México no solo está rezagado en el desarrollo de energías renovables sino que algunos de esos proyectos, paradójicamente, amenazan el ambiente y la biodiversidad. Es el caso de un campo eólico en la sudoriental isla de Cozumel, cuestionado por activistas.
"Estoy de acuerdo con las energías renovables, pero tendrían que hacerse en lugares idóneos, no en Cozumel, porque es puro manglares, humedales, lagunas costeras, cenotes y ríos subterráneos", dijo a IPS la exfuncionaria pública Guadalupe Álvarez, fundadora de la organización no gubernamental Cielo, Tierra y Mar.
"Además, el manto freático es muy somero", añadió.
La granja eólica Cozumel 1, a cargo de la firma Mexico Power Group en la isla del mismo nombre ubicada en el mar Caribe y a unos 1.652 kilómetros de la ciudad de México, generará unos 400 megavatios mediante una inversión de 1.000 millones de dólares.
La corporación, que cuenta con la aprobación municipal aunque aún no presentó estudio ambiental alguno, planea instalar 121 aerogeneradores de 80 metros de alto y con aspas de 100 metros de diámetro, sobre una superficie de unas 5.800 hectáreas.
[related_articles]
Actualmente funcionan en el sitio dos torres para medir la velocidad y la temperatura del viento.
En el estado de Quintana Roo, jurisdicción a la que pertenece Cozumel, los manglares ocupan unas 64.000 hectáreas, mientras que en la isla cubren 1.960 hectáreas.
En la zona están presentes el manglar rojo, blanco, negro y el llamado "botoncillo", así como patos, garzas y loros. Además anidan las tortugas blancas o caguamas (Chelonia mydas), consideradas bajo amenaza por regulaciones ambientales mexicanas.
La Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad (Conabio) indica que los manglares brindan hábitat para especies de aves residentes y migratorias, mantienen la calidad del agua y la retención de materia orgánica y amortiguan el impacto de huracanes y tormentas tropicales.
Precisamente, la Conabio cita como amenazas en esta isla la tala de manglares, la incidencia de las actividades turísticas, la modificación del entorno por dragados y la construcción de muelles y hoteles, así como el relleno de humedales y la contaminación por residuos sólidos, derivados del petróleo y aguas residuales.
México, que extrae diariamente 2,5 millones de barriles de 159 litros de petróleo, está atado fuertemente a este combustible de origen fósil, al grado de que el crudo es fuente para 93 por ciento de la energía generada en el país, mientras que el resto proviene de hidroeléctricas, de centrales nucleares y de campos eólicos.
"Hay muchas barreras, como los subsidios a la electricidad, el gas y la gasolina, y apenas hay normas técnicas para la energía eólica y no hay para la fotovoltaica", señaló a IPS el presidente de la no gubernamental Energía, Tecnología y Educación (ENTE), Odón de Buen.
"Las leyes de energías renovables no han servido para nada", opinó.
Desde 2008 rige en México la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, que incluye la creación de un fondo de promoción de 200 millones de dólares y otro para investigación tecnológica y capacitación de 300 millones, que se ejecutan a ritmo pausado.
En este país latinoamericano se producen 850 megavatios de energía eólica, 20 de solar y 958 a partir de la geotermia.
Pero ese potencial apenas se aprovecha, una situación que se podría cambiar drásticamente gracias a que 2012 fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos.
Esa celebración "ofrece una valiosa oportunidad para profundizar la toma de conciencia sobre la importancia de incrementar el acceso sostenible a la energía, la eficiencia en el sector y las fuentes renovables en el ámbito local, nacional, regional e internacional", según la página web de la ONU.
El Programa Especial para el Aprovechamiento de las Energías Renovables de 2009 estipula una meta de 7,6 por ciento de generación alternativa para 2012, sin incluir hidroeléctricas con capacidad de generación superior a 30 megavatios.
México podría llegar a generar 20.000 megavatios por energía del viento en 2020, según las previsiones de la Secretaría (ministerio) de Energía. En el terreno solar, este país cuenta con una radiación media de cinco kilovatios por metro cuadrado, que lo coloca entre los cinco con mayor potencial para aprovechar el recurso.
La Estrategia Nacional de Energía (ENE), que el gobierno ya envió al Senado para su aprobación, plantea que 35 por ciento de la electricidad total se genere a través de fuentes renovables en 2026.
"Las metas no son realistas, porque no se dice cómo se van a alcanzar. Además, hay deficiencias en la evaluación del impacto ambiental de los proyectos", sostuvo a IPS la académica Eugenia González, integrante del estatal Colegio de la Frontera Norte y coordinadora del libro "Hacia la sustentabilidad ambiental de la producción de energía en México", editado en 2011.
La ENE ubica como barreras a la promoción de estas alternativas las inversiones iniciales elevadas, el retorno de largo plazo, las tecnologías renovables localizadas en la fuente del recurso natural y alejadas de la red eléctrica y la falta de incentivos financieros.
"Se podría iluminar comunidades pequeñas con energía solar, pero hay que establecer redes de servicio público. La tecnología ha ido bajando de precio. A mediano plazo, la generación será más barata con energías renovables", indicó De Buen.
El gobierno realiza el levantamiento del inventario nacional de energías renovables, que ayudará a identificar las oportunidades de desarrollo del sector y permitirá la evaluación técnica y económica de esas fuentes.
"Si vemos que la autoridad da el permiso (al parque eólico en Cozumel), vamos a ir a universidades y escuelas a exponer la situación para hacer una manifestación grande, porque nos están engañando", subrayó Guadalupe Álvarez, de la organización Cielo, Tierra y Mar.
"Si no tenemos la riqueza ambiental, la isla se va a morir", porque esta subsiste esencialmente del turismo, agregó Álvarez, quien hizo un reconocimiento aéreo del lugar el 13 de febrero.
Esta ambientalista y otras nueve personas enviaron una carta al gobierno mexicano de Felipe Calderón en la que solicitaron la denegatoria de su aval al campo eólico. La respuesta oficial fue ordenar la verificación de la zona a la Procuraduría (fiscalía) Federal de Protección Ambiental, que puede frenar el proyecto si encuentra alguna irregularidad.
