El gobierno cubano enfrentó con particular énfasis lo que considera una nueva campaña de desprestigio en su contra a raíz de la muerte de un recluso que, según su versión, no era disidente ni estuvo en huelga de hambre, como asegura la oposición.
En declaraciones separadas, fuentes de la cancillería rechazaron las muestras de preocupación que desató el hecho en círculos oficiales de Estados Unidos y España, países donde mayor repercusión tuvo el fallecimiento del preso Wilman Villar Mendoza, que la diplomacia cubana considera lamentable, "pero inusual en Cuba".
El caso coincide con los preparativos para la visita del papa Benedicto XVI a fines de marzo y una agenda que incluye una misa campal en Santiago de Cuba, distante 861 kilómetros al este de La Habana, de donde es oriundo Villar Mendoza, cuyos restos fueron sepultados este viernes en el cementerio de la localidad santiaguera de Contramaestre.
Un comunicado del gobierno, publicado este sábado 21 en el diario Granma, aseguró que Villar Mendoza cumplía cuatro años de prisión por los delitos de desacato, atentado y resistencia. Añadió que fue procesado "en libertad", tras denuncias de su suegra y protagonizar "un escándalo público en el que agredió y provocó lesiones en el rostro a su esposa".
En cambio, el activista de derechos humanos Elizardo Sánchez aseguró a IPS que el fallecido, de 31 años, pertenecía al grupo opositor Unión Patriótica de Cuba y que se mantuvo en ayuno voluntario desde que fue encarcelado en noviembre pasado, como muestra de su desacuerdo con el juicio "sumario" a que había sido sometido.
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Pero la nota gubernamental insistió en que "se disponen de abundantes pruebas y testimonios que demuestran que no era un "disidente" ni estaba en huelga de hambre". Se aseguró, además, que sus vínculos con la disidencia en Santiago de Cuba son posteriores al momento en que cometió los delitos por los que fue juzgado.
Los "elementos contrarrevolucionarios" con los que se relacionó "le hicieron creer que su presunta pertenencia a los grupúsculos mercenarios le permitirían evadir la acción de la justicia", especificó la información oficial. Sánchez, en tanto, responsabilizó al gobierno del fallecimiento del recluso, una "tragedia" que, en su opinión, "se pudo evitar".
Según la versión oficial, Villar Mendoza falleció el jueves 19 en la sala de cuidados intensivos del hospital Clínico Quirúrgico "Doctor Juan Bruno Zayas", a causa de un "fallo multiorgánico secundario a un proceso respiratorio séptico severo, que llevó al paciente a un shock por sepsis".
"Sus familiares más allegados estuvieron al tanto de todos los procedimientos que se emplearon en su atención médica, además de reconocer el esfuerzo del equipo de especialistas que lo atendió", añadió el informe oficial que comenzó a circular desde el atardecer del viernes 20.
En otro comunicado, distribuido a la prensa extranjera acreditada, en la noche de ese mismo día la Directora de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal Ferreiro, consideró hipócritas y de "doble rasero" las declaraciones sobre el caso emitidas por el Departamento de Estado (cancillería) y la Casa Blanca (gobierno) de Estados Unidos.
Washington lamentó el fallecimiento de Villar Mendoza, a quien calificó de "valiente defensor de los derechos humanos en Cuba", y reclamó un mayor escrutinio internacional sobre ese tema, incluido el "pleno acceso a las prisiones" de esta isla caribeña al relator especial de la Organización de las Naciones Unidas y al Comité Internacional de la Cruz Roja.
"Un hecho lamentable, pero inusual en Cuba, ha sido nuevamente tergiversado y manipulado por intereses políticos mezquinos, para justificar la política de bloqueo contra nuestro país", respondió Vidal, para quien las declaraciones de Washington se ajustan "mejor" a la situación humanitaria de Estados Unidos que al desempeño de Cuba.
"No es en Cuba donde 90 prisioneros han sido ejecutados desde enero del 2010 hasta hoy, mientras que otros 3.222 reos esperan su ejecución en el corredor de la muerte. Hay que recordar que Estados Unidos ya celebró su primera ejecución de 2012 y su gobierno reprime sin contemplaciones a quienes se atreven a denunciar la injusticia del sistema", señaló Vidal.
A la vez, un funcionario de la cancillería cubana, que no fue identificado, enfrentó los reclamos del gobierno español del centroderechista Partido Popular y de la Unión Europea. En declaraciones a la agencia estatal cubana Prensa Latina, este vocero consideró que ni Madrid ni Bruselas tienen autoridad moral para juzgar a Cuba.
En su opinión, ambos deberían ocuparse más bien "de investigar y sancionar las numerosas muertes en detención que ocurren en sus instituciones, los frecuentes actos de brutalidad policial contra manifestantes que suceden sistemáticamente en España y otros países de la Unión Europea".
La muerte de Villar Mendoza sigue a la de Orlando Zapata Tamayo, cuya muerte en prisión el 22 de febrero de 2010 tras una huelga de hambre de 85 días, generó fuertes tensione en materia de derechos humanos, que bajaron de nivel tras un inédito diálogo del presidente Raúl Castro con la jerarquía de la Iglesia Católica.
Esas conversaciones de Castro, a mediados de mayo de 2010, con el cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, y con el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Dionisio García, oxigenaron el ambiente político y desembocaron en la excarcelación de unos 130 presos, en un proceso que culminó a principios de 2011.
El pasado año terminó con el indulto presidencial a favor de casi 3.000 presos, en su mayoría comunes, gracias al cual muchos pudieron pasar los festejos de la Navidad en sus hogares. De ese proceso solo estaría pendiente la excarcelación anticipada de 86 ciudadanos extranjeros, también anunciada por Castro el 23 de diciembre ante el parlamento.
En estos casos, existe la condición previa de que los gobiernos de sus naciones de origen acepten la repatriación de sus connacionales. Que se conozca públicamente, cuatro ciudadanos españoles que cumplían sentencias por delitos cometidos en este país ya fueron liberados por esa vía, uno de los cuales se encuentra en España.
Al anunciar los indultos, Castro dijo que estos respondían, entre otras consideraciones, a solicitudes de familiares y de instituciones religiosas. A la vez, constituyó un gesto ante la próxima visita del papa Benedicto XVI y la celebración del 400 aniversario del hallazgo de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre.
