La nueva Ley Agrícola de la República Democrática del Congo (RDC), promulgada en diciembre, podría llevar a la ruina a pequeños productores, alertaron organizaciones del sector.
"Varios artículos de esta ley crean inseguridad de tenencia para estos campesinos, porque elimina la posibilidad de que se vuelvan propietarios de la tierra que han cultivado por muchos años", señaló Mivimba, quien también es jefe de la unidad de cabildeo de la FOPAC.
Mamie Makuze es abogada y propietaria de una tierra de cinco hectáreas en Batéké Plateau, cerca de Kinshasa.
"El artículo 35 de la ley debilita a los pequeños agricultores y a las familias productoras que no tienen mucho dinero. Establece que el gobierno hará concesiones agrícolas (solo) de acuerdo con la capacidad financiera de los solicitantes, que también deben ser capaces de llevar el costo de trabajar la tierra", dijo a IPS.
A esto se suma el artículo 41, según el cual, si el ocupante no comienza a desarrollar la tierra antes de los 18 meses de haber firmado un precontrato, el gobierno tiene derecho a reclamarla y asignarla a otra persona, indicó.
"El temor es que los pequeños productores, que frecuentemente carecen de recursos, pierdan la tierra que han adquirido, en muchos casos, por herencia de generación en generación sin documentos oficiales", agregó.
Jeanne Botuli, hortelana de Kisantu, aldea en la provincia occidental de Bas-Congo, también está preocupada por la nueva legislación.
"Durante 10 años, nuestro grupo de mujeres ha cultivado hortalizas como amaranto, zanahoria y cebolla en pequeñas parcelas de apenas unos pocos metros cuadrados. Aun sin tener derecho formal a la tierra, nuestra presencia ha sido largamente reconocida por las autoridades provinciales, que ya no tienen derecho a venir y llevarse nuestros campos", afirmó.
Según Jean-Baptiste Lubamba, del Centro Nacional para el Desarrollo de la Participación Popular, organización no gubernamental con sede en Kinshasa, alrededor de 80 por ciento de los congoleños dependen de la agricultura para subsistir.
Repitiendo el pasado
"Esta ley no ofrece seguridad a los granjeros pobres, y por tanto su tierra podría ser incautada para beneficiar a productores más acomodados o a empresas de los agronegocios", dijo a IPS el responsable de comunicaciones de la Confederación de Pequeños Agricultores, Roger Pholo.
"La mayoría de esos agricultores no han ido a la escuela y no están bien informados sobre esta ley", añadió.
La norma "permite al Estado confiscar la tierra de agricultores pobres", dijo Alphonse Nkuli, de la Federación Congoleña de Negocios.
"Es una forma de zairenización que el país ya ha experimentado y rechazado, cuando la tierra era expropiada a extranjeros colonialistas y entregada a los congoleños, entre ellos algunos que no tenían la capacidad para darle un uso productivo", agregó.
Nkuli aludía a las políticas de nacionalismo económico adoptadas por Mobutu Sese Seko (1965-1997), durante cuya dictadura la RDC llevó el nombre oficial de República de Zaire.
Nkuli cree que medidas similares solo provocarían una caída de la producción agrícola e incrementarían la pobreza.
Sese Seko inició en 1973 su campaña de nacionalización de determinadas propiedades que estaban en manos de colonos blancos, incluyendo porciones de tierras que, dijo Nkuli, eran redistribuidas a personas vinculadas al régimen con poca experiencia en agricultura.
Desde entonces, la mayor parte de estas tierras fueron vendidas a terceros. Incluso, en Kivu del Sur, en el este de la RDC, hubo casos de otros extranjeros que compraron los mismos dominios que antes habían sido nacionalizados.
Fortaleciendo el control local
El ministro de Agricultura, Norbert Basengezi Kantintima, reconoció que había mucha ansiedad pública, pero insistió en que no se regresaría a las políticas del régimen de Sese Seko.
"El pequeño productor está bien protegido por la ley, gracias a la cual se establecieron concejos agrícolas en cada provincia para supervisar el desarrollo", dijo a IPS. "Y los pequeños productores son parte de esos concejos".
"La presencia de representantes de asociaciones de productores y sindicatos de campesinos en el corazón mismo de los concejos agrícolas, presentes en cada sector y al nivel más local posible, es algo que le da participación a los agricultores y garantiza que el gobierno no tome acciones que los desfavorezcan", agregó.
Pero Mivimba señaló que esos concejos no funcionaban efectivamente, sino que dependían del gobierno y este no les brindaba el financiamiento adecuado.
"Lo que se necesita son comités que administren la tierra, especialmente en las áreas rurales donde la mayoría de los agricultores no son conscientes de sus derechos y no han ido a la escuela. Esos comités deben fortalecer la defensa de los pequeños productores", agregó.
"Nosotros planeamos presionar a los miembros del nuevo parlamento (que tomaron juramento el 16 de este mes) para modificar la ley que será puesta en la agenda de la próxima sesión legislativa", indicó.
