Honduras estrenará en febrero una nueva Ley Fundamental de la Educación, que sustituye a otra vigente por casi medio siglo y que pretende devolver la confianza en la enseñanza pública, mejorar su calidad y garantizar la gobernabilidad en su sistema.
Con ella se busca modificar una situación donde las huelgas y reclamos de los trabajadores del sector, la falta de infraestructura y otros problemas provocan el recurrente incumplimiento de los 200 días mínimos del curso escolar primario y secundario. Ahora el año lectivo legalmente no podrá terminar sin completar esos días.
La ley, de 91 artículos y promovida como "revolucionaria" por el gobierno y el parlamento, fue aprobada el 17 de este mes por 87 de los 128 diputados, con la oposición de los principales colegios profesionales de los docentes, que en este país cumplen también funciones sindicales y que en la recta final abandonaron la mesa negociadora que por dos años buscó el consenso.
La ley eleva de seis a nueve años la educación obligatoria o básica que debe otorgar el Estado en forma gratuita, establece el inglés como materia fundamental a lo largo de los currículos de primaria y secundaria, garantiza Internet en los centros públicos y norma que el acceso universal a la enseñanza es un mandato.
También fija el derecho que tienen los siete grupos indígenas del país a ser educados en su lengua materna, para así preservar la cultura de los sobrevivientes del milenario pueblo pech y de la comunidad garífuna.
Además el magisterio pasará a ser una carrera universitaria y los futuros maestros deberán tener ese grado. Esta reforma se completaría en 2018, cuando culminará el plazo para que las 13 escuelas magisteriales actuales modifiquen sus currículos.
Honduras es uno de los países latinoamericanos que sacan peores notas en materia educativa en los exámenes de los organismos internacionales y el analfabetismo afecta a más de 20 por ciento de sus 8,4 millones de habitantes, de los que 3,4 millones son menores de 18 años, según datos oficiales.
Juan Orlando Hernández, presidente del unicameral Congreso legislativo, dijo a IPS que "buscamos iniciar una revolución educativa que nos saque del atraso en que se ha mantenido la educación pública y esperamos, en el mediano plazo, devolver la confianza en ella".
Lamentó que los dirigentes de los principales gremios, que aglutinan entre 52.000 y 60.000 docentes, se apartasen del consenso al final. "Les dimos tiempo suficiente, nunca presentaron contrapropuestas y no podíamos seguir en el estira o encoge. Las decisiones había que tomarlas", acotó.
Pero los maestros piensan distinto. Sostienen que la nueva norma es "demagógica", no hay bases para que pueda aplicarse, busca privatizar la educación pública y crea un virtual bilingüismo para hay que capacitar previamente a los maestros y profesores. Por ello, anuncian movilizaciones cuando comience el año escolar, en la segunda semana de febrero.
El dirigente magisterial Edgardo Casaña comentó a IPS que "esa ley responde a las políticas neoliberales que buscan privatizar la educación pública, quieren engañar con el Internet en las escuelas y otras herramientas, que sí son buenas, pero que tienen el propósito político de desmovilizar al magisterio".
Julio Navarro, sociólogo y exdirigente magisterial, dijo a IPS que "he leído la ley, he participado en algunos encuentros de socialización y puedo asegurar que ahí no hay tal privatización, lo que sucede es que tenemos una clase magisterial desfasada en el avance educativo y muy ideologizada".
La nueva ley, sostuvo, fortalece el sistema de la educación pública, incluye la rendición de cuentas "al grado que se podrá saber con cuantos maestros realmente cuenta Honduras, un dato que en pleno siglo XXI sigue siendo inexacto".
"También, pretende mejorar la calidad educativa y que la sociedad vuelva a confiar en sus centros de enseñanza públicos", acotó.
El parlamento indicó que hay unos 840 millones de dólares para iniciar la ejecución de la ley.
En Honduras la educación primaria abarca seis años (de los siete a los 12) y la secundaria otras seis (de los 13 a los 18), que en este caso se dividen en dos ciclos de tres años, uno común y otro diversificado.
Ahora la primaria y el primer ciclo secundario serán obligatorios y el Estado deberá garantizar ese derecho. La población escolar pública es de 2,3 millones, según datos oficiales.
Un informe de la pública Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) da evidencias del deterioro de la calidad educativa.
Desde hace cinco años, la UNAH aplica una prueba de aptitud académica para el ingreso de estudiantes, aplicada según estándares internacionales.
El informe indica dificultades de los estudiantes que hacen la prueba en áreas como matemáticas y lenguaje.
En 2011 suspendieron la prueba 29.031 de los 43.926 aspirantes a ingresar. El promedio obtenido por los estudiantes aprobados procedentes de centros públicos, fue de 843 puntos, cerca del mínimo del puntaje de la prueba, que va de 800 a 1.100. Las carreras más demandadas o exigentes demandan los puntajes más altos.
Navarro sostiene que este deterioro obedece a problemas propios de los conflictos magisteriales relacionados en su mayoría en el paro por retrasos en la cancelación de salarios, reparos administrativos por cobrar salarios sin laborar, existencia de plazas fantasmas y politización, entre otros.
En 2011, en Honduras apenas se impartió un promedio de 140 días de clase, frente a los 200 mínimos establecidos y los maestros incumplieron su promesa de recuperar los días perdidos, sin que el gobierno les obligase a ello.
Rutilia Calderón, vicerrectora académica de la UNAH, sostiene que ese problema alimenta la insuficiencia con que los estudiantes llegan a la universidad. "Hay una especie de ingobernabilidad en educación que debe resolverse, si se desea aplicar esa nueva ley educativa", dijo a IPS.
Armando Euceda, exviceministro de Educación, considera que la nueva ley educativa tendrá éxito "si el Estado es capaz de aplicarla, controla el caos educativo existente y logra reducir la inequidad que existe entre lo urbano y lo rural".
De los 1.100 colegios públicos (centros secundarios), 800 están en las zonas urbanas, e igual sucede con las escuelas primarias. Junto con menos centros, en el área rural hay otro problema: "un maestro atiende seis grados y ello debe revertirse. Todo ello influye en la baja calidad", acotó.
Pero la reforma educativa hondureña no llega a tiempo para que Honduras cumpla el segundo objetivo de desarrollo del milenio, mediante el cual el país se comprometió, como los demás miembros de la Organización de las Naciones Unidas, a que la enseñanza primaria sea universal en 2015.
El informe de la UNAH indica que, "aunque la calidad de la educación ha sido puesta en agenda pública, los logros en este renglón no han sido verdaderamente significativos" hasta ahora, por lo que "no se espera lograr la meta de (la universalización) de enseñanza primaria".
Para enfrentar ese desafío, asegura, es imprescindible "mejorar la gobernabilidad en el sistema educativo". Este año comenzará a verse si la nueva ley contribuye a ello.
