La ONU criticó este martes 6 la política alimentaria de México, mes y medio después de que el presidente Felipe Calderón lanzase con gran pompa una alianza de agronegocios para el desarrollo sustentable, aplaudida por las transnacionales de alimentos.
De Schutter presentó en la sede de la ONU en la ciudad suiza su informe anual de 2011, en que recogió los resultados de la visita que realizó a este país en junio de ese año.
La crítica del relator especial se suma a la de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema agrícola y contrasta con los aplausos con que los grandes ejecutivos de las transnacionales agroalimentarias saludaron en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, la Alianza Mexicana de Agronegocios para el Crecimiento Sustentable.
La política agrícola "no ve a los pequeños productores como competitivos y la solución para la creciente dependencia de las importaciones" alimenticias, dijo De Schutter en videoconferencia desde Ginebra.
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En su informe "Derecho a la alimentación. Informe de Misión a México", de 65 páginas, el académico belga calificó de "muy regresivo" el gasto público agropecuario, al resaltar que "la mayoría de programas agrícolas no tienen a los pobres como destinatarios".
El presupuesto agrícola para 2011 ascendió a unos 5.800 millones de dólares, casi el doble de lo que era en el año 2000.
De Schutter durante su visita oficial el año pasado y el documento conclusivo sobre ella concluyeron que en México existe una crisis alimentaria y ambiental.
La pobreza ya abate a 52 millones de personas, de un total de 112 millones, y 25 por ciento de la población no tiene suficiente para comer, según mediciones del gubernamental Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Además, la sequía golpea desde el centro al norte del país, con fuertes impactos sobre la agricultura, la ganadería y los ingresos de miles de cosechadores.
"La situación se ha agravado. Los programas van encaminados a dar recursos a los que más tienen, a los pequeños productores no les llega nada", señaló Felipe Torres, dirigente del Frente Democrático Campesino del norteño estado de Chihuahua, golpeado por la escasez de lluvias.
"Hay que destinar apoyos al sector agroecológico, especialmente a los pequeños productores en las zonas más desfavorecidas", subrayó el activista a IPS.
En octubre, se aprobó una reforma constitucional que incluyó el derecho humano a la alimentación, pero que aún no se ha materializado, según organizaciones que promueven la soberanía alimentaria.
Ellas plantean medidas como la creación de una reserva alimentaria y la aprobación de una ley de emergencia.
El gobierno mexicano ha defendido su política agrícola, con base en la numerosa cantidad de programas sociales existentes y el presupuesto destinado a ellos.
En ese sentido, el Coneval identificó 273 programas de alcance nacional, superpuestos en varios casos y no del todo transparentes.
"Hubiéramos querido ver un señalamiento sobre las denuncias de violaciones a los derechos alimentario, económico, social y cultural", declaró a IPS la especialista Alicia Carriquiriborde, representante de la sección mexicana de la internacional Red de Acción e Información para la Alimentación.
La Red presentó a De Schutter durante su visita al menos cinco casos de proyectos de infraestructura, como represas, que amenazan el derecho a la alimentación. La reforma constitucional no fue reglamentada y no ha podido entrar en vigor.
Tras aprobarse la reforma, se formó un Frente Parlamentario Contra el Hambre, a instancias de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Ese frente planea presentar este mes una iniciativa de ley de emergencia alimentaria, que difícilmente será aprobada este año, porque el Congreso legislativo bicameral ya entró prácticamente en receso, por las elecciones legislativas y presidenciales de julio. El nuevo parlamento iniciará su periodo sexenal en septiembre.
"No vamos por buen camino. Las medidas son tardías e insuficientes. Hace falta un programa rector que incluya a todos los programas", dijo a IPS el legislador Reginaldo Rivera, miembro del Frente Parlamentario por el opositor Partido Revolucionario Institucional.
De Schutter, quien asumió la relatoría en 2008, sugirió una nueva moratoria a las siembras experimentales de plantas genéticamente modificadas, el aumento de los programas sociales, la evaluación de proyectos a gran escala y la reorientación del gasto público agrícola hacia los pobres.
"Sabemos desde los estudios de 2009 que el maíz genéticamente modificado viaja fácilmente a zonas de maíz nativo y que la contaminación es difícil de evitar. Puede o no llevar a la desaparición gradual de variedades nativas", afirmó.
El relator añadió que "mi mayor preocupación es la gran concentración de compañías biotecnológicas, como es el caso de Monsanto", la transnacional alimentaria estadounidense.
Desde 2009, cuando finalizó la anterior moratoria de una década para los transgénicos, el gobierno ha recibido al menos 110 solicitudes para plantar maíz transgénico en etapa experimental y 11 para ejecución de programaspiloto.
Además, hay avales similares para soja y trigo genéticamente modificados, mientras que el algodón transgénico se siembra en forma comercial desde ese mismo año.
"Es nuestra responsabilidad producir alimentos sanos y no podemos dejarla en manos de empresas transnacionales e importar alimentos", subrayó Torres.
El relator planteó la necesidad de que en el país se produzca un debate abierto entre autoridades, sociedad civil y académicos sobre los organismos genéticamente modificados (OGM), con base en evidencia científica sólida.
En noviembre de 2001, se reveló la contaminación del maíz nativo en el sureño estado de Oaxaca con dos OGM, según concluyó una investigación publicada en la prestigiosa revista científica británica Nature, realizada por los biólogos Ignacio Chapela, de México, y David Quist, de Estados Unidos, que trabajan en la universidad estadounidense de Berkeley.
México no ha ratificado el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que aún no entra en vigor.
Ese instrumento internacional, abierto a firmas de los Estados parte desde 2009, establece un mecanismo para que las personas, grupos o comunidades puedan presentar casos de violación a sus derechos económicos, sociales y culturales ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
Este país "no lo ha ratificado por los intereses que existen de las grandes transnacionales y de políticas públicas que no se cumplen", denunció Carriquiriborde.
