Delegados de unos 100 países reunidos hasta el 25 de este mes en Ginebra analizan si aprobar o no un controvertido nuevo protocolo de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales para permitir el uso de bombas de racimo fabricadas luego de 1980.
En la Cuarta Conferencia de Revisión de la Convención se debate una propuesta respaldada por Estados Unidos que también prevé producir, comerciar y almacenar ese tipo de armas.
Las bombas de racimo son armas diseñadas para estallar en el aire y liberar entre una decena y unos cientos de municiones más pequeñas. Cada una tiene el tamaño de una lata de refresco e impacta en una superficie equivalente a varias canchas de fútbol.
Cuando esas submuniciones explotan, disparan cientos de fragmentos de metal que viajan a la velocidad de una bala, lo que puede matar o herir seriamente a cualquiera que esté en su área de cobertura.
Actualmente la Convención prohíbe esas armas, requiere la destrucción de sus arsenales en un plazo de ocho años, y también ordena despejar en una década las áreas contaminadas por esas bombas, así como asistir a las víctimas.
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El protocolo propuesto "ofrece la única posibilidad de llevar a los principales usuarios y productores mundiales de municiones de racimo que representan entre 85 y 90 por ciento de los arsenales de bombas de racimo en el mundo, y no están en posición de integrarse a la Convención de Oslo- a una serie de prohibiciones y regulaciones legalmente vinculantes", dijo el líder de la delegación estadounidense, Phillip Spector, en su discurso inaugural, el día 14.
"La prohibición a las municiones de racimo producida antes de 1980, prohibiría, tras su ratificación y entrada en vigor, unos dos millones" de estas bombas, "lo que representa más de 100 millones de submuniciones, del arsenal total estadounidense de más de seis millones de municiones de racimo", planteó.
"En otras palabras, la norma previa a 1980 sola prohibirá más municiones de racimo para Estados Unidos que las que la Convención de Oslo prohibe para todos sus estados miembro combinados. Sabemos que el protocolo tendrá un fuerte impacto en otros estados también", agregó.
Spector también dijo que el borrador prohibirá inmediatamente la transferencia de todas las bombas de racimo que no poseen un mecanismo de salvaguarda, y comprometerá a los estados a ser parte de un marco legalmente vinculante y con un plazo determinado para la prohibición de todas las municiones de este tipo que no tengan esa salvaguarda.
Sin embargo, muchas importantes organizaciones humanitarias sostienen que el proyecto es inaceptable y que inevitablemente causará más muertes de civiles.
"Hemos atravesado este proceso al crear la Convención sobre Municiones en Racimo (también conocida como Convención de Oslo), para proteger a los civiles del daño que esas armas pueden causar", dijo a IPS el coordinador de la Campaña de Estados Unidos para Prohibir las Minas Terrestres y las Bombas de Racimo en Handicap International, Zach Hudson.
"Este retroceso es realmente inaceptable", señaló, agregando que con el objetivo de proteger a la población civil, ya existe "la ley más fuerte posible". La propuesta actual "perjudica esencialmente a la norma que creó la Convención sobre Bombas de Racimo", dijo.
Hudson opinó que Estados Unidos debería dejar de respaldar el protocolo propuesto y dejar de presionar a otros países para que apoyen una ley internacional "mucho menos estricta".
El presidente de la Cluster Munition Coalition y director ejecutivo de la división de armas de Human Rights Watch, Steve Goose, señaló que "las municiones de racimo fueron prohibidas hace tres años debido al daño inaceptable que causan a los civiles".
"Es censurable incluso considerar la creación de otra ley que permita su uso", enfatizó.
Un paso atrás
El informe Cluster Munition Monitor 2011 subraya el impacto positivo de la Convención sobre Municiones en Racimo, implementada en agosto de 2010.
"Luego de apenas un año en vigor, los avances logrados son importantes. Adoptar este protocolo constituirá un enorme paso atrás en el derecho humanitario internacional", dijo Paul Vermeulen, gerente de cabildeo y relaciones internacionales de Handicap International.
"Los estados que usan bombas de racimo se esconden detrás de este texto para legitimar su uso de estas armas, 98 por ciento de cuyas víctimas son civiles", agregó.
Según el informe, en 2010 los estados parte de la Convención destruyeron casi 600.000 municiones de racimo que contenían más de 64,5 millones de explosivos más pequeños. Casi 60.000 bombas de racimo sin estallar fueron destruidas en todo el mundo y se despejaron de minas unos 18 millones de metros cuadrados.
Aunque 31 países o territorios siguen contaminados con esta clase de armamento, más de la mitad de ellos se comprometieron a abolirlo firmando el tratado. Entre ellos figuran Afganistán y Líbano.
Sin embargo, Libia y Camboya, dos estados no-miembro, utilizaron municiones de racimo este año, y en el mundo se identificaron por lo menos 16.921 víctimas de estas armas. Más víctimas quedaron sin reportar.
De los 119 países firmantes de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, 76 también se unieron a la Convención sobre Bombas de Racimo. Pero aunque algunas de estas naciones, como Alemania, Australia, Francia y Gran Bretaña, prohibieron esas armas, también apoyan el nuevo protocolo.
Según Handicap International, el protocolo es débil y está repleto de excepciones y vacíos.
"El borrador es confuso", resumió Hudson a IPS.
