El gobierno de Honduras espera llegar a «arreglos amistosos» de indemnización, que eviten demandas internacionales, con los familiares de los presos muertos en el incendio del penal de Comayagua. Mientras, un equipo técnico estadounidense confirma que el siniestro fue accidental, pero «pudo evitarse».
"Preparamos la visita al país" de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para "abordar estos aspectos, pues somos conscientes que el Estado hondureño está expuesto a demandas y queremos acordar amistosamente", dijo a IPS la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda.
Las autoridades informaron que en el incendio del miércoles 15 en la granja cárcel de la central región de Comayagua murieron 360 de los 852 reclusos allí alojados, lo que constituye la mayor tragedia de la historia del sistema penitenciario de Honduras.
El incendio no fue premeditado, pero no se hubiera desatado si se corregían a tiempo "las prácticas inadecuadas de seguridad", como superpoblación, presencia de materiales inflamables, falta de personal de servicio y de un plan de evacuación viable para los reclusos, señala el informe de un equipo de la estadounidense Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).
Los técnicos de la ATF, que comenzaron a investigar dos días después del siniestro a pedido del gobierno del derechista Porfirio Lobo, concluyeron que la causa del fuego obedeció a una "llama abierta", que pudo originarse en un cigarro, encendedor, fósforo u otra causa. Pero aclaran "que la fuente de la ignición no fue recuperada".
[related_articles]
"Se cree que el fuego comenzó en la zona superior de dos literas en la cuarta columna a lo largo del área occidental del módulo número 6 de la prisión, lo cual encendió los materiales inflamables cercanos", indica el estudio divulgado el martes 21 por la embajada de Estados Unidos en Honduras.
También se pudo "descartar otras causas posibles del fuego, tales como un rayo, causas eléctricas o el uso de líquido inflamable o combustible", afirmó el grupo de la ATF, que cuenta con equipamiento de última generación y perros entrenados.
El fiscal general del Estado, Luis Rubí, indicó que este informe de la ATF será completado con una investigación por la presunta negligencia de la autoridad carcelaria, para lo cual "nuestro personal ha entrevistado a más de 80 personas y sobrevivientes para determinar este aspecto y deducir las responsabilidades del caso".
Pero el informe de la ATF fue recibido con recelo por familiares de las víctimas, quienes el lunes 21 por la tarde se manifestaron desesperadas ante la tardanza en la entrega de los cuerpos. La razón de esa demora fue que algunos cadáveres quedaron gelatinosos, y es imposible detectar sus huellas dactilares, indicaron los fiscales.
La versión divulgada por varios medios de comunicación de que los cuerpos iban a ser enterrados en una fosa común llevó a los familiares a romper el cerco que conduce a la morgue capitalina, desafiar la guardia policial y abrir las bolsas en las que están los cadáveres, en una escena que conmovió a la población.
"El informe (de ATF) es un primer avance faltan otras cosas y por eso no puedo darlo por cierto en un 100 por ciento. Hemos creado un comité de víctimas y hasta que no sepamos toda la verdad, no vamos a avalar nada todavía", sostuvo Gloria Redondo, esposa de uno de los muertos en el incendio.
"Nosotros queremos un informe completo, porque en ese incendio no se perdieron ropa ni calzados, sino seres humanos como nuestros esposos, hermanos y amigos. Eso no puede quedar impune", dijo a IPS esta mujer de 35 años, sin poder detener sus lágrimas.
El esposo de Redondo era el expandillero Marcio Arturo Sánchez, quien seguía en la cárcel por culpa de la burocracia judicial puesto que en septiembre de 2011 había cumplido su condena. Tenía 32 años y había escrito varios ensayos describiendo la vida en las pandillas o "maras", como la Salvatrucha, a la que había ingresado cuando tenía 10 años.
El presidente Lobo visitó el martes 21 el albergue provisional instalado para las familias de las víctimas, donde se destaca un muro lleno de mensajes de consuelo y dolor escrito por los familiares. En esa instancia dijo que quería llegar a un acuerdo conciliatorio para evitar demandas internacionales, "donde el camino es más largo y tortuoso".
El Estado hondureño no rehúsa la culpa, por eso "les ofrezco una indemnización mediante la vía de un arreglo amistoso, estoy haciendo las consultas respectivas", añadió.
El sistema carcelario hondureño se compone en la actualidad de 24 establecimientos con capacidad para albergar a 8.250 presos, pero informes del comisionado de Derechos Humanos del año pasado indicaban que había casi 13.000.
Ante ese hacinamiento y las deficiencias anotadas por los técnicos no sorprende la recurrencia de tragedias o masacres, como la perpetrada en 2003 en la cárcel del municipio El Porvenir, en la norteña ciudad portuaria de La Ceiba, donde murieron 69 personas, sin que aún se establecieran responsabilidades últimas, más allá de nueve sentenciados en 2008.
Otra tragedia que aún no tuvo resolución judicial fue la ocurrida en 2004 en la prisión de la norteña ciudad de San Pedro Sula, donde un incendio similar al de Comayagua, le costó la vida a 107 reclusos.
La próxima semana se concretará una audiencia de conciliación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sede de Costa Rica, por las muertes de San Pedro Sula.
"Vamos en busca de arreglos viables, sin evadir responsabilidades, y en el caso de Comayagua, seremos transparentes, nada será oculto", aseguró, ante la consulta de IPS, el canciller de Honduras, Arturo Corrales.
