Las opiniones se contraponen en Brasil en torno a la causa penal que se le sigue a la firma estadounidense Chevron por derrames petroleros en alta mar. Mientras unos consideran que es una reacción nacionalista exagerada, otros entienden que es un castigo ejemplar y necesario.
El Ministerio Público Federal (fiscalía) comenzó las actuaciones esta semana en el juicio en que se acusa a Chevron de daños al patrimonio público y falsedad ideológica por el derrame de 2.400 barriles de crudo en noviembre, y de otro menor este mes, en la plataforma ubicada en el océano Atlántico, a 370 kilómetros de la costa de Río de Janeiro.
Chevron asegura que el segundo derrame del pozo situado a unos 1.200 metros de profundidad y parte del Campo de Frade, en la Cuenca de Campos, fue de "apenas cinco litros", pero expertos calculan que es mucho mayor. La estela llega a "un kilómetro de extensión", según un informe de la armada.
"Lo que importa no es el tamaño de la mancha", dijo el secretario de Medio Ambiente del gobierno de Río de Janeiro, Carlos Minc, al compararlo con el accidente de 2010 en el Golfo de México, donde se esparcieron unos cuatro millones de barriles.
"Lo que sí hay que tener en cuenta es que no tuvieron (los ejecutivos de Chevron) el equipo necesario para contenerlo, que escondieron información y que hubo imprudencia", explicó Minc, al ser consultado sobre el tenor de la reacción de las autoridades, en una conferencia de prensa con corresponsales extranjeros.
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"Hubo mucha sed de lucro y poca inversión en prevención", consideró Minc.
Las investigaciones preliminares de los dos accidentes consecutivos indican que una de las causas del primero habría sido una presión, en la perforación, superior al límite establecido por los estudios geológicos previos, que habían advertido de una falla en el lugar. El segundo sería una consecuencia del anterior.
Las fisuras en las rocas submarinas hacen temer que un radio de unos siete kilómetros pueda estar afectado, con el riesgo de nuevas filtraciones, señalan informes trascendidos a la prensa desde la Agencia Nacional de Petróleo y del Instituto Brasileño de Medio Ambiente, dos organismos de fiscalización estatal.
La empresa petrolera y la compañía Transocean, contratada para la perforación, "instalaron una bomba de contaminación de efecto prolongado", dijo el fiscal Eduardo Santos de Oliveira, al justificar la denuncia contra 17 ejecutivos de las dos firmas, la mayoría extranjeros, entre los que se cuenta el presidente de la filial de Chevron en Brasil, el estadounidense George Buck.
Los procesados tienen prohibido salir del país y podrían ser condenados a penas que van de cinco años a 31 años y 10 meses de reclusión, según la Ley de Crimen Ambiental, además de pagar las multas ya establecidas.
"Si me están llamando exagerado porque estoy aplicando la Ley Ambiental, sí lo soy", respondió el fiscal, al reafirmar que el Campo de Frade podría estar comprometido en su totalidad.
La empresa también habría cometido delito por ocultar informaciones.
"Nuestro mensaje es: ustedes son bienvenidos, no serán perseguidos ni discriminados", agregó Minc al destacar que la intención del gobierno no es ahuyentar inversiones extranjeras en el área petrolera.
"Pero tienen que tomar precauciones, utilizar la mejor tecnología y ser transparentes. Y si se comete un error, sepan que seremos rigurosos", añadió en referencia a la necesidad de dar una "demostración ejemplar" en el combate ambiental, sobre todo cuando este país se apresta a recibir la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que se realizará en junio en Río de Janeiro.
Minc sostuvo que el océano Atlántico, donde Brasil concentra más de 90 por ciento de su producción petrolera, es para este país su "Amazonia azul", en comparación con la riqueza de biodiversidad de esa selva.
En cambio, el especialista en energía Adriano Pires, del Centro Brasileño de Infraestructura, entiende que la reacción oficial "fue exagerada" y cuestionó que la denuncia penal tuviera lugar antes de contar con explicaciones técnicas suficientes.
"Si el gobierno de Estados Unidos hubiera tenido la misma reacción en el accidente del Golfo de México, el presidente de la BP (British Petroleum) tendría que haber recibido pena de prisión perpetua", comparó Pires en entrevista con IPS.
Además, cuando se trata de petróleo, "la cuestión política y nacionalista se impone sobre la técnica en Brasil", consideró Pires.
Desde su fundación en 1953, la empresa estatal Petrobras tuvo el monopolio del sector. Solo en 1997, en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), las firmas transnacionales extranjeras fueron autorizadas a participar en el proceso de exploración y producción.
La presidenta de Brasil, la izquierdista Dilma Rousseff, fue contundente al indicar, sin mencionar a Chevron, que "las empresas que vengan, así como las que ya se instalaron aquí, tienen que saber que los protocolos de seguridad existen para ser cumplidos".
Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edison Lobão, aclaró que las reglas aplicadas a Petrobras son las mismas que rigen para las otras empresas. "Si fallan, tienen que responder dentro de los límites", añadió, para luego afirmar que "el capital es bienvenido, pero tiene que cumplir la ley".
Chevron negó en un comunicado haber sido imprudente o negligente. "La empresa sigue las mejores prácticas de la industria en Brasil y en todos los lugares del mundo donde opera", destacó.
La empresa descartó que el segundo derrame estuviera ligado al primero, porque el petróleo tiene características diferentes. Además, en el primero hubo un "aumento de la presión inesperado durante la perforación, mientras que en el segundo no había perforación en marcha", puntualizó.
El abogado de la transnacional, Nilo Batista, desmintió que esta vaya a abandonar el país, e indicó que solo suspendió preventivamente su producción en el Campo de Frade.
Pero Batista cuestionó la "desproporción legal" que cobró el caso, con componentes de "maniqueísmo", y un "tonito xenofóbico que me sorprendió muchas veces".
Otro abogado defensor, Oscar Couto, subrayó que el accidente no causó perjuicios a ningún ser humano ni comprometió la salud de nadie, así como no provocó "daños mensurables a la fauna o flora".
La naturaleza "no fue afectada ni mucho menos hubo muerte de cetáceos, ballenas, delfines, tortugas o aves. En verdad ni siquiera una sardina murió debido al incidente", ironizó, según el diario local O Globo.
