El sistema político de Chile «está agotado» y requiere reformas urgentes que representen a los ciudadanos, profundicen la democracia y otorguen mayor gobernabilidad al país, afirmaron expertos consultados por IPS.
El modelo actual fue diseñado en 1980 por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Es una de las denominadas "leyes de amarre" del régimen que forman parte de la Constitución promulgada ese mismo año y que, salvo algunas modificaciones, se mantiene vigente en este país sudamericano.
Uno de los puntos más polémicos es el sistema electoral binominal, que privilegia la existencia y dominio de dos grandes conglomerados: La centroizquierdista Concertación de Partidos Por la Democracia, que gobernó entre 1990 y 2010, y la derechista Coalición por el Cambio, en el poder.
Además, potencia un virtual empate entre ellas, que ha impedido profundizar los cambios e institucionalizar mecanismos como el de las primarias para la elección de candidatos.
"Cuando se produjo el retorno a la democracia, 90 por ciento de la gente estaba inscrita y votó 85 por ciento", recordó a IPS la socióloga Marta Lagos.
"Hoy votan menos de 70 por ciento de los habilitados y hay un tercio del país que no está inscrito", completó.
"El sistema político le quita soberanía a los electores", sentenció.
Añadió que en los 20 primeros años de democracia, Chile dedicó sus esfuerzos al perfeccionamiento de la economía, no del sistema político, por lo que hay un rezago importante en el fortalecimiento del sistema institucional.
El analista político Guillermo Holzmann, coincidió en el análisis y aseguró que las restricciones del sistema electoral constituyen un elemento que es percibido como obstáculo para una mayor representación, tanto para los partidos políticos como para la ciudadanía.
"Lo que hoy día existe es un desencanto con el sistema político en general y con la democracia específicamente, y eso tiene que ver con los mecanismos de participación", planteó.
"Si la ciudadanía no tiene los mecanismos adecuados para poder hacerse escuchar o incluso influir en las decisiones del Ejecutivo, difícilmente se va a lograr una mayor democracia en términos de calidad", dijo Holzmann.
A su juicio, el debate de fondo es la calidad de la democracia, "que pasa por hacer una reforma más integral no solamente al sistema electoral, sino también estableciendo mecanismos para que sectores independientes tengan la oportunidad de poder hacerse presentes".
Ambos expertos coincidieron en que la reforma se hace más necesaria en la actualidad, tras un año como 2011 marcado por las movilizaciones sociales más importantes desde el retorno a la democracia.
Existe, plantearon, un clima de agitación social que puso en jaque al gobierno del derechista Sebastián Piñera, que ha alcanzado los niveles de desaprobación más altos para un mandatario desde la restauración democrática.
"Las movilizaciones sociales son consecuencia de la crisis de representación que se produce como resultado de este sistema. Si uno le pregunta a la gente si sus ideas políticas están representadas, 60 por ciento de los chilenos dice que no", afirmó Lagos.
Precisó que cuando un sistema político no permite rescatar la pluralidad y la competencia de ideas, "efectivamente termina en la ingobernabilidad".
"La gente finalmente acaba haciendo las denuncias en la calle, y mientras más calle haya, menos representatividad tiene el sistema político", sentenció.
Otro factor que hace clave una reforma al sistema electoral es la nueva ley que establece la inscripción automática y el voto voluntario, que elimina la obligatoriedad del sufragio y el trámite de tener que inscribirse como elector desde los 18 años.
La reforma incorporará 4,5 millones de votantes al padrón electoral, 80 por ciento menores de 35 años.
Piñera detalló durante su promulgación, el lunes 23, que la reforma eleva el número de votantes potenciales en 55 por ciento y en el caso de electores menores de 29 años en 332 por ciento, un gran rejuvenecimiento de los votantes potenciales.
El primer impacto de este cambio legal se percibirá en las elecciones municipales de octubre, ya que el padrón electoral pasará de ocho millones a 12,5 millones. La población del país es de 17,5 millones de personas.
También podría sumarse la propuesta de cambios estructurales al sistema binominal impulsada por el partido gobernante Renovación Nacional y la opositora Democracia Cristiana, en la primera iniciativa de reforma promovida conjuntamente por las dos coaliciones que dominan la política local.
El sistema binominal se basa en que cada partido o coalición o grupo independiente presenta dos candidatos para cada distrito o circunscripción electoral y se suman los votos de cada agrupación para determinar los dos elegidos, algo que impulsa el bipartidismo e impide el surgimiento de fuerzas independientes a las coaliciones.
Pese a esto, los expertos aseguran que una reforma estructural al sistema electoral podría tardar años y, por lo tanto, será tema de las futuras elecciones legislativas y presidenciales, que tendrán lugar en 2013, y en los sucesivos cuatrienios.
Holzmann dudó que esa reforma estructural pueda aprobarse con tiempo para que ya rija los comicios de 2013.
"Es muy poco viable porque es muy difícil que en un Congreso (legislativo), independientemente de cómo estén los partidos políticos ahí representados, tienda a hacerse una suerte de suicidio político prematuro aprobando una reforma que los va a afectar directamente en la próxima elección", argumentó.
Con todo, es difícil saber hacia dónde caminará un nuevo sistema electoral en Chile, pues, a juicio de Lagos, "no existe uno óptimo".
"Si vemos la historia de los sistemas electorales nos damos cuenta de que la heterogeneidad es infinita y, por lo tanto, tampoco existe un modelo ideal. Cada pueblo encuentra su propio sistema electoral, las opciones son demasiado amplias, hay muchas combinaciones", afirmó la socióloga.
Añadió que el cambio del sistema de partidos es "bastante complejo" y citó como ejemplo la reforma en México.
"Uno mira el resto de la región y ve que la mayor debilidad de la democracia en América Latina ha sido la institucionalización de los nuevos sistemas de partidos. Chile ya lo tenía institucionalizado y esa fue una de las grandes fortalezas que le permitió el desarrollo económico, pero ese sistema ya está agotado", afirmó.
El propio Piñera reconoció al promulgar la nueva ley que hay señales de "fatiga" en la democracia chilena y de "pérdida o debilitamiento del prestigio de las principales instituciones democráticas".
El gobierno pretende también aprobar una ley que obligue a la realización de primarias para elegir los candidatos, desbloquear otra norma para permitir empadronarse a los chilenos residentes en el exterior, y establecer mesas de sufragio mixtas, en lugar de las separadas para hombres y mujeres actuales.
Pero estas iniciativas han encontrado su rechazo más frontal dentro de la coalición gobernante, sobre todo en su segunda fuerza: la Unión Democrática Independiente, de derecha extrema y heredera de Pinochet, muerto en 2006, que adversa toda erosión al sistema binominal instituido en la dictadura.
"Chile debe encontrar un nuevo sistema que le permita competir en el mundo globalizado, porque la institucionalidad alcanzada durante estos años, hoy día está puesta en jaque por la ciudadanía", planteó Holzmann frente a este panorama.
