El gobierno de República Checa rechazó los llamados de grupos defensores de los derechos humanos para que detuviera la práctica «degradante» de castrar quirúrgicamente a atacantes sexuales.
Al anunciar el borrador de una nueva legislación de salud a comienzos de este mes, el primer ministro checo Petr Necas confirmó que mantendría la polémica práctica, a la que defendió señalando que era un eficiente método para impedir la reincidencia de los infractores.
Grupos de la sociedad civil cuestionaron al primer ministro, y la comisionada checa para los derechos humanos, Monika Simunkova, señaló que la práctica era un retroceso que dejaba atrasado a este país respecto del resto de Europa.
"Es un paso atrás, como aplicar la ley de ojo por ojo, diente por diente", dijo a la prensa local.
La República Checa es uno de los pocos países europeos que mantienen la castración quirúrgica como castigo a los atacantes sexuales.
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La operación consiste en la extracción de la médula hormonal testicular para reducir el flujo de testosterona y así disminuir el instinto sexual del atacante, con el objetivo de evitar que reincida.
La práctica está prohibida en todos los países europeos excepto Alemania, donde solo es realizada en casos muy particulares y bajo estricto control.
Según datos oficiales, 85 hombres han sido sometidos a castraciones quirúrgicas en la República Checa entre 2000 y 2011.
La decisión de Praga desató fuertes protestas de grupos de derechos humanos, y particularmente del Consejo de Europa, organización intergubernamental que promueve la cooperación regional.
Si bien la ley checa exige el consentimiento escrito del infractor, confirmando que se somete voluntariamente al procedimiento, algunos prisioneros han dado su anuencia sin ser plenamente conscientes de lo que estaban aceptando y con el único objetivo de eludir sentencias más largas.
En sus informes de 2009 y 2010, el Consejo de Europa señaló que la castración era "degradante" e "innecesaria desde el punto de vista médico", así como "invasiva, irreversible y mutilante". También sostuvo que la renuencia del gobierno checo a reemplazar la práctica "por otras formas de intervención era decepcionante y perturbadora".
El Consejo de Europa llamó a una moratoria de las castraciones como paso previo para su abolición.
No obstante, contactado por IPS, el portavoz del Comité del Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura, Patrick Muller, admitió que la organización no tenía medios para presionar a Praga.
Mientras, grupos de derechos humanos en la República Checa hacen su propia campaña.
La directora del Comité Checo Helsinki, Anna Sabatova, dijo que el gobierno debía aceptar la exhortación del Consejo de Europa y procurar otros métodos de tratamiento que eran igualmente efectivos, como medicamentos y psicoterapia.
Los activistas checos también cuestionan el carácter "voluntario" de las operaciones.
Señalan que los infractores detenidos en centros psiquiátricos aceptan la castración simplemente porque están desesperados por recuperar la libertad o al menos someterse a un tratamiento como pacientes externos. Con lo cual, están demasiado presionados como para tomar una decisión "voluntariamente".
"Nuestra preocupación es que es muy difícil asegurar que una persona dé realmente su consentimiento de manera voluntaria. Pueden aceptar ser castrados para poder salir (del centro psiquiátrico), y eso pone en duda que se trate de algo voluntario", dijo a IPS la abogada Zuzana Durajova, de la Liga Checa de Derechos Humanos.
El gobierno arguye que la práctica es una de las mejores formas de reducir la reincidencia de los agresores, y cuentan con el apoyo de sexólogos.
"Las probabilidades de que alguien reincida tras haber sido sometido a una castración quirúrgica es de alrededor de dos por ciento. La castración reduce los impulsos sexuales a un nivel en el que son capaces de controlarse", aseguró a la prensa local el prominente sexólogo checo Petr Weiss.
Añadió que los hombres sometidos a las operaciones eran "sádicos, agresores sexuales y pedófilos" que, luego de ser castrados, tenían una "vida normal solo con la restricción de que su sexualidad se veía reducida".
"Pero su sexualidad les ha generado más problemas que placer, y muchos han pasado toda su vida en prisión o bajo tratamiento psiquiátrico. No veo que reducir su sexualidad sea una gran desgracia", dijo Weiss.
Sin embargo, críticos señalan que no hay estudios científicos suficientes como para garantizar la efectividad de la castración quirúrgica.
Ales Butala, abogado de derechos humanos integrante de la delegación del Consejo de Europa que visitó República Checa, dijo que había encontrado evidencia de tres casos de infractores castrados que volvieron a cometer ataques sexuales, incluyendo delitos de pedofilia.
Expertos fuera de República Checa también cuestionan la efectividad de esa operación.
Médicos de Estados Unidos y Gran Bretaña, donde se administra a algunos infractores la castración química (inyección de antiandrógenos, que inhiben los efectos de las hormonas sexuales), sostienen que la cirugía no es una garantía de que el infractor no reincida, ya que su compulsión a cometer agresiones puede originarse en desórdenes mentales.
Además, arguyen que la castración quirúrgica puede causar otros problemas de salud, como osteoartritis, anemia y obesidad.
Por eso defienden métodos menos invasivos, como la castración química, acompañada de terapia psiquiátrica.
La decisión del gobierno checo de mantener la práctica fue anunciada apenas meses después de que se aprobaran leyes en Rumania y Rusia permitiendo la castración química de pedófilos. Una legislación similar fue adoptada en Polonia en 2009.
En todos los casos, las leyes fueron redactadas por políticos que pedían mano más dura contra los agresores sexuales.
El liberal parlamentario rumano Alin Popoviciu, que redactó la ley de su país, dijo a los medios que la norma tenía el objetivo de "detener a esos lunáticos" y exhortó a "olvidarse de la hipocresía de los derechos humanos".
