regiones, la economía de aldeas paupérrimas gira en torno de esos cultivos, en los que laboran familias campesinas enteras, incluso los niños, describe en su libro "Los señores del narco" la periodista Anabel Hernández.
Esa es una porción de la economía real, pero informal, del narcotráfico.
"Nadie cubre la economía real, los edificios, bodegas, camionetas, sistemas de distribución tangibles", dijo Buscaglia.
"Hay un vacío institucional Cada estado debería tener una unidad de investigación patrimonial. El lavado es solo un pedacito. La parte real es identificar quién es el dueño de tal fábrica y si tiene alianzas con grupos ilegales", insistió.
"La parte financiera y económica no se está abordando, porque cuando se empieza a tocar, empresas legales que financian campañas de todos los partidos se protegen", dijo. "Si se desmantela, les pega a las campañas" electorales, aseguró.
De hecho, en el marco de la actual competencia para las elecciones presidenciales y legislativas de julio, el parlamento se negó a aprobar el proyecto de ley contra el lavado, que queda pendiente para la próxima legislatura.
