Desmintiendo en los hechos las frustradas políticas de mano dura contra la criminalidad impuestas por los últimos gobiernos salvadoreños, el sacerdote José María Moratalla muestra resultados positivos con su modelo educativo dirigido a jóvenes en riesgo de caer en la delincuencia.
Moratalla, más conocido como el Padre Pepe, es el fundador del Instituto Técnico Obrero Empresarial Don Bosco (ITOE), que cobija e imparte educación primaria, secundaria y técnica a 450 niños, niñas y jóvenes de zonas marginales, plagadas de pobreza y violencia.
"Queremos darle una oportunidad al que no la tiene", explicó el sacerdote católico a IPS. El instituto está localizado en el corazón de la comunidad Iberia, una barriada pobre y violenta en el este de San Salvador.
"Días atrás dejaron un cadáver en la calle de enfrente, a poca distancia de donde estaban los soldados que vigilan la comunidad", narró el religioso para graficar el problema de criminalidad que afronta la zona.
El Salvador, con 62 homicidios por 100.000 habitantes, es el país más violento de los 58 países elegidos para el estudio Carga Global de la Violencia Armada, publicado a fines de octubre por el proyecto Small Arms Survey, con sede en Ginebra.
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Los estados analizados, que presentan en promedio tasas de muertes violentas de más de 10 por 100.000 habitantes, suman en conjunto alrededor de dos tercios de los asesinatos perpetrados en el mundo entre 2004 y 2009. El Salvador es seguido en esta escala por Iraq, invadido por fuerzas occidentales encabezadas por Estados Unidos, y Jamaica.
Tres gobiernos en El Salvador, sucesivamente desde 1999, aplicaron políticas represivas, infructuosamente, para afrontar la inseguridad ciudadana y combatir las cada vez más numerosas y poderosas pandillas juveniles o "maras".
El presidente Mauricio Funes, que llegó al gobierno en 2009 de la mano del ex guerrillero izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), sigue el mismo camino y apeló al ejército para asistir las labores de la Policía Nacional Civil, sin lograr que la criminalidad se redujera.
"Tenemos una epidemia de violencia, y en una epidemia como la nuestra debe haber represión, pero también prevención y rehabilitación, y estos dos componentes han faltado", explica el religioso.
Moratalla, un salesiano español, llegó a este país en 1983 en medio de la guerra civil entre las fuerzas de seguridad del Estado y el insurgente FMLN, que entre 1980 y 1992 dejó 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos y 40.000 discapacitados.
Por entonces, muchos habitantes del interior del país se trasladaban a San Salvador para escapar de los combates, recuerda el religioso, y se instalaban con sus familias a las orillas de los ríos en forma irregular construyendo viviendas precarias con cartón y materiales plásticos.
"Hablando con esa gente empecé a ver la necesidad de darle una oportunidad a aquellos que no la han tenido", narró. Así fue que en 1985 fundó el instituto.
De los 450 estudiantes actuales, 150 son jóvenes catalogados por las autoridades de "alto riesgo", es decir que han estado involucrados en pandillas u otro tipo de grupo criminal o están a punto de involucrarse, por estar en permanente contacto con el mundo del delito.
Ese es el caso de Antonio, de 15 años, que antes de ser llevado por sus padres al Instituto vagaba por las callejuelas de su comunidad al lado de miembros de la mara del Barrio 18.
"Me gustaba andar con ellos, pasando el rato, no era del grupo, pero ya tenía toda la pinta: me vestía y hablaba como ellos incluso les hacía pequeñas tareas de vigilancia de la zona", contó Antonio a IPS.
Ahora, este joven estudia bachillerato y quiere dedicarse a la electricidad, uno de los oficios enseñados en el ITOE, que, además de los dos tramos de la educación básica, también imparte mecánica de automóviles, carpintería, soldadura, y corte y confección.
Entre el alumnado hay quienes cumplen penas carcelarias, que beneficazos por su buen comportamiento son derivados por la justicia para que estudien y aprendan un oficio.
Ese es el caso de Ricardo, de 18 años, que cumple una pena de cuatro años por violación, tres de los cuales los ha purgado en el Instituto. Ahora él está a punto de finalizar el bachillerato y tiene planes para seguir en la universidad. "Quisiera estudiar para abogado y algún día convertirme en juez", comentó a IPS.
Desde su fundación en 1985, los estudiantes han conformado pequeñas y medianas empresas en el sector agrícola e industrial.
Moratalla está gestionando actualmente con el Banco Mundial un proyecto para crear una orquesta sinfónica, que estará formada por muchachos del instituto y de otras 40 escuelas ubicadas en zonas vulnerables a la criminalidad y la pobreza.
El instituto es financiado por un aporte anual de 300.000 dólares que otorga el gobierno, que cubre menos de un tercio del presupuesto general, y el resto proviene de donaciones.
Un convenio concretado con tres universidades permitirá, según el sacerdote crear una especie de semillero o "incubadora" de empresas que serán manejadas por los ahora estudiantes y las continuarán dirigiendo después de graduarse.
El trabajo de Moratalla es bien visto no solo por el gobierno de Funes, que lo apoya financieramente, sino también por organizaciones de la sociedad civil, que ven en ese esfuerzo un aporte importante para prevenir la violencia en el país.
"Es un buen ejemplo de cómo se les puede dar a los jóvenes en riesgo las herramientas para que sean productivos y ser buenos ciudadanos", indicó a IPS el director de la iniciativa Social para la Democracia, Ramón Villalta.
