Una nueva coalición indígena reclama una moratoria a las iniciativas de Reducción de Emisiones Provocadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD), componente clave en las negociaciones de un tratado climático mundial celebradas en las últimas dos semanas en Sudáfrica.
La Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales Contra REDD y por la Vida sostuvo en un comunicado que «un número creciente de informes recientes proporciona evidencia (de) que los pueblos indígenas están siendo sometidos a violaciones de sus derechos como resultado de la implementación de políticas y programas tipo REDD«.
«Los pueblos originarios y las comunidades forestales no pondrán nuestras vidas y tierras en manos de corporaciones contaminantes», dijo a Tierramérica el nativo dakota y navajo Tom Goldtooth, director de la Red Ambiental Indígena, con sede en Estados Unidos.
Berenice Sánchez, de la Red Mesoamericana de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad, agregó: «Reclamamos un cese inmediato de todos los programas REDD y REDD+ en el mundo. Son una nueva forma de colonialismo».
La tala contribuye en casi 20 por ciento a las emisiones mundiales de gases que recalientan la atmósfera, conocidos por su efecto de invernadero, como el dióxido de carbono (CO2).
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Según las Naciones Unidas, la REDD busca establecer el valor financiero del carbono almacenado en los bosques, ofreciendo incentivos para que los países en desarrollo reduzcan las emisiones de las áreas boscosas deforestadas o degradadas e inviertan en desarrollo sostenible. REDD+ va más allá y abarca la conservación, el manejo sustentable de las selvas y el aumento de la capacidad forestal de absorber y almacenar CO2.
Para Sánchez, «esta no es solución al cambio climático. Participan las mismas industrias extractivas y se les permite continuar violando a la Madre Tierra».
Sánchez, Goldtooth y otros indígenas y miembros de la sociedad civil participaron de la 17 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 17) celebrada en la oriental ciudad sudafricana de Durban desde el 28 de noviembre.
Pero ellos son observadores, y los estados son los que negocian los acuerdos.
Al cierre de esta edición, los organizadores de la COP 17 decidieron extenderla un día más, hasta este sábado 10, en un desesperado intento de avanzar lo más posible hacia un acuerdo mundial para reducir la contaminación climática.
La REDD se promociona como una herramienta que podría movilizar entre 10.000 millones y 30.000 millones de dólares anuales para proteger los bosques y que sería incluida en ese elusivo acuerdo internacional que sustituya o prolongue el Protocolo de Kyoto, cuyo primer período de compromisos expirará en 2012.
El programa UN-REDD creado por las Naciones Unidas para ayudar a los países en desarrollo a prepararse para aprovechar esa herramienta aprobó a la fecha 59,3 millones de dólares para financiar planes nacionales en 14 países socios.
El esquema prevé que países e industrias que buscan reducir sus emisiones paguen para proteger los bosques de regiones tropicales.
Los árboles toman CO2 de la atmósfera y lo almacenan por el resto de sus vidas. En el marco de REDD, comunidades selváticas o propietarios de tierras boscosas pueden ofrecer al mercado tantos créditos de carbono como hayan ayudado a mantener en la selva o a absorber mediante reforestación. Alguna empresa contaminante del Norte industrial compra esos créditos y los contabiliza como si hubiera abatido realmente sus propias emisiones de carbono.
Casi todos los países presentes en la COP 17 están a favor de un acuerdo internacional REDD que dé el puntapié inicial al flujo de capitales públicos y privados para proteger los bosques y la biodiversidad, reducir emisiones y generar empleos e ingresos.
Siete países de África central, siete estados donantes y la Comisión Europea emitieron en Durban una declaración de intención sobre la urgencia de acelerar la implementación del la REDD+ en la Cuenca del Congo, la segunda mayor selva tropical del planeta. Burundi, Camerún, Chad, República Centroafricana, República Democrática del Congo, República del Congo y Ruanda se comprometieron a intensificar esfuerzos para aplicar la REDD+ de manera conjunta, contando con apoyo económico de Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Noruega.
