ONG brasileñas critican indefinición de propuesta para Río+20

Ambientalistas criticaron la escasa definición del documento presentado por Brasil como marco de discusión para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), que tendrá lugar en esta ciudad en junio de 2012.

Acarreo de agua en el asentamiento de campesinos sin tierras Chico Mendes, Pernambuco, Brasil Crédito: Alejandro Arigón/IPS
Acarreo de agua en el asentamiento de campesinos sin tierras Chico Mendes, Pernambuco, Brasil Crédito: Alejandro Arigón/IPS
Las propuestas presentadas el martes 1 a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la conferencia que se celebrará dos décadas después de la Cumbre de la Tierra demuestran, según el gobierno brasileño, su "compromiso" con el desarrollo sustentable que "tiene en la erradicación de la pobreza un elemento indispensable".

"La erradicación de la pobreza extrema es condición necesaria para la realización de los objetivos asumidos rumbo al desarrollo sustentable", afirma el documento.

El texto incluye, entre otros ejes, la necesidad de fortalecer el multilateralismo como "única opción para el tratamiento de los grandes problemas globales", y el papel del Estado como inductor y regulador de desarrollo.

La ministra de Medio Ambiente, Izabella Teixeira, sostuvo que es necesario "avanzar en los próximos 20 años con desarrollo sustentable inclusivo" y que "la economía verde inclusiva es el camino".
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Pero la propuesta –según la cancillería, una contribución inicial para elaborar la primera minuta del texto final que será negociado por todos los países miembros de la ONU– no satisfizo las expectativas de organizaciones ecologistas brasileñas.

El documento "está muy lejos" de un camino que "muestre la transición hacia una nueva economía", dijo a IPS el coordinador adjunto de Vitae Civilis, Rubens Harry Born, que participó de la consulta del gobierno para elaborar la propuesta, como parte del Foro Brasileño de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y Movimientos Sociales de Medio Ambiente y Desarrollo.

Para Born, el proceso de consulta fue "interesante" pero también "insuficiente". Se dispuso de apenas 20 días para debatir todos los temas, con una "visión muy limitada de consulta", dijo.

Por ejemplo, las ONG no tuvieron la oportunidad de debatir la propuesta con el Ministerio de Hacienda, que en cambio sí lo hizo con sindicatos y empresarios, explicó.

"Eso limitó el alcance de las contribuciones de la sociedad", opinó.

Born valoró como "insuficiente" el contenido que, entre otras propuestas generales, menciona un programa global de protección socio-ambiental que tenga como objetivo la garantía de ingresos para superar la pobreza extrema y garantice la calidad ambiental, la seguridad alimentaria, la vivienda adecuada y el acceso a agua limpia para todos.

"Lo que le falta responder al gobierno y a la sociedad es cuánto, cuándo, con qué recursos, metas y instrumentos se hará", consideró Born.

"Queremos cosas más tangibles, metas, y eso no queda claro en el documento", agregó.

Según el ambientalista, temas más novedosos, como la seguridad nuclear tras el accidente atómico que sufrió este año Japón, o los movimientos migratorios provocados por los cambios climáticos, no fueron considerados.

El gobierno propone adoptar metas de sustentabilidad, al estilo de los Objetivos de Desarrollo para el Milenio.

Sobre la base de un programa de economía verde inclusiva, "las negociaciones complejas para establecer metas estrictas y obligatorias podrían reemplazarse por objetivos rectores en áreas en las que hay amplia convergencia de puntos de vista", afirma la propuesta. "De modo similar a las metas del milenio, este enfoque puede guiar a los países hacia el desarrollo sustentable".

Se sugiere un Pacto Global para la Producción y Consumo Sustentable, que incluiría, entre otros elementos, las compras públicas mediante las cuales los gobiernos usen su capacidad para modificar patrones de producción y consumo.

Una iniciativa multisectorial para establecer estándares de consumo eficiente de energía, financiación prioritaria para el estudio y la investigación en desarrollo sustentable y un archivo de iniciativas son otros elementos del sugerido Pacto Global.

Brasil también propone que el uso del agua sea tratado de forma más integrada en el ámbito de la ONU.

Mientras el gobierno habla de energía limpia, no discute, por ejemplo, la cuestión de los subsidios a los combustibles fósiles, ni de cuándo apoyará las "fuentes renovables", cuestionó Born. Al mismo tiempo, agregó, "invertirá miles de millones en (explotar) el presal", que son los yacimientos de hidrocarburos bajo capas de sal, descubiertos en aguas profundas del océano Atlántico.

Tampoco se establecen metas claras sobre saneamiento, claves para regiones como África y América Latina. Unas 6.000 personas mueren por día en el mundo de enfermedades como diarrea, destacó Born.

Se trata de "propuestas extremadamente genéricas y abstractas", sostuvo Fábio Feldmann, exdiputado y exsecretario de Medio Ambiente de la sureña São Paulo.

"Temo que si quieren invitar a jefes de Estado del mundo entero para venir aquí a apoyar propuestas tan genéricas, la reunión no sea tan efectiva", dijo a IPS.

"Estoy muy preocupado porque no siento que existan propuestas efectivas en términos de medición, de aporte de recursos financieros, de metas" añadió Feldmann, quien fue también secretario ejecutivo del Foro Brasileño de Cambios Climáticos, entre 2000 y 2004, y del Foro Paulista de Cambios Climáticos Globales y Biodiversidad hasta 2010.

En su opinión, "no hay nada innovador" en relación a conferencias anteriores.

Feldmann concuerda con adoptar estándares de consumo energético, la mejora de la gobernanza mundial ambiental y el financiamiento prioritario de ciencia sobre desarrollo sustentable y economía verde. "Pero, operativamente, ¿cómo funcionaría todo eso?", se preguntó.

Para el ecologista Sérgio Ricardo, miembro y fundador de la Red Brasileña de Justicia Ambiental, se trata de "un discurso de economía verde y, en la práctica, una economía marrón", en referencia a los bancos estatales que financian iniciativas privadas no sustentables y al impulso de fuentes no renovables, como generadoras termoeléctricas y nucleares.

En cambio, estimó "muy positivo que se incluyan metas del milenio, como la reducción de la pobreza y de las desigualdades sociales". Con todo, "hay cierta distancia entre el discurso y la economía oficial", dijo a IPS.

La propuesta de Brasilia para el sector financiero –que tiene una "capacidad única de inducción y fomento de la economía internacional"– es un protocolo de sustentabilidad social y ambiental.

Un pacto para la economía verde inclusiva debería incorporar de forma obligatoria informaciones sobre conducta social y ambiental y gobernanza corporativa en los reportes anuales de empresas, bancos y fondos de pensiones, entre otros actores del sector privado.

Se propone asimismo la adopción de índices comparativos de sustentabilidad que sirvan de referencia para las inversiones en bolsas de valores.

"Concretamente, me gustaría saber qué significa eso en términos de legislaciones nacionales", apuntó Feldmann.

El canciller de Brasil, Antonio Patriota, aclaró que, una vez presentadas todas las propuestas oficiales a la ONU, comenzará la negociación de los documentos finales de la conferencia, que se celebrará del 4 al 6 de junio.

"Inmediatamente después del comienzo de 2012, entraremos en la fase de negociaciones intergubernamentales para llegar al documento final de Río+20", dijo a la prensa.

En junio de 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo constituyó un momento innovador.

Los gobiernos adoptaron la Agenda XXI, el primer plan detallado de medidas mundiales, nacionales y locales para alcanzar el desarrollo sustentable, y las convenciones sobre la diversidad biológica y el cambio climático.

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