Las autoridades de la noroccidental provincia pakistaní de Khyber Pakhtunkhwa (KP) lanzaron una campaña contra el ingreso de inmigrantes afganos indocumentados y solicitaron ayuda al gobierno federal.
Durante la invasión de la hoy disuelta Unión Soviética a Afganistán en 1979, unos cinco millones de afganos ingresaron a Pakistán a través de la porosa frontera de 2.400 kilómetros entre los dos países.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Pakistán es hogar de 1,7 millones de afganos con estatus legal.
Información del gobierno de Pakistán indica que hay además 400.000 afganos indocumentados, la mayoría en KP, una de las provincias más grandes del país.
Para los afganos, Pakistán es el único escape de una vida de pobreza y violencia en su suelo natal.
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Haji Dost Muhammad, anciano de la Jirga (asamblea tribal) de refugiados afganos, dijo a IPS que su pueblo no regresaba debido a la falta de electricidad, agua y educación en su país.
"Nuestros niños han nacido y se han criado aquí, y ahora no quieren irse, pues reciben educación. Cuando la situación mejore en Afganistán, todos volveremos", afirmó.
Pero muchos pakistaníes, desde funcionarios de gobierno hasta empresarios, están molestos por el aumento de la población de refugiados, que han invadido el sector de negocios, y comienzan a atribuirle el aumento en la tasa de delitos. La Agencia Federal de Investigación y la policía han investigado a varios inmigrantes indocumentados, siguiendo la Ley de Extranjeros.
Un funcionario dijo a IPS que el gobierno federal debería tomar medidas para bloquear el ingreso de los afganos y hacer más para resolver un problema que lleva décadas.
El Departamento del Interior de KP presentó un informe al gabinete provincial sobre la presencia de afganos refugiados e indocumentados en la zona, y propuso pedir autorización del gobierno federal para deportarlos.
Sin embargo, en enero del año pasado, una comisión tripartita conformada por Acnur, Afganistán y Pakistán, acordó extender un permiso de estadía a los inmigrantes afganos dos años más, debido al conflicto en su país de origen.
El funcionario de gobierno consultado por IPS lamentó estas "vagas" políticas migratorias, y señaló que impedían una solución a largo plazo.
"Mientras el tema es discutido por las autoridades inapropiadas (como la comisión tripartita reunida en Islamabad), la estadía prolongada de los afganos ha derivado en múltiples problemas socioeconómicos en KP", dijo a IPS.
Como son los habitantes de esa provincia y de las Áreas Tribales Administradas Federalmente quienes sufren las consecuencias de la inmigración (porque deben competir con mano de obra barata), los gobiernos locales deberían tener voz en el proceso de toma de decisiones, sostuvo.
Sin embargo, Islamabad hasta ahora ha ignorado la inquietud en las provincias.
Un informe del Ministerio del Interior concluyó que, además de los refugiados y los inmigrantes en el norte, miles de afganos residían con falsos documentos en Islamabad y en otras partes del país, muchos de los cuales administraban sus propios negocios.
Con documentos falsos pueden tener cuentas bancarias y adquirir inmuebles y vehículos.
"Descubrimos que unos 80.000 afganos obtuvieron documentos ilegales. Ahora somos muy estrictos. Hemos tomado acciones contra cientos", dijo Jawad Ali, de la Autoridad Nacional de Registro de Base de Datos.
"La División Especial de la Policía y el Buró de Inteligencia también informaron al gobierno que refugiados estaban involucrados en crímenes", dijo a IPS el inspector de policía Jala Khan.
Según información oficial, hay más de 14.000 estudiantes afganos en instituciones públicas y privadas, mientras que 470 afganos lideran los rezos en las mezquitas de este país.
Luego de denuncias de que esas figuras religiosas promovían el extremismo y los enfrentamientos entre diversas sectas, fuentes indicaron que 164 de ellos habían sido despedidos.
El Ministerio del Interior le dio luz verde a la policía para que tomara medidas inmediatas contra los demás líderes religiosos.
A pesar de desplegar una Fuerza de Manejo de Fronteras, siguen ingresando afganos por otras rutas.
Por ahora hay solo un punto de entrada fronterizo oficial en Torkham, que no es suficiente para permitir la entrada de cientos de afganos que cada día intentan refugiarse en Pakistán.
El Departamento del Interior de KP propuso al gobierno federal que abriera cuatro entradas adicionales y puntos de salida, para regular el paso fronterizo.
También sugirió que instalara un sistema biométrico y puestos de vigilancia a lo largo de la frontera.
Representantes de los refugiados afganos, como Haji Dost Muhammad, insisten en que están comprometidos a respetar las leyes locales.
Pero funcionarios como el ministro de Leyes de KP, Arshad Abdalá, exigen mano dura y piden la inmediata deportación de todos los afganos que no tengan documentos.
