En la mitad de la noche, alguien golpeó a la puerta de la casa que Zhang Haxia y su esposo tenían en el sudoeste de China. Los extraños los sacaron a la fuerza y los metieron en una camioneta. Cuando los propietarios pudieron regresar, no quedaban ni los escombros de su vivienda.
Este fue una más de las varias expropiaciones que se producen en este país de Asia. Promotores inmobiliarios y funcionarios locales corruptos y deseosos de embolsarse dinero por el auge de la construcción coaccionan a la población para que abandone terrenos valiosos a cambio de una mínima indemnización.
Este fenómeno rápidamente se convirtió en la principal fuente de inquietud en China, y acaparó los titulares de la prensa esta semana con el anuncio de duras penas de prisión contra dos activistas de derechos humanos que dieron prolongadas batallas para ayudar a las víctimas.
Ni Yulan, de 52 años, y su esposo, Dong Jiqin, fueron detenidos este mes por ayudar a los afectados por la apropiación ilegal de propiedad. Ella fue condenada a dos años y ocho meses de prisión, y su marido a dos.
La pareja, que perdió una batalla legal de seis años para evitar la demolición de su tradicional casa con jardín de Beijing, en 2008, fue acusada en diciembre de "provocar peleas, incitar disturbios y destruir en forma deliberada propiedad privada y pública".
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En la audiencia del veredicto, que solo duró 10 minutos, según la organización Defensores de los Derechos Humanos, el Tribunal Popular del distrito de Xicheng condenó a la pareja por "crear disturbios".
Ni Yulan quedó lisiada debido a las torturas sufridas en otras oportunidades en que estuvo presa, la primera vez un año y luego dos más, según dijo. En 2002 fue por "obstruir asuntos oficiales" y, en 2005, por "dañar propiedad pública" mientras luchaba por salvar su casa.
Las expulsiones llevaron a miles de personas a realizar protestas todos los meses. Muchos manifestantes se enfrentan con la policía.
La historia de Zhang*, es una entre miles.
"El 4 de diciembre a las tres de la madrugada, funcionarios del gobierno local, acompañados de mafiosos, nos arrastraron a mí y a mi marido fuera de casa, nos metieron en una camioneta y nos llevaron a un lugar alejado que no reconocí", dijo a IPS la agricultora de 55 años por teléfono desde su casa en la ciudad de Chengdu, capital de la central provincia de Sichuan.
"Me tropecé, me caí y vi al hijo del secretario del Partido (Comunista) local. Cuatro horas después nos regresaron. Nuestra casa ya no estaba, y los ladrillos y las tejas habían desaparecido", relató.
Cuando Zhang se trasladó a Beijing para reclamar al gobierno central, la policía la detuvo junto a su esposo y los envió a la comisaría de Sichuan, donde fue golpeada antes de ser liberada, indicó.
"Nos obligaron a firmar un papel. Yo no quería porque sabía que si lo hacía estaría aceptando mi detención, entonces me golpearon. Mi marido llamó al superior y fuimos liberados", narró.
Zhang no es la única. Esta semana, un sitio de Internet de Sichuan informó que desaparecieron tres activistas que reclamaron indemnizaciones por ser expulsados de sus propiedades en la oriental provincia de Jiangsu.
Mao Jianzhong, Gu Xingzhen y Xia Kunxiang se trasladaron a Beijing para reclamar ante el gobierno central. Pero funcionarios de Jiangsu los llevaron de regreso a su ciudad, Suzhou, y no se supo más de ellos, informó Radio Free Asia.
Muchos demandantes, que suelen sufrir la creciente corrupción de policías y funcionarios locales, no tienen más opción que plantear su problema al gobierno central. Pero suelen ser llevados de regreso a su localidad, según el activista Huang Qi, quien primero denunció el incidente en su sitio de Internet, Tianwang.
Huang denunció que muchos manifestantes son llevados a una de las miles de "cárceles negras" sin el debido proceso o detenidos bajo cargos falsos. Los reclamos suelen ser acallados en el ámbito local por temor a que las demandas y disturbios dañen la reputación de los funcionarios, expongan la corrupción o impidan su promoción.
"Desde el gobierno de Hu-Wen (por el presidente Hu Jintao y el primer ministro Wen Jiabao) aumentó la expropiación. Pero también los casos por indemnizaciones o las demandas", dijo Huang a IPS.
"La apropiación ilegal no ha terminado. Recibí una llamada la semana pasada de un agricultor de Sichuan cuya casa había sido destruida a las dos de la madrugada. Las expulsiones suelen ocurrir durante la noche porque no quieren que la gente tome fotografías ni grabe audio o vídeos de prueba", explicó.
"Las personas que no están informadas creen que los asuntos más importantes de China son la Revolución Cultural o la reforma de la estructura política. Pero, de hecho, la gente está más preocupada por proteger sus derechos", remarcó.
Las repercusiones de los disturbios rurales por apropiaciones ilegales son comunes. Un sitio de Internet informó la semana pasada sobre enfrentamientos con la policía en el norte y sudoeste de China. Algunos episodios como las protestas en Wukan, en la sureña provincia de Guangdong, tuvieron eco en la prensa internacional.
Los activistas de Wukan lograron expulsar a los funcionarios corruptos y el derecho a realizar elecciones locales.
El pueblo se convirtió en el símbolo de la protesta contra la apropiación ilegal de tierras en China, y es considerado un ejemplo exitoso de cómo el gobierno debe actuar para desactivar los reclamos generalizados.
El cambio está en marcha, según la organización no gubernamental Landesa (http://www.landesa.org/), dedicada a defender el derecho a la tierra de los agricultores de las naciones en desarrollo. El grupo señala en su sitio de Internet que trabaja con el gobierno central para introducir una serie de mejoras legales históricas.
El gobierno comenzó a garantizar a los agricultores derechos de 30 años sobre sus tierras, según Landesa, así como a documentar y publicitar los derechos de los agricultores. Pero muchos ciudadanos los desconocen, y la ley es ampliamente ignorada por las autoridades locales, que suelen abusar de su poder.
En Chengdu, Zhang compró otro terreno y construyó otra casa. Según ella, el problema radica en la codicia de los funcionarios locales, más que en el gobierno central.
"Seguiré reclamando en Beijing porque tengo esperanzas en el gobierno, son las autoridades locales las que son corruptas", señaló. "No pido una cifra ridícula, solo una indemnización razonable", aclaró.
* Su nombre fue cambiado por su seguridad.
