Examen de muestras genéticas, tribunales éticos y presión diplomática son las nuevas herramientas que organizaciones de inmigrantes quieren usar para combatir los abusos que padecen los indocumentados en México y Estados Unidos.
El Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide) logró estructurar un banco de datos de emigrantes desaparecidos, con el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el gobierno de esa nación centroamericana.
El banco "tiene una gran utilidad, pues facilita la labor de identificación y así crece la esperanza de los familiares de encontrar a los emigrantes desaparecidos", dijo a IPS la secretaria general y fundadora de Cofamide, Lucy de Acevedo.
"Era nuestro sueño más grande por la gran cantidad de casos y sin mucha información", añadió.
Desde 2010 se reunieron 143 muestras que se analizan y guardan en el estado estadounidense de Arizona, fronterizo con México, que ha permitido la identificación de dos hombres y dos mujeres salvadoreñas.
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Por su labor iniciada en 2006, el Comité ha logrado desde entonces conocer la identidad de 59 personas.
En la localidad de Pima, en Arizona, yacen 500 restos de inmigrantes no identificados, contra los cuales se comparan las muestras tomadas.
Miles de centroamericanos atraviesan cada año México, por su cuenta o guiados por traficantes de personas o "coyotes", para ingresar a Estados Unidos sin la documentación requerida. En su camino sufren robos, secuestros, maltratos o directamente son asesinados a manos de policías mexicanos o criminales, que usualmente trabajan en contubernio.
Al menos 130.000 centroamericanos indocumentados cruzaron México en 2010 y lograron cruzar hacia Estados Unidos, desde donde luego fueron deportados, según el Instituto Nacional de Migración de este país.
En Honduras avanza también la creación del banco genético, cuyos primeros pasos datan de enero de este año.
"Estamos recogiendo testimonios y documentos de casos. Esperamos que se empiecen a tomar muestras este mismo mes", declaró a IPS la coordinadora de la Pastoral de la Movilidad Humana de Honduras, Lidia de Souza.
Este ente trabaja con la Asociación Red de Comités de Migrantes y Familiares de Honduras, el Foro Nacional de Migraciones y el EAAF.
De Souza integra la Caravana de Madres Buscando a sus Hijos Desaparecidos en Tránsito, compuesta de parientes de hondureños y nicaragüenses perdidos en México, que partió el 29 de octubre de suelo centroamericano y que recorre nueve estados de este país para promover su búsqueda y alertar de los abusos contra los indocumentados.
En Honduras, el material genético será recolectado de 100 familias para cotejarlos con los datos de Arizona.
La desaparición de inmigrantes se agravó desde 2000 debido a la intensificación de la vigilancia fronteriza en Estados Unidos y el aumento de la actividad de los grupos criminales en México.
Tragedias como la matanza del 23 de agosto de 2010 de 72 indocumentados en la localidad de San Fernando, en el nororiental estado mexicano de Tamaulipas, han aguzado los temores de los parientes de los inmigrantes desaparecidos.
Esa masacre fue uno de los casos emblemáticos abordados por el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, que efectuó una audiencia en octubre de 2010 en Ecuador y otra al mes siguiente en México, y que serán la base de la mesa migratoria del capítulo mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).
"Queremos que los casos emblemáticos sean analizados dentro del Tribunal Permanente", indicó a IPS el coordinador del Tribunal de Conciencia y académico de la estatal Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Camilo Pérez.
"Con el Tribunal de Conciencia posicionamos el tema de la migración y los derechos humanos", señaló.
Dentro de los siete ejes del TPP se ubica el de las migraciones, refugio y desplazamiento forzado.
Este año se efectuarán talleres en Arizona y en al menos seis estados mexicanos que presentan fuertes fenómenos migratorios, mientras que se proyectan tres audiencias para 2012 y cuatro para el año siguiente. El proceso del TPP concluiría con una sentencia en 2013 o 2014.
En San Fernando sólo sobrevivió el ecuatoriano Freddy Lala, quien vive oculto bajo protección del gobierno de su país.
"Hemos documentado casos de ecuatorianos que han recibido malos tratos en México. Pero las familias están amenazadas y el gobierno no activa su diplomacia para la investigación", denunció a IPS Flor Haro, directora ejecutiva del Centro Familiar de Ayuda a Migrantes en Quito.
Las condiciones en que debe vivir Lala y la falta de justicia de su caso en México fueron denunciadas por Haro en su participación en el seminario "Los pueblos en movimiento: tribunales de conciencia, migración y derechos humanos", realizado el viernes 4 en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Desde 1994, cuando empezó el Programa Guardíán a cargo de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, han muerto 5.747 personas en la línea divisoria de ese país con México, en su intento por cruzarla, según datos de organizaciones de derechos humanos.
La Secretaría (ministerio) de Relaciones Exteriores de México calcula que 2.949 emigrantes de este país fallecieron desde 2004, de los cuales 955 no han sido aún identificados.
En su informe de septiembre titulado "Una cultura de crueldad. Abuso e impunidad en custodia de corto plazo de la Patrulla Fronteriza", la organización no gubernamental No Más Muertes indicó que entre 2009 y 2010 al menos 253 personas murieron en su intento de ingresar a Estados Unidos por Arizona.
Esa organización atribuyó las muertes a prácticas como la guía intencional de inmigrantes hacia regiones sin posibilidad de supervivencia y la dispersión grupal como táctica de detención, el bloqueo de esfuerzos de búsqueda y rescate y la destrucción de ayudas, como botellas de agua, comida y sábanas, que ubican grupos humanitarios en las habituales rutas de indocumentados.
Por eso, organizaciones de familiares de inmigrantes desaparecidos solicitaron que México elabore bases de datos, con material genético, sobre los indocumentados perdidos.
De hecho, la Cruz Roja propuso un protocolo común entre México, América Central y Estados Unidos para facilitar la identificación de las víctimas.
"Queremos un único registro regional con la base genética. Después de la comparación, queremos seguir en la búsqueda en otras morgues, no sólo en Arizona", enfatizó De Acevedo.
La mayoría de las desapariciones de hondureños "pudieron ocurrir en la frontera con Arizona, pues las últimas llamadas a familiares salieron de ahí", lo cual no exime de responsabilidad a México, según De Souza. La red de Comités de Migrantes y Familiares, que reúne a más de 30 organizaciones, maneja 300 casos comprobados y otros 300 están incompletos.
