Un año después de aprobado el programa de cambios dispuesto por el gobierno de Raúl Castro para hacer sustentable el modelo económico de Cuba, la lentitud de su aplicación desata polémicas y críticas, incluso entre quienes lo apoyan pero consideran posible avanzar con mayor rapidez.
El VI Congreso del gobernante Partido Comunista (PCC) oficializó en abril de 2011 los Lineamientos de la Política Social y Económica del Partido y la Revolución, con más de 300 objetivos de trabajo a corto, mediano y largo plazo.
Algunas de estas líneas ya estaban en marcha entonces, otras arrancaron en meses posteriores a la cita comunista y muchas aún esperan salir de la gaveta.
"Los cambios deberían acelerarse en algunos sectores de la economía", consideró el economista Pável Vidal al ser consultado por IPS.
En su opinión, los "mejores candidatos" para obtener "resultados inmediatos de significación" con esa política parecen ser las formas no estatales de organización de la producción de pequeña escala.
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"La pequeña y mediana empresa (pyme), junto a las cooperativas y los productores agrícolas, a diferencia de la gran empresa, es un sector con gran flexibilidad, menor inercia, sin burocracia que ofrezca resistencia a los cambios y con gran capacidad para adaptarse a un nuevo marco de incentivos", indicó el experto.
Las autoridades están priorizando las cooperativas entre las formas no estatales de producción, aunque una anunciada nueva legislación para el sector continúa bajo estudio. "Uno de los aspectos que al parecer se discute es el alcance o grado de autonomía que debe tener este tipo de asociación", afirmó una fuente que pidió no ser identificada.
A su vez, la profesora universitaria Reina Fleitas entiende que los cambios que tienen que ver con la disponibilidad de fuerza de trabajo "deben ir lentos" para afectar lo menos posible a las personas y ser justos, en particular con las mujeres, "que pese a todos los avances siguen siendo las que padecen las mayores desventajas en materia de empleo y salario".
Ante lo complejo del tema, el gobierno flexibilizó un reajuste laboral que inicialmente había previsto la eliminación, desde corto a largo plazo, de hasta un millón de empleos en el sector estatal, aunque se desconoce la cantidad de personas que ya perdieron sus puestos, sus edades y cuántas son mujeres.
Según fuentes del sector, parte de los trabajadores declarados "disponibles" aceptaron ofertas en empleos vinculados a la producción dentro de la misma empresa u optaron por el trabajo autónomo o por cuenta propia. Para este año se prevé suprimir 170.000 plazas consideradas sobrantes o improductivas.
"Es imprescindible desinflar plantillas para lograr la eficiencia, analizar carga y capacidad para cumplir el plan y ejecutar el presupuesto, ajustándose a lo que se dispone", indicó sobre el tema el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Salvador Valdés, en entrevista previa a la celebración del Día Internacional de los Trabajadores.
Los trabajadores por cuenta propia, que en febrero sumaban más de 370.000, de los cuales alrededor de 80 por ciento estarían sindicalizados, participaron este año por primera vez como parte de ese sector emergente en los desfiles del 1 de Mayo con motivo de esa conmemoración. Se aspira a que en 2012 aumenten a 600.000.
Ese crecimiento se vería favorecido por el paso gradual a lo largo del año de empleados de los estatales servicios técnicos, personales y del hogar al trabajo independiente, como carpinteros, fotógrafos, reparadores de artículos de joyería, de colchones, de enseres menores y de equipos eléctricos y electrónicos, entre otros oficios.
Además, los emprendimientos privados cuentan desde fines del pasado año con la apertura del crédito desde la banca estatal, que se suma a los canales financieros procedentes del ahorro personal, las remesas de dinero enviadas desde el exterior y recursos que se mueven por vía de las finanzas informales.
Es importante trabajar de manera más ágil en el proceso de entrega de tierras y que se haga con enfoque de género, sostuvo Fleitas al responder una pregunta de Café 108, la iniciativa del sitio web de la oficina de IPS en Cuba para propiciar la participación ciudadana en la investigación periodística.
En ese aspecto, Fleitas, socióloga y experta en género, salud y familia, calificó de "muy pobre" el porcentaje de mujeres dueñas de tierras e insistió en la necesidad de "sensibilizar" y crear condiciones en zonas rurales para que ellas se conviertan en productoras individuales o en cooperativistas, pero como dueñas de parcelas o copropietarias.
Estadísticas oficiales indican que, a comienzos del año pasado, la fuerza femenina en el sector agrícola era de 23 por ciento del total de trabajadores, de alrededor de 1,3 millones, sumando el sector estatal y el cooperativo. Por esa misma fecha, 11.249 mujeres habían sido beneficiadas con la entrega de predios ociosos, según el decreto 259.
Mediante esa legislación vigente desde 2008, el Estado ha cedido hasta ahora 1,3 millones de hectáreas en usufructo a privados individuales o cooperativas agropecuarias a fin de aumentar la producción de alimentos. Según estimados oficiales, aún quedan disponibles un millón de hectáreas.
Pero especialistas consideran imprescindible introducir cambios en ese decreto para eliminar factores de incertidumbre que quitan estímulo a los productores. Las modificaciones se estudian desde el año pasado e incluyen la eventual ampliación de terrenos a entregar, aumento del tiempo de posesión y posibilidades de asociarse a diferentes formas productivas.
El vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo, aseguró a fines de marzo que se busca ampliar las cooperativas a sectores no agropecuarios, los cuales no definió. Respecto de plazos, se limitó a señalar que la aparición de esa nueva oportunidad está "bastante cerca".
En los lineamientos, especie de hoja de ruta del proceso, se proponen las cooperativas de primer grado (las que sus integrantes son personas físicas o jurídicas) como una forma socialista de propiedad colectiva en diferentes sectores, para producir y prestar servicios útiles a la sociedad y en la que sus asociados asuman, con sus ingresos, todos los gastos.
También se prevén cooperativas de segundo grado, integradas por las de primer grado, con el objetivo de organizar actividades complementarias afines o que agreguen valor a los productos y servicios de sus socios, o para realizar compras y ventas conjuntas con vistas a lograr mayor eficiencia.