Esperamos «importantes recursos financieros a inicios de 2012», dijo el ministro de Desarrollo Sostenible de la República del Congo, Henri Djombo.
Y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) anunció el jueves 8 que Guatemala dio un paso importante al reconocer «derechos más amplios de tenencia de la tierra» para los pueblos indígenas y las comunidades locales.
«Los incentivos forestales solo reconocían propiedades registradas legalmente, pese a que la mayoría de las comunidades y pueblos indígenas poseen sus tierras bajo sistemas tradicionales de tenencia», dijo Josué Morales, director de Bosques de Guatemala.
El mecanismo propuesto «aclara y reconoce la propiedad de la tierra a través de todo tipo de derechos: documentos históricos, títulos supletorios, propiedad, tenencia de tierras y territorios indígenas, agregó. «Si bien esto es muy significativo para REDD+, en muchos países es cuestionado por la gran inseguridad que afrontan los pueblos indígenas y las comunidades de los bosques en términos de los derechos de propiedad y tenencia de la tierra», admitió Morales.
«Es una fantasía atractiva que la REDD ayude a los indígenas a asegurarse la tenencia. Es una enorme mentira», dijo Heriberta Hidalgo, representante de pueblos originarios del norte de Chile. Se promoverán plantaciones, los indígenas perderán su control de los bosques, y por ende sus alimentos y medicinas, y entonces también perderán su conocimiento tradicional, previno.
La propiedad de la tierra es uno de los elementos que hacen compleja la REDD.
Es difícil medir el carbono de los bosques y decidir si las reducciones de emisiones son «genuinas y verificables», y se reconoce la necesidad de incluir en el acuerdo salvaguardas que aseguren la protección de las comunidades locales, los bosques y la biodiversidad.
«Sin buenas salvaguardas, los inversores no invertirán. Y sin reducciones reales, medibles y sostenidas de emisiones, tampoco», dijo a Tierramérica la activista Peg Putt, de la no gubernamental Ecosystems Climate Alliance.
Esa alianza favorable a la REDD+ impulsa salvaguardas estrictas. Pero Brasil, Indonesia y otros países se manifestaron en contra de ellas, por considerarlas costosas y poco prácticas.
En México, los proyectos piloto REDD no cumplen salvaguardas. Por ejemplo, está previsto que los pueblos originarios sean previamente informados y den su consentimiento, pero eso no ocurre, dijo Sánchez. A algunas comunidades y personas se les prometió mucho dinero, entonces se endeudaron. Ahora deben pagar sus préstamos y se ven obligadas a vender sus tierras, señaló.
«No nos engañamos», dijo a Tierramérica el expresidente de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Marlon Santi. Los pueblos nativos tienen 40 años de experiencia con grandes corporaciones como las petroleras Texaco y Shell y la minera Río Tinto, que les prometieron una buena vida y sin embargo destruyeron sus tierras y comunidades, agregó.
Pero no todas las entidades nativas quieren suspender la REDD. La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, por ejemplo, quiere explorar maneras de aprovecharla y obtener ganancias, dijo Goldtooth.
«Algunos otros ya están participando. La moratoria fue una decisión tomada por consenso entre los que estamos aquí», explicó.
Otra cuestión es que todavía no hay un mercado de carbono para los bosques, dijo Kate Dooley, de FERN, una organización no gubernamental con sedes en Bélgica, Gran Bretaña y Holanda.
De hecho todo el mercado de carbono se está desmoronando, sostuvo Dooley. «Los precios colapsaron en Europa. Los bancos cerraron sus oficinas dedicadas a los créditos de CO2», señaló.
El Sistema Europeo de Comercio de Emisiones de Carbono, QUE representa 97 por ciento de este sector mundial, por ley no puede comerciar CO2 forestal hasta 2020, explicó Dooley a Tierramérica.
Wally Menne, del capítulo sudafricano de Timberwatch Coalition, hizo notar que se siguen presentando «toda clase de propuestas disparatadas que cuidadosamente eluden las reducciones reales de emisiones de gases invernadero derivados de la quema de combustibles fósiles».
* Este artículo fue publicado originalmente este sábado 10 de diciembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
