Tras las negociaciones de diciembre sobre cambio climático en Durban, Sudáfrica, hay espacio para seguir avanzando en el corto y mediano plazo. Ahora la atención de América Latina y del mundo está puesta en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, de junio en Río de Janeiro.
En Durban, los delegados de 194 países sentaron las bases para desarrollar un compromiso global hacia 2015, con validez jurídica en 2020.
Durban también gestó acuerdos sustantivos en otras dos áreas críticas para el progreso en la lucha contra el cambio climático: un nuevo período de compromiso de ejecución del Protocolo de Kyoto, y pasos específicos para la conformación del Fondo Verde del Clima.
Allí hubo una mayor atención a las medidas combinadas de mitigación y adaptación al cambio climático en la agricultura, así como progreso en las discusiones técnicas sobre programas de protección de bosques en el contexto del clima.
La comunidad internacional también reconoció en Sudáfrica la urgente necesidad de hacer más para reducir las emisiones de gases invernadero, mantener el aumento de la temperatura media global por debajo de dos grados y ayudar a los países en desarrollo a adaptarse a los efectos inevitables del cambio climático.
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En junio en Río de Janeiro se analizará la protección del ambiente como parte del proceso de desarrollo. Esta cumbre es más conocida como Río+20 por realizarse dos décadas después de que en una similar los países se comprometieron con el concepto de desarrollo sostenible, como la única manera para construir una humanidad más justa y viable.
Esto incluye las dimensiones relacionadas con la salud, la vivienda, la contaminación del aire, la gestión de los mares, bosques y montañas, la desertificación, la gestión de los recursos hídricos y el saneamiento, y la gestión de residuos.
El mundo se acerca de manera peligrosa al límite del uso de recursos naturales de manera insostenible y podemos llegar a un punto del cual no haya vuelta atrás. Estos temas impactan la calidad de vida y la lucha que todavía se debe librar contra la pobreza y la inequidad, sobre todo en América Latina y el Caribe.
Pese a que América Latina produce energía de manera relativamente limpia en la mayoría de sus países, y que proporcionalmente contribuye sustantivamente menos que otras regiones al cambio climático, sí es una de las zonas más afectadas por sus consecuencias.
En este sentido, varios países de la región han demostrado con el ejemplo propio gran liderazgo para ser parte de la solución global que debe llevar al mundo hacia una senda de desarrollo con baja emisión de carbono.
Brasil ya se comprometió por sí solo a unos ambiciosos objetivos voluntarios de reducir sus emisiones en 39 por ciento para 2020. Otros países latinoamericanos también asumieron promesas voluntarias, entre ellos Chile, Colombia, Costa Rica y México.
A nivel mundial, 90 países han registrado sus planes de mitigación para 2020 con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 78 de los cuales están en vías de desarrollo.
Según el estudio del Banco Mundial «Desarrollo con menos carbono: respuestas latinoamericanas al desafío del cambio climático», América Latina produce solo seis por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en el sector energético, y 13 por ciento si se toma en cuenta la deforestación y la agricultura.
El nivel relativamente bajo de emisiones en la región se debe en gran medida a un extendido uso de energía hidroeléctrica.
No obstante, se prevé que esta situación cambie en los próximos 25 años a medida que se expandan los sectores de transporte e industria.
Por ejemplo, de mantenerse las tendencias actuales, se proyecta que las emisiones de dióxido de carbono (CO2), derivadas del consumo de energía, se incrementarán en la región de aquí a 2030 en 33 por ciento por persona, superior al promedio mundial de 24 por ciento.
Estas tendencias representan un reto para América Latina, en su búsqueda de un desarrollo sostenible a través de un crecimiento más verde y equitativo.
Muchas de las medidas que pueden considerarse en el camino hacia el crecimiento económico verde tienen importantes beneficios ambientales y sociales locales:
Una mayor eficiencia energética a menudo ahorra dinero; una menor deforestación y un mejor manejo de los recursos forestales tiene beneficios sociales y ambientales; un mejor transporte público puede reducir la congestión y la contaminación local, y tener un efecto benefactor para la salud, la productividad y la calidad de vida.
La próxima década traerá grandes oportunidades para la sinergia entre sostenibilidad ambiental y económica. Por ejemplo, los países en desarrollo pueden adoptar una actitud «verde» en sus nuevas inversiones en infraestructura y, además, pueden desarrollar la agricultura y otros recursos naturales, a fin de mejorar los medios de subsistencia, generar empleos y reducir la pobreza.
El acuerdo de Durban representa un paso hacia delante, pero se prevén duras negociaciones en los próximos años hasta alcanzar un acuerdo global.
Mientras tanto, se debe avanzar en la ejecución de programas con beneficios locales y globales, proyectos que demuestren la mejor manera de adaptarse a los cambios climáticos del futuro y los desastres climáticos de hoy, y en las innovaciones tanto tecnológicas como institucionales que permitan un crecimiento verde e inclusivo.
* Ede Ijjasz-Vásquez es director de desarrollo sostenible para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Publicado originalmente el 28 de enero por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
