Analistas en Colombia varían entre el optimismo pronunciado y las expectativas mesuradas, pero la mayoría coincide por estas horas en que la liberación de todos los uniformados cautivos de las FARC, algunos desde 1998, fue una señal de paz.
Colombia vivió un momento histórico el lunes 2 con la liberación de los últimos oficiales y suboficiales de ejército y policía, a quienes la guerrilla comunista de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) mantenían en calidad equiparada a la de prisioneros de guerra.
Así se cierra el capítulo en el que las FARC buscaron canjear a estos cautivos por guerrilleros presos, una gestión que en distintas etapas intervinieron los gobiernos de Francia, Suiza, España y Venezuela.
Fue una liberación anunciada. La dirección de las FARC había emitido el 26 de febrero un comunicado, que fue considerado "histórico" por observadores, aunque otros invitaron a matizar su significado y se declararon a la espera de los acontecimientos.
En ese documento, esta guerrilla de origen campesino anunció la liberación de todos los "canjeables" en su poder, pero, además, el fin del secuestro extorsivo.
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Para el analista Ariel Ávila, coordinador del Observatorio del Conflicto Armado de la organización no gubernamental Nuevo Arco Iris, el asunto de fondo es que las FARC "decidieron hacer la paz".
Ávila sostuvo que, en esa línea, el lunes mandaron un mensaje concreto al gobierno de Juan Manuel Santos: "El balón está en su cancha. Nos pedían el fin del secuestro, y aquí está".
Sin embargo, las FARC advirtieron en ese mismo comunicado que, si el gobierno sigue profundizando el gasto militar y el enfrentamiento, habrá "más prisioneros de guerra de ambas partes", es decir, la captura de uniformados continuará, así como aumentará el número de guerrilleros capturados.
Ávila consideró, ante la consulta de IPS, que las nuevas capturas de efectivos de las fuerzas estatales por parte de las FARC no serán prolongadas y que los cautivos en combates futuros serían entregados en el término de días o, a lo sumo, de semanas a entidades humanitarias como el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Este tipo de entregas ha ocurrido durante toda la larga historia de la guerra colombiana, desde que se formaron las guerrillas en 1964.
El largo camino de la libertad
Con mediación de facilitadores de Francia, Suiza y España, las FARC liberaron en 2001 a más de 350 militares y policías rasos, con lo que obtuvo la excarcelación de 14 insurgentes.
A partir de allí, la guerrilla optó por mantener en su poder solo a oficiales y suboficiales, para presionar el canje. Pero a ello le adicionaron rehenes civiles: líderes políticos cuya figura más notoria fue la excandidata presidencial Ingrid Betancourt.
Así, las FARC llegaron a tener un listado de más de 70 "canjeables", entre uniformados y civiles.
Por su parte, el gobierno de entonces del derechista Álvaro Uribe (2002-2010) se propuso no negociar y apuntó todas sus baterías a montar operaciones de rescate militar. Algunas fueron exitosas, como la Operación Jaque, que liberó a Betancourt en 2008, pero otras provocaron que las FARC cumplieran su amenaza de ejecutar a sus cautivos.
Tras la muerte en la selva en confusos hechos, en junio de 2007, de 11 legisladores regionales del occidental departamento del Valle del Cauca, la dirigente liberal Piedad Córdoba, por entonces parlamentaria, anunció que dedicaría sus esfuerzos a lograr la liberación de todos los rehenes de la guerrilla.
Entre agosto y noviembre de ese mismo año, el presidente Uribe designó a su par de Venezuela, Hugo Chávez, y a Córdoba como "facilitadores" frente a las FARC.
Córdoba creó en 2008 el grupo "Colombianas y colombianos por la paz", el cual comenzó por buscar la libertad de los políticos rehenes, pero también logró, a cuentagotas, la liberación unilateral de militares y policías.
En total, consiguió la libertad de 10 rehenes civiles y de 10 uniformados, que se suman a los 10 policías y soldados libres desde el lunes 2.
La gestión terminó costándole a Córdoba su carrera política, pues el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, la destituyó en 2010 e inhabilitó por 18 años para ejercer cualquier cargo público, acusándola de "traición a la patria".
Córdoba persistió en su gestión humanitaria hasta convencer a las FARC de comprometerse, incluso, a dejar el secuestro extorsivo para financiarse.
IPS está en capacidad de afirmar que esa decisión se consiguió hace varios meses.
Operación exitosa
De inmediato y durante cinco meses, la exsenadora Córdoba preparó la Operación Libertad, involucrando a figuras internacionales como la guatemalteca Rigoberta Menchú, premio Nobel de Paz, quien se encuentra en Colombia para acompañar estas liberaciones.
Esta operación comenzó el lunes a las 10:30 hora local (15:30 hora GMT) desde el aeropuerto Vanguardia de la ciudad de Villavicencio, capital del central departamento del Meta, con el despegue del helicóptero Cougar 523UE, prestado por el gobierno de Brasil, que voló una hora y media aproximadamente para recoger a los uniformados.
Siete horas después el helicóptero regresó a Villavicencio, que ya estaba abarrotado de familiares, activistas por la paz y periodistas.
Cincuenta minutos después, los liberados fueron transportados en un avión oficial hacia el aeropuerto militar de Catam, en Bogotá, y en otra aeronave sus familiares.
En alocución televisada de unos 10 minutos, el presidente Santos saludó el éxito de la gestión, agradeció a los participantes, sin mencionar de manera directa a Córdoba o a Colombianos por la Paz, y reiteró la necesidad de liberar a todos los civiles secuestrados que serían más de 400 personas, según la organización no gubernamental País Libre.
Santos hizo especial énfasis en que la paz de Colombia compete a los colombianos, dando a entender que reitera la exclusión de cualquier intermediación extranjera en su estrategia.
Mientras, Córdoba aseguró que las FARC confirmaron que ponen fin al secuestro de civiles y que insisten en el diálogo de paz.
La dirigente anunció que Colombianos por la Paz insistirá en lograr que el gobierno acepte la verificación internacional sobre la situación que viven los guerrilleros y guerrilleras presos en Colombia, en cárceles que no son mejores que las de otras naciones latinoamericanas.
Un intento previo de verificación, hace unas semanas, chocó con la negativa gubernamental, que argumentó que en los establecimientos carcelarios de Colombia no hay ni "prisioneros de guerra" ni "presos políticos".
