En caso de que sea condenado por el Tribunal Supremo de Justicia de España en la llamada causa de la Memoria Histórica, el juez Baltasar Garzón apelará ante la Corte Europea de Derechos Humanos, donde todo indica que su reclamo puede ser atendido positivamente.
Familiares del franquismo defendieron, en las audiencias del lunes 6 y este martes 7 ante el Tribunal Supremo (TS), su derecho a saber el destino de los suyos, apoyando que se investigue lo ocurrido.
Entre otros, declaró la presidenta de la Asociación de Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra, Olga Alcega, Antonio Solsona Nebot, del Grupo de Recuperación de la Memoria de Castellón, Emilio Silva, de la Asociación Recuperación de la Memoria de León, Bierzo, Burgos y Zamora, y Antonio Ontañón, de Héroes República y Libertad.
Garzón es acusado de prevaricación, que es dictar a sabiendas una resolución injusta, por abrir una causa de competencia sobre las desapariciones forzosas de 114.266 personas perpetradas desde julio de 1936, cuando un golpe militar da inicio a la Guerra Civil de tres años, y en buena parte de la posterior dictadura de Francisco Franco, que finalizó con su muerte en 1975.
Se le imputa a este juez, conocido internacionalmente por haber enjuiciado al hoy fallecido dictador chileno Augusto Pinochet, no atenerse a la Ley de Amnistía de 1977, pese a que por su función tenía que conocerla y acatarla.
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Los querellantes en la causa de la Memoria Histórica son el sindicato de funcionarios Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, ambas ultraderechistas, que piden 20 años de inhabilitación para Garzón.
En entrevista con IPS, el jurista Andrés López Rodríguez, especializado en derechos humanos, dijo que está en contra de que se juzgue a Garzón "porque no existe ninguno de los delitos que se le imputan".
Un juez tiene la potestad de hacer lo que disponga la legislación, y la vigente en España establece que los delitos contra los derechos humanos cometidos en ese periodo, que son los motivos de esta causa, no han prescripto y no se les puede aplicar la Ley de Amnistía, explicó.
Por eso López Rodríguez es optimista y cree que la sentencia, si finalmente recae sobre Garzón, será anulada por la Corte Europea de Derechos Humanos.
Por el contrario, el veterano jurista y presidente emérito de la Sociedad de Estudios Internacionales, Fernando de Salas, aseguró a IPS que Garzón "se saltó sus atribuciones, ocupándose de un tema en el que no puede ni debe actuar". "Hizo con eso un daño a la judicatura española y universal", sentenció.
Garzón, suspendido en sus funciones, negó rotundamente todos los cargos que pesan sobre él al declarar el 31 de enero ante el TS y se declaró competente para investigar los crímenes de la dictadura.
También consideró legítimo haber autorizado exhumaciones en paralelo a la petición de certificaciones de la defunción de 35 personas responsables de los crímenes perpetrados por militares del régimen franquista, aunque después declaró extinguida la responsabilidad de varias de ellas.
El magistrado afirmó ante el TS que no vulneró la Ley de Amnistía, pues la misma "se refiere a hechos políticos y en ningún caso se puede afirmar que los crímenes contra la humanidad puedan ser calificados como de naturaleza política".
A pesar de la defensa, el jurado resolvió seguir adelante con el juicio, por cuatro votos favorables y tres en contra.
Lluvia de respaldo
Personalidades del mundo de las letras y artistas llenaron el lunes 6 el madrileño teatro de Bellas Artes para apoyar a las víctimas del franquismo y a Garzón. Entre otros, actuaron los cantautores Ismael Serrano, Luis Pastor, Lucía Sócam y Pedro Guerra, mientras que de los discursos se encargaron los actores Alberto San Juan, Pilar Bardem y Juan Diego Botto.
Hilda Farfante, hija de maestros republicanos fusilados por el franquismo, fue la voz de las víctimas en este acto, acompañada por voluntarios de asociaciones que trabajan en las exhumaciones de las fosas comunes, lo cual pueden hacer legalmente por decisiones de Garzón, ante quien presentaron la denuncia correspondiente.
También llegan respaldos desde Alemania, donde la sección local de la Asociación Internacional de Juristas contra las Armas Nucleares manifestó que "sería una vergüenza para España y para toda Europa que Garzón tuviera que pagar en su propio país, con el fin de su ejercicio profesional y el deterioro de su buen nombre, las investigaciones contra el dictador (Franco) y sus esbirros".
En una carta abierta emitida el lunes, los juristas afirman que el proceso pone a prueba la independencia judicial y se preguntan si "tomarán los jueces del Tribunal Supremo una decisión independiente de las fuerzas todavía importantes del viejo régimen y defenderán la independencia judicial del juez Garzón".
Gonzalo Martínez Fresneda, abogado defensor de Garzón, entregó este martes 7 al TS las sentencias de varios tribunales basadas en procesos similares al realizado por el acusado. Entre otras, aportó fallos de las cortes Europea de Derechos Humanos e Interamericana de Derechos Humanos, de tribunales internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de países como Argentina, Chile y Perú.
José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del TS, sostuvo que los españoles no pueden transmitir a las generaciones futuras "esa perenne dolencia de no querer saber y averiguar la verdad".
Por ello cree que hay que seguir ejemplos en juzgamientos de violaciones a derechos humanos como en Alemania, Argentina, Chile, Italia, Sudáfrica, Croacia, Ruanda y Sierra Leona y, por lo tanto, asumir como correcta el accionar de Garzón. La justicia en esos países, en respuesta a demandas locales e internacionales, aceptó juzgar delitos similares a los perpetrados en España.
Martín Pallín subrayó que esos crímenes, calificados como "de lesa humanidad" no prescriben, como lo establece la ONU. Añadió que la Ley de Amnistía aprobada en España en 1977 solo apunta a los delitos políticos y "de ninguna manera a los de terrorismo", sean perpetrados por organismos del Estado u organizaciones o personas civiles.
Pero la causa de la Memoria Histórica no es el único problema judicial que afronta Garzón. En 2006 se le abrió un juicio bajo la acusación de haber llevado dinero en mano donado por un banco español a la Universidad de Nueva York, en la que dictó un curso y en la que cobró honorarios por ello.
En tanto, en febrero de 2009 fue involucrado en la causa por las escuchas de las conversaciones entre abogados defensores y detenidos por el caso Gürtel, una de las mayores tramas de corrupción de la democracia española, vinculada al centroderechista Partido Popular, hoy otra vez en el gobierno.
