La Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas arremetió contra el gobierno de República Democrática del Congo (RDC) y sus fuerzas de seguridad, y condenó la violencia que siguió a las elecciones del 30 de noviembre de 2011, que dejó por lo menos 33 personas muertas en esta capital.
La agencia de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) realizó un informe que analiza las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad solo en Kinshasa. El documento señala que hay 16 personas desaparecidas y unas 90 más heridas por municiones reales disparadas por la policía y el ejército. Todas las víctimas eran civiles.
El informe publicado el miércoles 21 pide al gobierno que "realice una investigación independiente, creíble e imparcial sobre todos los casos de graves violaciones de derechos humanos perpetradas en Kinshasa entre el 26 de noviembre y el 25 de diciembre de 2011".
También pide que los responsables sean conducidos ante la justicia, ya sea que pertenezcan a la Guardia Republicana, unidad del ejército cercana al presidente Joseph Kabila, sean soldados de las Fuerzas Armadas de RDC (FARDC) u oficiales de la Policía Nacional (PNC), y sin importar su rango.
Addie Kitona, madre de tres niños, sufrió la violencia de las fuerzas de seguridad en la comuna capitalina de Bandalungwa tras los disturbios suscitados por los resultados provisorios de las elecciones presidenciales.
[related_articles]
"La policía disparó gases lacrimógenos sin prestar atención a los transeúntes, entre los que había niños. Cuando escapaba, tropecé y caí sobre mi hija de cuatro años, y se le rompió la clavícula", relató Kitona.
"Mientras estaba en el piso, los policías, que perseguían jóvenes que los habían atacado, me pisotearon y me golpearon varias veces en la espalda y en el estómago", añadió.
Annie Botendi, estudiante de derecho de la Universidad de Kinshasa, recordó haber visto a tres cuerpos acribillados de bala tirados en el camino de Kimwenza, un barrio de la comuna Mont Ngafula, en la que vive.
"En la tarde fueron recogidos por personal de la Cruz Roja para enterrarlos tras ser identificados por las autoridades municipales", relató.
Los esfuerzos de IPS por conseguir declaraciones de las autoridades de las comunas capitalinas de Bandalungwa y Mont Ngafula fueron estériles.
Leila Zerrugui, representante especial adjunta del secretario general de la ONU para RDC y encargada de derechos humanos, señaló que los datos del informe no deben ser considerados definitivos.
"Las cifras presentadas en el informe pueden aumentar si se tiene en cuenta que muchas zonas eran inaccesibles por el temor y la paranoia que prevaleció en ese periodo, así como por el hecho de que muchos centros de atención médica tenían orden de no divulgar información sobre las víctimas que trataron", añadió.
Por su parte, el gobierno de RDC respondió que no reconoce la validez del informe y señaló varios errores.
El documento es "parcial, incompleto e incoherente, y no incorporó comentarios del gobierno, en especial sobre los procesos judiciales que ya se abrieron en respuesta a las violaciones que se están investigando", dijo a IPS el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Emmanuel Luzolo Bambi Lessa.
"Se necesita una investigación conjunta en la que participe el gobierno, la sociedad civil, la justicia y la ONU para que el informe tenga credibilidad", añadió. El foro mundial "no lo hizo", remarcó.
Pero el activista por los derechos humanos Jean Claver Mudumbi no coincide con esa apreciación.
"El gobierno sigue cometiendo el mismo error de rechazar todos los informes sobre violaciones de derechos humanos. Eso es porque no suele manejar la misma información que los activistas que están en el terreno y que tienen contacto con la gente", indicó.
"No hay interacción entre las diferentes administraciones locales, que tampoco tienen estadísticas sobre lo ocurrido en su propia jurisdicción ni los medios para documentar las violaciones de derechos humanos cometidas allí", añadió.
