Brasil requiere acelerar la construcción de hidroeléctricas en sus países vecinos para satisfacer su demanda de energía, mientras Perú aún da pasos de equilibrista sobre el acuerdo binacional. ¿Qué intereses y reclamos se mueven alrededor del convenio?
En sus siete meses en la Presidencia de Perú, Ollanta Humala aún no resolvió qué hacer con el acuerdo energético que su antecesor, Alan García (2006-2011), suscribió en junio de 2010 entre aplausos y ráfagas de flashes con el exmandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).
Además, el acuerdo está pendiente de la ratificación parlamentaria.
El rechazo de los pobladores de la zona a la construcción de las cinco centrales hidroeléctricas en la selva peruana, incluida en el convenio, es uno de los puntos que ha obligado al gobierno de Humala a dilatar su pronunciamiento definitivo sobre lo pactado, según algunos expertos.
La sociedad peruana está muy sensible a este tipo de proyectos, principalmente por las últimas protestas mineras, entre las que destaca el rechazo al proyecto aurífero Conga, en la región norteña de Cajamarca, que a fines de 2011 generó incluso una crisis en el gabinete ministerial.
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Los reclamos no se han limitado a marchas y huelgas.
El 23 de febrero, la Central Asháninka del Río Ene, encabezada por líderes indígenas de los pueblos de la selva central, presentó a la Corte Superior de Lima una demanda de amparo contra el Congreso legislativo y el Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitando la suspensión del acuerdo energético con Brasil.
David Velazco, abogado de la no gubernamental Fundación de la Paz, dijo a IPS que la medida busca proteger derechos constitucionales de los pueblos indígenas, como el consentimiento libre, previo e informado de proyectos de desarrollo que se produzcan en sus territorios ancestrales.
Los líderes del pueblo asháninka, que tiene su hábitat en el valle del río Ene, en el departamento central de Junín, aseguran que el territorio indígena sería afectado por el proyecto Paquitzapango, que se desarrollaría al amparo del acuerdo con Brasil.
"El nuevo gobierno no ha realizado una reflexión seria sobre los pro y contras del acuerdo para el país", señaló a IPS el abogado ambientalista César Gamboa, director de Políticas del no gubernamental Derecho, Ambiente y Recursos Naturales.
Cuando era candidato a la Presidencia, que asumió en julio de 2011, "Humala criticó al gobierno (de García) por exportar el gas del yacimiento de Camisea (en el sudoriental departamento de Cusco) y no sustentar sus posiciones en estudios sólidos, ahora él cae en lo mismo", afirmó
Gamboa insistió en que las autoridades no saben cuánta energía requiere Perú de los aproximadamente 6.000 megavatios (MW), que generarían las proyectadas centrales, a construir en la Amazonia peruana.
"No hay planificación energética y, por tanto, tampoco instrumentos para decidir cuál es la mejor opción ambiental, social y económica para satisfacer nuestra demanda de energía", agregó.
Juan Pari, legislador de la gobernante alianza Gana Perú (GP), informó a IPS que el acuerdo con Brasil aún sigue en evaluación dentro de la organización.
El gobierno envió al parlamento unicameral un proyecto de ley sobre la ratificación del acuerdo, que desde octubre de 2011 espera su discusión por la Comisión de Relaciones Exteriores. Su secretaria técnica, Jazmina Sánchez, adelantó que no hay fecha para ese debate.
"Consideramos que es un tema importante para ambos países y que debemos apoyar un acuerdo de cooperación energética, pero también hay que respetar las normas ambientales y dialogar con la población. No se puede hacer algo apurado", aseguró Pari.
El presidente del Congreso, Daniel Abugattás, puso en duda que el acuerdo entre en vigor. El legislador de GP adujo que no se ha hecho una evaluación técnica profunda sobre sus impactos.
Pero las opiniones están divididas y otros parlamentarios y funcionarios gubernamentales consideran que debe ser impulsado para promover la inversión.
Mientras, Brasil tiene muy claras las proyecciones de sus necesidades energéticas y la estrategia para cubrirla.
El diario Folha de Sao Paulo aseguró el 14 de febrero que el gobierno de Dilma Rousseff tiene apuro en concretar la construcción de hidroeléctricas en los países vecinos, porque está retrasado el programa de represas en Brasil ocasionado también por el rechazo de los pobladores locales.
Los requerimientos energéticos de Brasil y Perú tienen diferencias enormes y eso explicaría los distintos ritmos de los dos gobiernos respecto al acuerdo, consideran especialistas.
Perú, con 28 millones de habitantes, tiene una demanda energética anual de 5.000 MW, con un crecimiento anual de máximo 500 MW. A ese ritmo, la demanda en 2020 no superaría el doble actual, según el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera.
Pero en Brasil, con casi 200 millones de habitantes, la proyección oficial es que en 2020 el consumo energético interno supere los 100.000 MW (730.073 gigavatios/hora de electricidad), con un crecimiento anual promedio de 4,9 por ciento.
El consumo anual brasileño por persona pasaría de 2,4 MW/hora en 2011, a 3,5 MWH en 2020. Para atender esa demanda, Brasil deberá incrementar su capacidad instalada en 56 por ciento.
Folha de Sao Paulo aseguró que el gobierno brasileño requiere importar contingentes de entre 70 y 80 por ciento de la energía producida por Perú, Bolivia, Colombia, Guyana, Suriname y Venezuela. La razón, además de la demanda, es que la energía en los vecinos es más barata.
Daniel Falcón, jefe de la División de Recursos Energético No Renovables del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, dijo a IPS que la integración energética sudamericana es positiva porque los países de la región cuentan con energía "suficiente para la demanda total".
Pero tienen historias, matrices distintas y recursos desiguales.
"Unos tienen recursos, pero no capital ni tecnología, otros al revés, y Brasil dispone de todo", señaló.
Los peruanos Gamboa y Pari consideran que Humala deberá tener clara su posición antes que se produzca este año la visita a Lima de Rousseff, que aún no tiene fecha concreta.
Falcón reconoció que los proyectos energéticos que impulsa Brasil en territorios vecinos deben seguir "las leyes de cada país y están sujetos a sus reglas". Pero advirtió que por encima de esas normas están "los tratados que pueden disciplinar la actividad o leyes supranacionales".
Funcionarios de la cancillería y del Ministerio de Energía y Minas de Perú "no estaban disponibles" para responder a IPS sobre la situación del acuerdo con Brasil, indicaron sus oficinas de prensa.
Para el exministro Herrera, el gobierno debe considerar dos cosas en su evaluación: que no puede cerrarse en que el acuerdo va de todas maneras como lo hizo con el proyecto aurífero Conga y que debe proteger los intereses del Estado.
"Brasil sabe bien lo que quiere y si nos equivocamos el precio puede ser muy alto", apuntó Herrera, tras recordar que Rousseff tiene ventajas sobre Humala en el manejo de temas energéticos, porque fue ministra del ramo de Lula y sabe bien qué está en juego.
*Con aportes de Mario Osava (Río de Janeiro).
