Representantes de Amnistía Internacional y de la Red de Asia contra la Pena de Muerte urgieron al gobierno de Taiwán a «mantener la justicia y la imparcialidad» en el sistema judicial y restituir la moratoria sobre las ejecuciones.
El informe elaborado por ambas organizaciones no gubernamentales en conjunto con la Alianza para el Fin de la Pena de Muerte (TAEDP), titulado "Cuando falla la justicia: miles de ejecutados en Asia después de juicios injustos", se concentra en 14 países que mantienen la pena capital en la región, incluido Taiwán.
El documento primero revisa las características de un "juicio justo" y su importancia en los casos de pena capital, y luego destaca leyes y prácticas que socavan la posibilidad de instaurarlo en ocho países asiáticos.
Los obstáculos mencionados son la dependencia de "confesiones" extraídas mediante torturas y otras formas de malos tratos como únicas, o principales, fuentes de evidencia, la retención de la pena capital incluso para delitos que no son de sangre, la falta de presunción de inocencia y también la carencia de garantías de que se respete el derecho a contar con una defensa legal.
Además, señala la falta de un proceso efectivo para revisar y pedir clemencia y de transparencia e independencia en tribunales especiales y procesos acelerados. Por último, Amnistía, entidad con sede en Londres, y la Red de Asia contra la Pena de Muerte (Adpan, por sus siglas en inglés) realizan recomendaciones para mejorar la situación.
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"La consecuencia de la gran cantidad de ejecuciones en los países asiáticos y de juicios injustos en los estados que mantienen la pena de muerte en Asia derivan en fallos erróneos, como ocurrió con Chiang Kuo-ching (https://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=99267) en Taiwán", indicó Louise Vischer, coordinadora de Adpan en el programa de Asia Pacífico de Amnistía.
La nueva campaña de Adpan llama a la acción en defensa de siete personas en riesgo de ser ejecutadas, en China, India, Indonesia, Japón, Malasia, Pakistán y Singapur, además del caso de Chiou Ho-shun, en Taiwán.
Los ocho casos están en una "etapa crucial del proceso legal con un riesgo real de ejecución en juicios injustos", indicó Vischer. "Como ningún proceso es perfecto y no se puede excluir la posibilidad de error, la única forma no ejecutar a personas inocentes es derogar la pena capital", arguyó.
"Adpan tiene compasión hacia las víctimas de delitos, pero la pena de muerte no es una forma efectiva de combatirlos. Las víctimas son dos veces víctimas cuando se ejecuta a una persona inocente y el responsable no comparece ante la justicia", explicó Vischer.
Catherine Baber, subdirectora del programa de Asia Pacífico de Amnistía, señaló que se eligió Taipei para presentar el informe el jueves 8 de este mes tras la decisión del gobierno de Taiwán de romper una moratoria de hecho que duró cinco años.
Cuatro personas fueron ejecutadas en abril de 2010 y cinco en marzo de este año, pese que este país ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm) y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm) y adaptó la normativa a la legislación nacional en marzo de 2009.
El ministro de Justicia de Taiwán reconoció a principios de este año que fue un error la ejecución en agosto de 1997 de Chiang Kuo-ching, un soldado de la Fuerza Aérea acusado de violar y asesinar a una niña de cinco años en 1996. El presidente Ma Ying-jeou también pidió disculpas públicas a la familia, recordó Baber.
"El perdón fue muy insignificante y llegó demasiado tarde para la familia de Chiang. Con la publicación del informe en Taiwán esperamos que no haya más casos como el suyo", añadió.
"Taiwán decidió atenerse a los estándares internacionales, pero las acciones son más contundentes que la buena retórica", arguyó Baber, quien criticó especialmente a este país por "ejecutar a los acusados en abril cuando su pedido de clemencia se estaba procesando".
"Las 15 personas condenadas a muerte este año le dan mayor urgencia al reclamo de Taiwán de restablecer la moratoria, en especial porque algunos de los casos están basados sobre confesiones extraídas mediante torturas, lo que llevará a nuevos errores judiciales", subrayó Baber.
La nueva campaña subrayó el caso de Chiou Ho-shun, quien, además, es el centro de una "acción urgente" de Amnistía, porque su condena en 1989 por secuestrar y asesinar a un niño de nueve años y a una mujer está basado solo sobre una confesión extraída mediante torturas, indicó Baber.
El caso de Chiou fue y vino 11 veces del Alto Tribunal a la Corte Suprema de Taiwán desde 1989 hasta que este último confirmó la condena a muerte el 28 de julio y la Fiscalía General rechazó su pedido de apelación extraordinaria el 25 de agosto.
Su abogado, Greg Yo, señaló que la sentencia de su cliente se mantuvo pese a que el vídeo del interrogatorio mostró que Chiou y los otros acusados habían sido torturados y que dos fiscales y 10 policiales que investigaban el caso fueran condenados por esta causa.
Yo señaló que los jueces habían declarado que "no querían oír más hablar de torturas".
"El caso de Chiou Ho-shun contradice la afirmación de que tales prácticas y mentalidades se limitan al ejército y no existen en la justicia civil", señaló el abogado, quien añadió que "si lo ejecutan basándose sobre una confesión extraída mediante tortura, se volverá otro Chiang Kuo-ching".
El director ejecutivo de TAEDP, Lin Hsin-yi declaró que "las palabras del gobierno de Taiwán contradicen sus acciones".
El borrador inicial del primer informe nacional sobre la implementación de los dos pactos de derechos humanos, divulgado por el Ministerio de Justicia el 25 de octubre, abandona compromisos presidenciales anteriores de "derogar de forma gradual la pena de muerte" y solo se plantea "disminuir su uso como objetivo de largo plazo", señaló Lin.
La Corte Suprema de Taiwán confirmó 15 nuevas condenas a muerte a fines de noviembre, lo que deja en 54 las personas con riesgo de ser ejecutadas, remarcó Lin. Además, varios de los nuevos casos incluyen sentencias basadas sobre confesiones y por delitos no mortales.
"Tras ratificar los dos pactos de derechos humanos y las garantías del derecho a la vida, el gobierno de Taiwán tomó la dirección inversa", añadió.
