Los pasos del gobierno de Birmania para resolver los conflictos étnicos de ese país, en especial con el pueblo karen de la montañosa región oriental, tomaron por sorpresa a la mayoría de los analistas.
Cuando el gobierno y la separatista Unión Nacional Karen celebraron el 12 de enero conversaciones para un cese del fuego, destinadas a terminar una insurgencia de 62 años, había escepticismo acerca de la voluntad de los poderosos militares birmanos de acceder a condiciones impuestas por los rebeldes.
La lucha de la Unión Nacional Karen constituye el conflicto étnico más viejo del mundo.
El régimen aceptó los 11 puntos planteados por los karen, y la primera ronda de diálogos fue un éxito. Pero el acuerdo para el cese del fuego todavía no se ha alcanzado, y la tregua actual es tentativa y depende de futuras negociaciones en el ámbito nacional.
La Unión Nacional Karen expuso como demandas centrales "la construcción de confianza mediante el diálogo, la discusión y el retiro o reducción de las tropas gubernamentales", así como "la colaboración con otras fuerzas étnicas nacionales en un escenario de negociación política".
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"Todavía no hay garantías, pero el hecho de que (el gobierno) enfrente los problemas es en sí mismo una asombrosa y positiva sorpresa", comentó el investigador y consultor en conflictos y desplazamiento, Kim Jolliffe, asentado en la frontera entre Birmania y Tailandia.
Jolliffe dijo que la situación se mantiene relativamente estable y que las partes sostienen la voluntad de alcanzar las condiciones establecidas en enero entre la Unión Nacional Karen y el gobierno reformista del presidente Thein Sein.
Los karen "saludaron la aceptación gubernamental de su propuesta y afirman que continuarán 'conversaciones concretas' para 'materializar los términos y condiciones en el terreno', antes de que las dos partes lleguen a un acuerdo final", agregó.
El ala militar de la insurgencia, el Ejército de la Unión Nacional Karen, ha combatido por la independencia o una mayor autonomía a sucesivos gobiernos desde 1949, un año después de que este país se independizara del régimen colonial británico.
Los militares birmanos, que controlan este país desde el golpe de Estado de 1962, respondieron con medidas como violaciones sexuales masivas, desalojos y desplazamiento, trabajo esclavo, torturas y asesinatos.
La represión de las protestas estudiantiles de 1988 y la negativa a respetar los resultados de los comicios celebrados en 1990, abrumadoramente favorables a la opositora Liga Nacional por la Democracia, dieron pie a dos décadas de sanciones decretadas por la Unión Europea y Estados Unidos.
Ahora, los karen y el gobierno reconocen que se requiere un proceso largo y complejo para lograr una paz duradera en una región afectada por tantos decenios de conflicto.
En una conferencia de prensa celebrada en Rangún, la excapital, el ministro de Industria y jefe del comité negociador del gobierno, Aung Thung, estimó que "llevará hasta tres años lograr acuerdos de paz con todos los grupos étnicos armados".
Hay al menos cinco grupos armados de otras tantas minorías. Birmania tiene unas 130 comunidades étnicas que constituyen alrededor de 40 por ciento de los 56 millones de habitantes del país.
Es posible lograr un acuerdo con el Ejército del Estado de Shan-Norte, que busca establecer un estado autónomo en el noreste.
Pero no se han logrado avances en otra zona étnica importante, el norteño estado de Kachin, que tiene una extensa frontera con China.
Las conversaciones con el Ejército de la Organización por la Independencia Kachin se paralizaron por los continuos combates, pese a que el presidente Thein Sein ordenó el mes pasado detener las operaciones militares en esa zona.
Según la organización Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, más de 50.000 civiles fueron desplazados en Kachin desde que estalló la violencia en junio de 2011, tras un cese del fuego de 17 años entre los rebeldes y los militares.
A pesar de la fragilidad de la situación, hay quienes consideran que los esfuerzos de paz están cambiando las perspectivas.
"No solo por la política del nuevo gobierno, sino por las condiciones que están prevaleciendo, como el progreso político, la liberación de presos y la mejora de las relaciones internacionales. Pero, sobre todo, porque se está abriendo el espectro político", dijo el director del Instituto de Desarrollo Vahu, Aung Naing Oo, con sede en esta ciudad tailandesa de Chiang Mai.
Aung Naing Oo lideró el fallido alzamiento estudiantil de 1988, que dejó 3.000 muertos.
Un efecto positivo de las conversaciones de paz es que, al contrario de años anteriores, en el estado Karen no se registran las campañas de desplazamiento e incendio de aldeas que solían llevar a cabo los militares durante el invierno.
Pero la fragilidad reina, y los desacuerdos entre los karen y el gobierno podrían emerger en materia de planes de desarrollo económico, en especial sobre la explotación de recursos naturales que atrae inversiones extranjeras.
Jolliffe sostiene que la dirigencia karen intentará "convertirse en actor económico clave para mantenerse a flote en un nuevo escenario político y sostener demandas en nombre del pueblo que aspira a representar".
"Lo que se necesita es una nueva hoja de ruta para la reconciliación con las etnias armadas, porque debemos establecer un proceso de paz adecuado y amplio", opinó Aung Naing Oo.
De acuerdo con HRW, los abusos de derechos humanos continuaron en 2011. "Los militares birmanos siguen violando el derecho internacional humanitario con la aplicación de asesinatos extrajudiciales, violencia sexual, golpizas, trabajo forzado, minas antipersonal y el saqueo de la propiedad, en especial en los estados Kachin, Shan y Karen", señala un comunicado fechado en enero.
Khin Ohmar, de la no gubernamental Asociación Birmania, con sede en Tailandia, estima que la comunidad internacional debe sostener la presión sobre el régimen "para que cese los ataques a las etnias" y establecer que esa es una condición "necesaria mientras se considera el levantamiento de las sanciones".
Al diálogo entre los karen y los militares le siguió la liberación de unos 300 presos políticos, el 13 de enero, entre ellos muchos prominentes disidentes y dirigentes políticos. Pero Ohmar no cree que los liberados puedan ejercer sus derechos electorales en las próximas elecciones.
"Las leyes que prohíben la libre expresión siguen vigentes y hablar contra el régimen puede conducirte nuevamente a la cárcel", dijo.
El excapitán del ejército Nay Myo Zin, arrestado en virtud de una ley que prohíbe a los birmanos usar Internet para transmitir al exterior información contraria al gobierno, fue detenido nuevamente dos semanas después de la amnistía decretada en enero.
* Primera de una serie de dos notas sobre la transición democrática de Birmania.
