El caficultor Emilio Osorio quiere que la petición de más apoyo para el campo y para alcanzar la seguridad alimentaria llegue a los gobiernos de los países ricos y emergentes que integran el Grupo de los 20 (G-20), que este fin de semana reunirá a sus responsables de finanzas en la capital mexicana.
"Hay que fortalecer el modelo agroecológico y sustentable. Se debe priorizar la producción de alimentos, porque la situación de ese sector se viene agravando", dijo a IPS este productor, asesor financiero de la Federación Indígena Ecológica del sureño estado mexicano de Chiapas (FIECH).
Osorio participó entre el miércoles 22 y este viernes 24 en México, junto a delegados de 56 organizaciones de 14 países, de un encuentro para discutir asuntos y reclamos que pretenden entregar a la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales de las naciones del G-20, que se realizará este sábado 25 y domingo 26 en esta misma capital.
Los debates de las organizaciones no gubernamentales se centraron en temas como seguridad alimentaria, transparencia y combate a la corrupción, inclusión financiera y lucha contra el cambio climático, que deberían estar presentes en la agenda de los jefes de Estado y de gobierno del G-20, que sesionarán en junio próximo en la noroccidental ciudad mexicana de Los Cabos.
"No vemos resultados (en seguridad alimentaria) de los compromisos asumidos, no vemos acciones concretas. El G-20 tiene otras prioridades, como abatir la crisis financiera o desarrollar una economía verde", señaló a IPS la activista Maira Martins, asesora en temas alimentarios de la oficina brasileña de la británica ActionAid.
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Los responsables de las finanzas del bloque sesionarán a puerta cerrada con la mira puesta en medidas contra la crisis que se desató en 2008 en Estados Unidos y que ha entrado en una etapa de recrudecimiento global, con la Unión Europea al borde de la recesión.
A la crisis financiera se ha sumado la alimentaria, con el encarecimiento de la comida y el consecuente incremento de la pobreza, y la ambiental, con grados de emisiones contaminantes que no remiten.
Uno de los asuntos tiene que ver con los fondos para el rescate europeo, frente al cual hay divergencias en el seno del grupo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) busca colectar unos 500.000 millones de dólares para financiar ese apoyo, pero países como Brasil y México quieren aportar si se les garantiza un mayor peso en las decisiones dentro de este organismo multilateral, presidido por la francesa Christine Lagarde.
El G-20 reúne a los países más industrializados del planeta o Grupo de los Ocho (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Japón, Italia y Rusia), junto con Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía, así como a la Unión Europea como tal.
Este bloque debe posibilitar "la inclusión financiera, con metas claras y planes de ejecución", planteó Joanna Rea, integrante de Bond for International Development, entidad que nuclea a las organizaciones no gubernamentales británicas que trabajan por el desarrollo.
"Es importante que se financie a las comunidades más pobres en sus propios lugares, que puedan invertir en sus propios negocios", recomendó en entrevista con IPS.
Ese fomento debe incluir acceso a crédito, ahorro, seguros y servicios de depósitos, detalló.
Desde 2008, cuando estalló la crisis, el G-20, cuya presidencia temporal ocupa hoy México, asumió el compromiso de tomar medidas al respecto, pero las organizaciones de la sociedad civil consideran que esas acciones no han bastado y que el empeoramiento de la coyuntura ha perjudicado a los más pobres en el mundo.
Por eso, pretenden una reforma de organismos como el FMI y el Banco Mundial, procesos que caminan con lentitud.
"Es claro que el G-20 no debe sustituir a las instancias de la Organización de las Naciones Unidas, más bien fortalecerlas. Es necesario que garantice más fondos a la agenda del desarrollo. El FMI y el Banco Mundial no responden a la actual dinámica financiera", comentó a IPS el director de la oficina mexicana de la no gubernamental Oxfam Internacional, Carlos Zarco.
En Los Cabos, los gobernantes de ese bloque abordarán políticas contra la crisis financiera, seguridad alimentaria, el crecimiento verde y la lucha contra el cambio climático y otros asuntos.
"Nos sentimos incapaces de saber qué futuro nos espera. Por eso, hay que poner énfasis en la agricultura ecológica, por la experiencia que tenemos", refirió Osorio, cuya federación aglutina a 18 organizaciones productoras de café.
ActionAid propuso el año pasado el uso de reservas estratégicas de alimentos para modular la volatilidad de los precios en los mercados internacionales, una iniciativa que fue ignorada por los integrantes del G-20.
"Hay poca consulta con la sociedad civil, pareciera que no nos escuchan. Es un espacio de poder que debe ser monitoreado", aseveró Martins.
Otro tema en el radar de la sociedad civil es el empleo, que ha sido castigado en la UE por la crisis, aunque en América Latina los índices son más benignos. El bloque europeo cerró 2011 con una tasa de desempleo promedio de 9,9 por ciento, con España y Grecia a la cabeza, según Eurostat, la agencia de estadísticas comunitaria.
Mientras, la Organización Internacional del Trabajo cifró el año pasado el desempleo en América Latina y el Caribe en 6,8 por ciento, la tasa más baja desde 1990 y que se debe fundamentalmente al crecimiento económico registrado en la región en la última década y a políticas específicas.
"El G-20 debe actuar en lo macro y en lo micro, pues las decisiones mayores influyen en el nivel más acotado. Con la inclusión financiera, las micro y pequeñas empresas pueden acceder a crédito y así crearán empleo", precisó Rea.
El futuro del financiamiento anticrisis quedaría sellado en la cumbre conjunta de primavera (boreal) del FMI y el BM, a concretarse en abril en Washington.
