Los indígenas de Perú tienen una larga lista de observaciones y rechazos a la reglamentación de la ley de consulta previa sobre proyectos que afecten sus territorios. Es el fruto de los talleres que se realizan en el interior del país, en preparación del encuentro nacional que comenzará el lunes 13.
Pizango, quien adquirió mayor notoriedad por sus aspiraciones presidenciales en las elecciones de 2011, se reunió el jueves 2 y el viernes 3 en Lima con una veintena de dirigentes indígenas de la Amazonia para fijar una posición única en las observaciones que se plantearán al gobierno de Ollanta Humala en el encuentro nacional que se desarrollará del lunes 13 al miércoles 15 de este mes.
Aidesep y otras cuatro agrupaciones que participan en la comisión multisectorial, creada para elaborar con varios ministerios el proyecto de reglamento de la ley, cuestionaron el planteo de que la consulta popular ante cualquier iniciativa de explotación que se presente no se haga antes de que el Estado otorgue una concesión sino solo cuando avanzan los estudios de impacto ambiental.
"El Estado ha incumplido por años lo que exige el Convenio 169 y ahora quiere seguir haciéndolo con un reglamento que tiene vacíos", señaló Pizango a IPS, en referencia al tratado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por este país en 1994.
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El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado en 1989 y que entró en vigor en 1991, establece un sistema de protección especial para las etnias autóctonas y mecanismos de consulta sobre leyes, proyectos productivos y políticas que las afecten en su desarrollo y su hábitat.
Perú nunca estableció los mecanismos para cumplir con este derecho. Solo en agosto de 2011 se aprobó finalmente la Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios.
Este paso se dio, según observadores, como consecuencia de los cruentos enfrentamientos entre indígenas que reclamaban su derecho a consulta y la policía en la selvática localidad norteña de Bagua, que costaron el 5 de junio de 2009 la vida a más de 30 personas de ambas partes.
Los dirigentes indígenas también señalan que el Estado debe considerar imprescindible el consentimiento o aceptación expresa de los pueblos indígenas antes de que se desarrollen acciones en sus territorios que puedan derivar en la vulneración de sus derechos fundamentales.
Además demandan que el Estado no exonere la consulta en el caso de que las comunidades ya hayan iniciado negociaciones con la empresa titular de la concesión. Para los dirigentes aborígenes, la consulta garantizaría un proceso más transparente.
Por otra parte, algunos líderes también aseguraron que "hay organizaciones indígenas de base" que no son convocadas a los talleres para debatir sobre el reglamento y que, por ello, estos deberían realizarse en más lugares.
Hasta el momento se han desarrollado foros en Bagua, en las norteñas ciudades de Chiclayo e Iquitos y en las centrales Cusco y Pucallpa. Este lunes 6 concluyó el sexto taller en Huancayo, en la región centroandina de Junín, para luego cerrar con Lima.
En respuesta, el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, dijo a IPS que son las mismas organizaciones indígenas que participan en la comisión multisectorial las que han definido en qué ciudad se deben desarrollar los talleres, además son las que convocan a los asistentes y definen la metodología de las reuniones.
"Todo ha sido acordado con ellos. Es un sistema inédito porque antes era el Estado el que establecía cómo debían hacerse las cosas", defendió.
También precisó que, luego del encuentro en Lima, la comisión multisectorial dialogará con los dirigentes sobre posibles mejoras al reglamento. Se prevé que para fines de este mes el documento ya esté aprobado y también operativo el software con la base de datos de los pueblos indígenas que servirá como punto de partida para identificar cuáles deben ser consultados.
Lanegra confirmó a IPS que ya "está lista la información (en la base de datos) de las comunidades y su ubicación en el territorio".
"La base de datos va a tener un diseño abierto y se perfeccionará en interacción con los indígenas", indicó el funcionario, luego de indicar que se está habilitando el software para que cualquier ciudadano pueda acceder al sitio.
Más de seis millones de los 30 millones de peruanos se reconocen indígenas, distribuidos en 51 grupos étnicos, según datos de 2007 del Instituto Nacional de Estadísticas. Además, existen 1.786 comunidades nativas registradas y más de 6.000 campesinas.
La Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami) y otras plantean que también sean consultadas las rondas campesinas y las comunidades que viven cerca de las cuencas hídricas, porque dependen del agua que suele ser afectada por las actividades extractivas.
"Debe ser una obligación del gobierno consultarles", dijo a IPS el presidente de Conacami, Magdiel Carrión. Pero Lanegra alegó que ese derecho solo aplica para los pueblos indígenas según el Convenio 169, aunque sí se respeten otros derechos como el de la participación.
La expectativa de las rondas campesinas sigue creciendo. Sus dirigentes en la región sureña de Puno, quienes se oponen a la construcción de la hidroeléctrica Inambari, exigen ser considerados.
El legislador oficialista Sergio Tejada pidió claridad en las demandas pues consideró que lo avanzado en la reglamentación ha sido importante. "No debe confundirse la consulta previa con otros mecanismos de participación que ya existen para pobladores que no son indígenas".
A su turno, el parlamentario del pueblo awajún Eduardo Nayap dijo a IPS que lo importante es que el diálogo no se entrampe y que las críticas se concentren en mejorar el reglamento, antes que plantear cambios a la ley.
"Si se ha luchado tanto por esto, lo que hay que hacer es avanzar. Ya hemos dado un buen paso", puntualizó.
