Las microfinanzas en Argentina tienen un enorme potencial, pero un escaso desarrollo, según expertos, pese a que en América Latina es donde mejor se ha desarrollado este sistema de acceso al crédito para los sectores más vulnerables.
Pero Argentina ocupa un lejano puesto 43 en esta escala que encabezan Perú y Bolivia, en ese orden, según la valoración que hacen los investigadores en cuanto a su buen marco regulador y clima de negocios para las microfinanzas y al desarrollo institucional del área.
En diálogo con IPS, Martín Grandes, economista de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina (UCA), confirmó que este país es uno de los menos desarrollados en este rubro por cartera total y por número de prestatarios.
Grandes es uno de los autores del informe "La demanda potencial de microcréditos en Argentina", que acaba de publicar esta escuela de la UCA, donde se procuró identificar los obstáculos para el crecimiento de esta herramienta en el país.
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Los autores del estudio sostienen que las microfinanzas son un "mecanismo eficaz para reducir la pobreza y fomentar la inclusión social". Sin embargo, sus instituciones en Argentina están "subdesarrolladas" respecto de otros países de la región.
Y no es que en este país no haya necesidad, más allá de discrepancias en torno a la medición de los indicadores sociales. La consultora Equis y otras privadas afirman que alrededor de 20 por ciento de los 40 millones de habitantes viven en la pobreza, mientras que la última publicación del estatal Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ubica ese indicador en 8,3 por ciento.
En el sector social más desprotegido hay muchos potenciales demandantes de pequeños préstamos para consumos varios, incluida la vivienda, y también para experiencias productivas. Pero según Grandes hay apenas entre 80.000 y 100.000 microprestatarios activos.
El estudio analiza que la posible demanda, que se ubica entre quienes tienen trabajos informales, con salarios bajos, o están sin empleo, oscila entre 660.000 y 910.000, según las categorías que se tomen.
En esa demanda potencial, la investigación detectó que 61 por ciento son varones, la mayoría de entre 30 y 49 años, y que carecen de cuenta bancaria o tarjeta de crédito para acceder a una financiación a plazos.
El estudio sostiene, además, que entre las causas que ayudan a "desincentivar la actividad microemprendedora" se cuentan los programas de transferencia de ingresos del Estado a sectores vulnerables, como la Asignación Universal por Hijo que llega a menores de 18 años y con padres sin empleo o con trabajo precario.
No obstante, Grandes relativizó esa conclusión en la entrevista con IPS. Esos planes sociales, por "el contrario, no desalientan sino que son muy favorables para que la gente se anime a pedir créditos", aseguró.
El microcrédito en Argentina tiene un desarrollo relativamente reciente. A partir de la promulgación de una ley se creó en 2006 la Comisión Nacional de Microcrédito (Conami), que depende del Ministerio de Desarrollo Social.
La Conami tiene un fondo con el que suministra recursos a organizaciones no gubernamentales, cooperativas y otras instituciones sin fines de lucro para que ellas hagan préstamos a cambio de garantías solidarias, además de ofrecer asesoramiento técnico a los prestatarios.
Los recursos que maneja la comisión son de unos 100 millones de dólares, y los préstamos máximos a cada persona equivalen a 30.000 pesos (unos 7.000 dólares) con una tasa de interés subsidiada, ya que no puede estar por encima de seis por ciento anual.
También hay un organismo mixto, con recursos del Estado y privados, que presta a tasas más altas, que es el Fondo de Capital Social o Foncap. Y bancos públicos y privados que tienen líneas de crédito para pequeños emprendedores con tasas de mercado.
Para Grandes, el Estado argentino tiene voluntad de empujar el desarrollo del sector, pero está "descoordinado". A su juicio, el interés de seis por ciento anual que exige la ley para los fondos de la Conami "es ridículo, un regalo", sentenció.
El experto sostuvo que resulta imposible conseguir que crezca la oferta de préstamos de pequeña escala mientras continúe la inflación por encima de 20 por ciento anual, como estiman consultoras privadas, y con los altos costos operativos que exige el seguimiento de los microcréditos.
Además señaló que, a diferencia de otros países, en Argentina las normas no habilitan a que los fondos para microcréditos puedan también captar depósitos, ofrecer planes de microahorro y otros servicios financieros como los microseguros.
Esas herramientas de las microfinanzas ayudarían a hacer crecer el sector para que pueda fondearse con recursos propios. Pero hasta el momento esos pasos no se dieron, puntualizó.
