Los gobiernos deben utilizar los mecanismos legales a su disposición para promover la producción o importación de medicamentos genéricos en sus países, reclaman especialistas sudafricanos.
Las patentes farmacéuticas hacen subir los precios de los medicamentos y encarecen el tratamiento a los pacientes. Eso limita el acceso a la atención, en especial en los países en desarrollo, donde el peso de la enfermedad es grande y el presupuesto de la salud bajo, indicaron.
Los gobiernos pueden volver a la Declaración de Doha, respecto del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic) y Salud Pública, que fue suscrita hace 10 años por los países miembro de la Organización Mundial del Comercio en la capital de Qatar.
La Declaración existe para asegurar que las patentes no socaven la capacidad de los países de garantizar el derecho a la salud.
"Países como Sudáfrica pueden interpretar el Adpic como les convenga. Pueden sancionar leyes para que hayan menos patentes y promover la producción de fármacos genéricos para universalizar la disponibilidad de medicamentos", explicó la responsable de innovación y acceso de Médicos Sin Fronteras en Sudáfrica, Mara Kardas-Nelson.
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La disponibilidad de medicamentos genéricos tiene consecuencias drásticas en materia de salud pública.
"Cuando se produjeron antirretrovirales genéricos para el tratamiento de pacientes con VIH (virus de inmunodeficincia humana, causante del sida), el costo de la atención bajó rápidamente de 10.000 dólares por paciente por año a unos 600 dólares", indicó Kardas-Nelson. "Permite que millones de personas accedan a los medicamentos", apuntó.
Cuando se firmó el Adpic en 1995, las compañías farmacéuticas pudieron solicitar patentes de 20 años para sus medicamentos, plazo durante el cual no se pudieron producir versiones genéricas de esos fármacos.
Eso redujo de forma drástica la disponibilidad de genéricos. Pero seis años después, cuando se firmó la Declaración de Doha, los gobiernos pudieron sortear la estricta regulación de patentes para proteger el acceso de sus ciudadanos a la salud.
Sorprende entonces que muy pocos países en desarrollo, incluido Sudáfrica, hayan reformado su ley de patentes para aprovechar las posibilidades ofrecidas por la Declaración de Doha.
El hecho obedece principalmente a la presión de la industria farmacéutica, así como de Estados Unidos y la Unión Europea, donde se producen muchos de los medicamentos patentados, explicaron expertos.
"Los países no deben plegarse a la presión", alertó la investigadora Catherine Tomlinson, de la organización Treatment Action Campaign (Campaña de Acción para el Tratamiento). Además, Sudáfrica protege las patentes más de lo estipulado por el Adpic, observó.
"En cambio, India, Brasil y Tailandia aprovecharon la flexibilidad otorgada por el Adpic para contener el exceso de patentes y promover la salud pública", explicó Tomlinson.
"Mientras Sudáfrica concedió 2.442 licencias en 2008, Brasil solo admitió 278 entre 2003 y 2008", detalló.
Públicamente, el gobierno de Sudáfrica ha confirmado la necesidad de medicamentos genéricos.
En una declaración conjunta con India y Brasil, el presidente sudafricano Jacob Zuma reconoció a comienzos de este año que el impacto de la propiedad intelectual sobre la salud, la disponibilidad de fármacos y los precios puede reducirse si se aumenta la producción de genéricos. Pero su compromiso por ahora, ha sido de la boca para afuera.
"Reclamamos que Zuma respete su compromiso. No hemos visto señales concretas de que el gobierno vaya a tomar medidas para reformar la ley de patentes", indicó Tomlinson. "Falta voluntad política", se lamentó.
La Campaña de Acción para el Tratamiento y Médicos Sin Fronteras también reclaman una revisión estricta e independiente de la aplicación de las patentes, así como la posibilidad de que terceros puedan oponerse a la aprobación de licencias pendientes así como durante el primer año de su otorgamiento.
Sudáfrica debería hacer uso de su derecho de otorgar licencias obligatorias en el marco de la Declaración de Doha para habilitar la disponibilidad de versiones genéricas de medicamentos patentados en los casos en que el precio sea prohibitivo, señalan las organizaciones. A diferencia de otras naciones en desarrollo, como Tailandia, este país nunca utilizó esa opción.
La compañía que gestiona beneficios farmacéuticos en Sudáfrica, Mediscor, informó en su evaluación de 2010 que el gasto en medicamentos aumentó 25,2 por ciento entre 2008 y 2010, mientras que el uso de fármacos solo creció 5,8 por ciento.
Para pacientes con problemas crónicos que necesitan medicación permanente para vivir, la disponibilidad de genéricos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte
Nokwanda Pani es portadora del VIH, causante del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), y vive en el asentamiento de Khayelitsha, el tercero más grande de Sudáfrica, cerca de Ciudad del Cabo.
Pani recibe antirretrovirales desde 2005. Cuatro años después generó resistencia a los medicamentos y comenzó a ser tratada con fármacos de segunda línea.
Ahora le preocupa qué pasará si su cuerpo deja de responder a la medicación actual. En Sudáfrica, el tratamiento de tercera línea solo está disponible en el sector privado a un costo de 4.200 dólares por paciente al año, una suma que Pani no puede pagar.
Sin la competencia de los genéricos, el costo de los antirretrovirales de segunda y tercera línea pueden ser hasta 20 veces más caros que los de primera generación, confirmó Médicos Sin Fronteras. La diferencia se aplica también a otros fármacos, como los medicamentos contra el cáncer, la tuberculosis, la diabetes y la presión alta.
"Como dependo de salud pública, no tengo acceso al tratamiento de tercera línea. Si vuelvo a generar resistencia, se acabó para mí", indicó Pani. Para ella, todo se resume en una pregunta: "¿Por qué el gobierno prioriza el beneficio de las farmacéuticas a nuestras vidas?".