Los inmigrantes, que años atrás fueron un factor clave para impulsar el desarrollo económico de España, ahora son quienes más sufren y pagan la severa crisis económico-financiera, que dejó a miles sin empleo y se manifiesta sobre todo en los sectores inmobiliario y turístico.
Como una suerte de vaivén histórico, el territorio español fue a mediados del siglo XX un gran emisor de emigrantes, en especial hacia el resto de Europa y América Latina, para luego ser receptor de fuertes contingentes de extranjeros, al punto de que ya suman unos siete millones los que llegaron de 1996 a la fecha, según el Instituto Nacional de Estadísticas (ENE).
Pero esa tendencia comenzó otra vez a involucionar con fuerza. Proyecciones del INE indican que más de 580.000 personas habrán dejado el país al finalizar el año, solo 50.000 de las cuales serán de nacionalidad española.
Y así como los inmigrantes que vuelven a sus respectivos países son en su mayoría obreros o empleados de menor nivel, los españoles que emigran son universitarios atraídos por buenos salarios y el interés de conocer y relacionarse en otra sociedades.
La Secretaría de Estado de Inmigración y Migración (SEIE), de España, registra que los ecuatorianos encabezan la marcha del regreso, al contabilizarse hasta fines de 2010 la salida del país de 10,8 por ciento de los radicados, seguidos de los argentinos, con 9,8 por ciento, los colombianos con 7,73, los peruanos con 5,5, los brasileños con 3,32 y de los cubanos con 3,5 por ciento.
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Estas son cifras oficiales, lo que implica que no figuren en ellas aquellas personas que ingresaron sin registrarse, en su mayor parte originarias del mundo árabe y de Europa oriental, que tampoco se registran al salir de su lugar de origen.
También son cifras oficiales las que indican que en 2010 fue la primera vez que descendió el número de inmigrantes procedentes de fuera de la Unión Europea (UE), ya que el ingreso fue de 1,45 por ciento menos que el año anterior, al totalizar poco más de 2,5 millones de personas con permiso de residencia vigente.
España registró hasta fines del año pasado algo más de 47 millones de habitantes, 4,9 millones de los cuales son extranjeros, que ahora aparecen como los más afectados por los efectos nefastos sobre el país de la crisis financiera nacida en 2008 en Estados Unidos y que contagió a la UE.
El desempleo entre los inmigrantes supera ya 30 por ciento, debido a que desde que estalló la crisis se destruyeron 2,2 millones de puestos de trabajo, dos millones de los cuales se perdieron en la construcción.
Esta situación amenaza con profundizarse. Técnicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) calculan que la desocupación en España crecerá del actual 20,3 por ciento de los activos a 23 por ciento en 2012, a fines del cual se espera que la economía comience a mejorar.
Pero no parece fácil que eso ocurra, según el análisis de Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, quien al pasar por Madrid declaró que "da la sensación de que no hay a la cabeza de la Unión Europea (UE) una generación política a la altura de la crisis apocalíptica que estamos viviendo".
"Cuando estalló la crisis se podía haber solucionado con un pequeño esfuerzo económico", pero "ahora, la gangrena ha subido… y no se sabe si el euro será capaz de resistir", añadió Ramonet en entrevista concedida a Diario Público.
También señaló que, "si Estados Unidos y la UE parasen, ambos amenazados por la recesión, China fabricará menos, dejará de exportar y de comprar los minerales que compra a Perú y Chile y los productos agrícolas que compra a Brasil y Argentina, por lo cual esos también América Latina dejará de crecer.
Por eso, el periodista pronosticó que "en 2013 o 2014 podemos encontrarnos con una recesión internacional".
En ese marco de incertidumbre en el mundo, la vicerrectora de postgrado de la sevillana Universidad Pablo de Olavide, Lina Gálvez Muñoz, puso su preocupación en el futuro de los trabajadores españoles e inmigrantes en este país.
"La situación de los trabajadores empeorará, en tanto aumentará la precariedad en el mercado de trabajo", debido a que el gobierno centroderechista del Partido Popular (PP), que asumirá el 21 de diciembre, es previsible que flexibilice aún más las relaciones laborales "debilitando la negociación colectiva", dijo Gálvez Muñoz a IPS.
"Puede empeorar la situación del trabajo femenino sobre todo, porque los planes de austeridad atacan principalmente al sector estatal, el mejor empleador de mujeres", precisó.
También "la disminución del gasto público social va a disminuir las oportunidades de ellas, que son las que realizan mayoritariamente el trabajo doméstico y de cuidados no pagado, en ausencia de corresponsabilidad de los hombres", sostuvo.
Con ello se limitarán mucho las oportunidades para que las mujeres desarrollen su carrera profesional y logren autonomía financiera y libertad para elegir su vida.
Gálvez Muñoz indicó que, según lo que se prevé que hará el futuro gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy, se producirá "un auténtico atentado social", con "un cambio de tendencia en el modelo de Estado que se ha dotado España desde la transición", tras la caída de la larga dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
Por todo eso, concluyó, la sociedad civil debe participar en lo público y en la política para avanzar hacia una sociedad más justa y equilibrada, "no necesariamente militando en un partido político pero sí tratando de no desentenderse de lo político".
La académica afirmó que "la actual ley electoral deja sin voz a muchas personas que querrían tenerla".
"Si la ciudadanía se preocupara más de lo político, nuestros gobernantes estarían gobernando para el bienestar de la mayoría de la ciudadanía y no para los intereses de la oligarquía que representa los intereses de las grandes empresas y las finanzas", dijo Gálvez Muñoz, tras considerar que falta un "empoderamiento ciudadano y democracia real".
