Angola celebra este miércoles 4 una década de paz. Desde que terminó una guerra civil de 27 años, en 2002, el país ha prosperado gracias al petróleo. Pero las próximas elecciones parlamentarias podrían revivir la violencia y la inestabilidad.
"Hubo crecimiento, pero en materia de democracia, derechos humanos y desarrollo social, el país retrocedió", sentenció Elias Isaac, encargado de Angola de la no gubernamental Iniciativa Sociedad Abierta para África Austral (Osisa, por sus siglas inglesas) en un encuentro con la prensa en la sudafricana Ciudad del Cabo en vísperas del aniversario.
En esta década, Angola se convirtió en la economía africana de mayor crecimiento. El Banco Mundial estima que este año su producto interno bruto crecerá 12 por ciento, sobre todo por los ingresos de la exportación de crudo. Este país es el segundo mayor productor de petróleo del continente después de Nigeria.
Sin embargo, una pequeña parte de esos ingresos llega al grueso de la población. De los 16,5 millones de habitantes, dos tercios viven con menos de dos dólares por día, según la Organización de las Naciones Unidas. Entre los 187 países medidos por el Índice de Desarrollo Humano 2011, Angola ocupa el lugar 148.
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El reciente impulso al desarrollo de la infraestructura carreteras, aeropuertos, escuelas y hospitales y la promesa de construir millones de viviendas son, para la oposición, "mero artificio" destinado a distraer la atención de la opulenta riqueza que acumula la pequeña elite angoleña.
"La corrupción, el nepotismo y el desprecio por la ley son los principales problemas", admitió el ex primer ministro Marcolino Moco (1992-1996), una de las pocas voces críticas dentro del Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA), que rige este país desde 1975. "No hay consulta, sino impunidad y poder absoluto".
Un hecho elocuente son los 32.000 millones de dólares que no aparecen en el tesoro del país y que el gobierno no puede decir en qué se gastaron.
El estadounidense Revenue Watch Institute (RWI), un grupo no gubernamental que promueve la transparencia en materia de ingresos de industrias extractivas, reclamó esta semana al Fondo Monetario Internacional (FMI) que retenga un desembolso de 130 millones de dólares hasta que las autoridades angoleñas justifiquen plenamente el destino de esos miles de millones.
"El FMI debe insistir en que el gobierno se haga responsable de esos fondos antes de desembolsar los 130 millones", dijo la directora de RWI, Karin Lissakers. El gobierno debe combatir urgentemente la corrupción y la mala administración, agregó.
"La falta de rendición de cuentas es total", coincidió el político Horácio Junjuvili, de la principal fuerza opositora, la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (Unita). "El presidente (José Eduardo dos Santos) usa los fondos del Estado como si fueran de su propiedad", dijo. En su opinión, buena parte de los 32.000 millones de dólares esfumados deben de haber sido depositados en cuentas de bancos extranjeros.
Es un secreto a voces que la hija del mandatario, Isabel dos Santos, que maneja la fortuna familiar, ha realizado en los últimos años inversiones multimillonarias en su país y en Portugal.
Los angoleños se sienten marginados de la comunidad internacional, la cual, dicen, solo se interesa por los negocios con este país, pero no en presionar para que mejoren el respeto a los derechos humanos y la gobernanza.
"El petróleo juega un papel central en la política. Los intereses internacionales se mueven por los negocios, no por la moral", apuntó Isaac.
Pocos confían en que los comicios parlamentarios, que se celebrarían en agosto o septiembre, produzcan algún cambio. "Dudamos de que las elecciones sean libres y limpias", dijo Junjuvili.
Con Dos Santos al mando desde 1979, el país que fue colonia portuguesa se ha convertido en una autocracia. El gobernante MPLA cuenta con una más que holgada mayoría parlamentaria y los contrapesos constitucionales son pocos y débiles.
El mandatario ignoró una ley, que estipula que un juez independiente debe encabezar el organismo electoral, colocando nuevamente en ese puesto a Susana Inglês, una abogada cercana a Dos Santos.
Los partidos de oposición rechazaron el nombramiento y recurrieron a la Corte Suprema de Justicia, que debe dar su dictamen.
"Es una dictadura. Casi todo el poder se concentra en manos de una persona, el presidente", sostuvo Isaac. "Si las ilegalidades no cesan, la oposición se movilizará y el país podría caer en el caos".
Sin embargo, ni la Unión Europea ni la Comunidad para el Desarrollo de África Austral han acordado establecer misiones de observación para las elecciones.
Es improbable que Dos Santos ceda su lugar a nuevos dirigentes. El veterano luchador de la guerra de independencia, de 69 años, manifestó en noviembre su disposición a conducir el partido a una nueva elección, agregando que estaba "siempre disponible".
En los últimos tres meses, la gente comenzó a manifestarse en la calle, reclamando derechos económicos y sociales y democracia. "El riesgo de inestabilidad política es elevado", advirtió Moco.
Las autoridades reaccionaron reprimiendo las protestas. Desde enero se proscribieron cinco manifestaciones contra el gobierno y unos 46 militantes fueron arrestados.
Si bien la libertad de expresión está formalmente garantizada, los medios de comunicación independientes casi no existen. Casi todos los periódicos y estaciones de radio y televisión son propiedad de la familia presidencial.
El gobierno debe cesar el uso de fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos, activistas de derechos humanos y políticos opositores, dijo esta semana la organización Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York.
"La violencia creciente contra los manifestantes, observadores y militantes políticos señala el deterioro del ambiente a medida que se aproximan los comicios", advirtió Leslie Lefkow, de HRW.
"Se está torturando a los que protestan", dijo Moco. "La situación es terrible. El futuro de Angola es oscuro".
