La falta de recursos y de voluntad política congeló la instalación en El Salvador de los tribunales ambientales, creados por la ley aprobada en 1998, pese a los graves problemas que afronta el país en esa materia, advierten activistas.
La Corte Suprema de Justicia, que debe proveer de infraestructura, personal y financiamiento para estos tribunales especiales, y el Ministerio de Medio Ambiente han discutido el mecanismo para iniciar las nuevas instancias jurídicas durante estos 14 años sin lograr poner en marcha es herramienta considerada fundamental.
"Definitivamente tiene que ver con el presupuesto Las prioridades de la Corte van en otro sentido", dijo a IPS el abogado Salvador Nieto, asesor de la cartera. El monto del presupuesto requerido no ha sido divulgado.
Los Tribunales Ambientales se concibieron como la instancia donde se lleven a cabo los casos de contaminación y depredación ambiental, pero, mientras estos no entren en funcionamiento, los casos serán vistos por los juzgados comunes.
La Fiscalía General de la República (FGR) también cuenta con la Unidad de Medio Ambiente, a cargo de fiscales especializados, al igual que los agentes de la Policía Nacional Civil.
[related_articles]
Pero el derecho ambiental es complejo y requiere de tribunales especializados y jueces expertos en la materia para dedicarse única y exclusivamente a esa temática, explicó Nieto.
El Salvador es uno de los países de América donde la deforestación ha hecho más estragos, al punto de que hoy los bosques solo abarcan 2.665 kilómetros cuadrados, incluyendo manglares, un área equivalente a 12,6 por ciento del territorio nacional, según un estudio desarrollado en 2007 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la propia cartera.
La investigación "Situación de los recursos hídricos en Centroamérica: hacia una gestión integrada", publicada en abril del 2011 por la Asociación Mundial para el Agua (GWP, por sus siglas en inglés), indica que este país es el único del istmo que no tiene una adecuada disponibilidad de agua.
Tanto es así que, incluso, se advierte que se encuentra en el umbral de los 1.700 metros cúbicos por persona al año, que es la referencia del déficit hídrico.
Es que, según determinó el año pasado el Ministerio de Medio Ambiente, solo dos por ciento de los ríos tienen agua dulce apta para potabilizar, usar en riego o realizar actividades recreativas.
Los casos judiciales en materia ambiental han sido pocos en El Salvador, debido a décadas de indiferencia en las esferas del poder sobre la temática. Eso retrasaba las denuncias, que también eran pocas porque la población desconocía que dañar la naturaleza voluntariamente también era un delito.
Tampoco ha ayudado que el sistema judicial salvadoreño esté inmerso desde hace décadas en una rampante corrupción, como lo señala cada año el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos en sus informes sobre los derechos humanos en El Salvador.
Sin embargo, y pese a la lentitud para que prosperen denuncias en materia ambiental, algunos casos han logrado avanzar.
Uno de los más sonados es el que actualmente se ventila contra de Baterías Récord, una compañía local que en 2007 fue clausurada por el Ministerio de Salud y acusada de contaminación ambiental agravada.
Los habitantes del cantón Sitio del Niño, jurisdicción de San Juan Opico, en el occidental departamento de La Libertad, y grupos ambientalistas denunciaron en 2004 que el plomo proveniente de la fábrica había contaminado el agua de los pozos y de ríos, así como el aire y los suelos.
Consecuentemente, alrededor de 150 personas registran altos niveles de plomo en su sangre.
Los acusados de este ataque a la salud ciudadana son los ingenieros Hugo Reynaldo Trujillo Díaz, Arturo Marenco Carballo y José Edgardo Brito Menéndez, mientras que los tres propietarios de la compañía se encuentran prófugos.
En medio del juicio, la FGR informó a comienzos de enero que los daños por la contaminación por plomo de Baterías Récord ascendían a 4.000 millones de dólares.
"El mayor daño lo tiene el suelo y los residentes del lugar, dado que hay muchas personas que tendrán que someterse a tratamiento para eliminación del plomo en la sangre de por vida, lo cual implica un gasto oneroso para el Estado", señaló la FGR en un comunicado el 3 de este mes.
Otro caso notorio fue el realizado contra la empresa comercializadora de agroquímicos Agrojell, que cerró sus puertas en 1998 y dejó abandonados 92 barriles de toxafeno, un insecticida que, por sus daños a la salud, fue prohibido en 1990.
En 2009, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la libertad del representante legal de la compañía, José Manuel Gutiérrez, emitida previamente por un tribunal.
Ante las sospechas de que poderosos grupos económicos locales, o consorcios internacionales, pudieran estar presionando bajo la mesa para que no se instalen los tribunales ambientales, la procuradora de la Corte dijo que ello era difícil de probar.
"Pero los grandes depredadores del ambiente no son el ciudadano común y corriente, son empresas Pudiera haber interés (de empresas) de que no haya un juez competente en materia ambiental que lo pueda procesar judicialmente", dijo IPS la procuradora adjunta para el Medio Ambiente, Yanira Cortez.
"Eso nosotros lo vemos con mucha preocupación", agregó la funcionaria que actúa en el marco de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
En tanto, el asesor legal del Ministerio de Medio Ambiente dijo desconocer que haya ese tipo de presión para bloquear la iniciativa.
Mientras se retrasa la instalación de los juzgados ambientales, los daños a la naturaleza se agudizan.
