El arresto de un activista holandés en Japón volvió a mostrar la renuencia de este país asiático a cumplir con los reclamos internacionales de limitar la caza de delfines y ballenas.
"La detención (de Erwin Vermeulen) pretendía intimidarnos para que abandonáramos Taiji", un sudoriental pueblo pesquero donde los delfines son acorralados para matarlos en masa, dijo Scott West, director de investigaciones de la estadounidense Sea Shepherd Conservation Society (SSCS).
"Pero el efecto fue el opuesto, más voluntarios están inscribiéndose para participar en nuestras actividades contra la matanza de delfines y ballenas", explicó West.
Al enviar voluntarios extranjeros como Vermeulen a Taiji, SSCS generó una reacción adversa en Japón, especialmente después de publicar imágenes de la sangrienta caza de delfines.
Las matanzas en Taiji fueron expuestas al mundo en 2010, cuando una película sobre ese ritual anual, "The Cove", obtuvo el Oscar a mejor documental.
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Aunque la liberación de Vermeulen, el 22 de febrero, hizo evidente que no era cierto el delito del que se lo acusaba, haber empujado a un guardia el 16 de diciembre, los activistas creen que esto no cambia en nada las arraigadas actitudes hacia la caza de cetáceos en este país.
"Vermeulen ganó el caso porque no violó la ley. Eso no significa que quienes se oponen a la caza de ballenas se hayan hecho respetar. La prueba real es si pueden impedir que Taiji mate ballenas y delfines", dijo el portavoz del capítulo japonés de Greenpeace, Kazue Suzuki.
Aunque también se opone a la caza de ballenas, esa entidad se ha distanciado del enfoque confrontativo de SSCS, y prefiere centrar su campaña en cuestiones como la contaminación de la carne de ballena con mercurio.
Los medios de comunicación locales retratan a SSCS como una organización agresiva, que usa rayos láser y zumbidos para acosar a las ballenas.
En un editorial de enero, The Japan Times, que se publica en inglés, acusó a la organización de "cruzar la línea de las protestas pacíficas y el control razonable a una confrontación violenta que puede dañar" a integrantes de ambos bandos.
Pero la controversia parece estar dirimiéndose a favor de SSCS.
El 21 de febrero, un tribunal federal en la noroccidental ciudad estadounidense de Seattle negó una orden judicial solicitada por el Instituto Japonés de Investigación de Cetáceos para impedir que SSCS llevara a cabo sus actividades contra la caza de ballenas en el océano Antártico.
Países occidentales como Estados Unidos y Australia, que respetan la moratoria de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) a la caza de cetáceos, quieren que Japón cese sus "expediciones científicas".
Aunque en el marco de una decisión de 1987 la CBI permite matar anualmente 1.000 ballenas en el océano Antártico con fines de investigación, buena parte de la carne de esos animales termina vendiéndose.
Durante muchos años, los conservacionistas acusaron a Japón de aprovecharse de la cuota autorizada por la CBI para continuar con la caza comercial, poniendo en peligro la existencia de estos mamíferos acuáticos.
También se acusa a Japón de gastar miles de millones de dólares para mantener su envejecida flota ballenera, y de insistir en su derecho a cazar del modo tradicional, como Noruega, otra nación que incurre en esta práctica.
Las tácticas de Sea Shepherd pusieron de relieve el derroche público para apoyar una industria que se vuelve rápidamente obsoleta. La campaña de la organización obligó a Japón a cancelar en marzo de 2011 sus capturas científicas en el océano Antártico.
En su libro "Cómo capturar delfines", presentado en 2010, Yusuke Sekiguchi, investigador del tema, señala que la caza obedece a una cultura en la que los animales son atrapados, matados y comidos con gratitud hacia la providencia.
Naoko Koyama, del no gubernamental Instituto de Biodiversidad de Japón, con sede en Kyoto, dijo que el enfrentamiento por la matanza trae reminiscencias del choque entre las culturas japonesa y occidental.
"Como manifestantes, tenemos que evitar ingresar en ese debate estrecho", opinó.
La organización de Koyama, que tiene 15 miembros, lleva a cabo una campaña que busca divulgar los impactos negativos de apresar mamíferos salvajes en acuarios con fines comerciales.
"Los resultados son alentadores, la gente que nos escucha decide apoyar a nuestra organización", dijo.
Iwao Takayama, abogado defensor de Vermeulen, planteó que "los activistas extranjeros hablan de respetar la ley, la base para ganar una demanda. Pero, para ganarse el respeto en Japón, hay que tratar de hablar claro y preferentemente en japonés".
Los fiscales intentaron presentar la demanda contra Vermeulen como un problema entre SSCS y el gobierno japonés, dijo. "Fue obvio que intentaban apelar a los sentimientos nacionalistas".
