En la cumbre de América del Norte de 2009, el presidente mexicano Felipe Calderón retó a los críticos de su política de seguridad a que presentaran «un solo caso» impune de violación de derechos humanos. Human Rights Watch le respondió constatando 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 asesinatos.
Informes de organizaciones de la sociedad civil y de agencias internacionales advierten del aumento sistemático de agresiones a defensores a derechos humanos desde el lanzamiento, pocas semanas después de asumir el cargo Calderón en diciembre de 2006, del plan de lucha contra el narcotráfico con las Fuerzas Armadas en la primera línea de combate ciudadano.
Especialmente afectados han sido los defensores de inmigrantes, mujeres y de indígenas, así como los periodistas especializados en esta materia, sostienen los reportes.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, única institución estatal que tiene algún registro de estas agresiones, presentó este año su "Informe Especial sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos en México", en el que documenta 27 asesinatos de activistas y la detención ilegal de 60.
Según la Comisión, se han integrado 523 expedientes de queja relacionados con ataques a defensores humanitarios, con un aumento sostenido a partir de 2007. Sin embargo, entre ese año y 2010, la cantidad de agresiones se duplicó.
[related_articles]
La violencia cambió la vida de los ciudadanos comunes y afectó especialmente a los defensores de derechos humanos y periodistas, puntualizó José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), al presentar el miércoles 9 en la capital mexicana el informe "Ni seguridad. Ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico de México".
"El miedo es palpable, los riesgos son enormes y hay una sensación general de desamparo entre las víctimas. Nuestro objetivo es mostrarle a México, especialmente a las víctimas, que no están solos y ojalá que esto (el reporte) ayude a abrir el debate y cambiar la retórica oficial", añadió.
Organizaciones de derechos humanos de México emitieron, un día antes de la presentación de HRW, un alerta por las amenazas de muerte recibidas, a través de un correo electrónico, los hermanos Francisco, Héctor, Alejandro, Antonio y Emiliana Cerezo Contreras, fundadores del Comité Cerezo México y Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos.
Los hermanos Cerezo Contreras, tres de los cuales sufrieron cárcel por razones políticas, cuentan con un amplio archivo de documentos sobre desapariciones forzadas de personas.
HRW, la organización no gubernamental con sede en Nueva York cuyo informe recoge datos de solo cinco estados mexicanos, considera un fracaso la política de seguridad de Calderón. "No sólo no logró reducir la violencia, sino que además llevó a un incremento drástico de las violaciones de derechos humanos".
"Asumimos la responsabilidad de cada uno de estos casos porque hemos hecho un gran esfuerzo para verificarlos a lo largo de dos años de trabajo", dijo en rueda de prensa Vivanco.
La investigación, realizada en los norteños estados de Baja California, Nuevo León y Chihuahua, y en los sureños Guerrero y Tabasco, concluye que, en la mayoría de los casos que la organización pudo documentar, las víctimas eran personas de "origen humilde o de clase trabajadora" y no tenían ninguna relación con la delincuencia organizada.
Otra preocupación central de HRW es que, frente al "aumento significativo" de las violaciones a los derechos humanos, no hay investigaciones y las que hay "realmente son muy pobres".
La política de seguridad adoptada por el gobierno conservador de Calderón desde enero de 2007 le asignó a las Fuerzas Armadas un papel central en el combate al narcotráfico. Actualmente, más de 50.000 soldados están en operaciones de gran escala contra las mafias en México, a los que se suman miles de policías federales, aunque no se puede precisar la cantidad porque las autoridades se niegan a proporcionar el dato.
En ese lapso, México sufrió un aumento sostenido de la violencia, que se refleja sobre todo en la cantidad de homicidios presumiblemente relacionados con alguna forma de crimen organizado. Pasó de 2.826 en 2007 a 15.273 en 2010, según las cifras oficiales.
El gobierno federal reconoce más de 45.000 asesinatos relacionados con la rivalidad entre carteles de la droga durante este tiempo, pero Calderón y todo su gabinete ministerial sostenían hasta comienzos de 2011 que más de 90 por ciento de las personas asesinadas eran criminales y que las violaciones a los derechos humanos eran "casos aislados".
El informe de HRW no solo documenta 233 casos concretos en los que hay "pruebas creíbles" de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en cinco de las 32 entidades del país, sino que la Procuraduría General de la República (Fiscalía Nacional) solo tiene 997 investigaciones en curso y 22 condenas sobre un total de 45.000 asesinatos relacionados con la delincuencia organizada. En cuanto a la justicia militar, solo se concretaron 29 condenas de los 3.671 casos denunciados.
El documento añade que, entre 1994 y 2010, el gobierno mexicano abrió únicamente 89 investigaciones por delitos de tortura y solo hay dos sentencias condenatorias.
"Si esta práctica (de la tortura) es tan grave como creemos, lamentablemente las investigaciones judiciales están muy por debajo de las necesidades del país", indicó Vivanco.
"No estamos sosteniendo que sea una política de Estado, pero en los distritos que analizamos sí vemos que (la tortura para obtener declaraciones) es una situación sistemática", señala el texto.
El equipo de HRW presentó el documento, previamente a divulgación pública, al presidente Calderón, quien se ofreció a revisar cada uno de los casos enumerados.
"La propuesta de crear un equipo de seguimiento fue del presidente, al calor de la plática, pero no entramos en detalles. Yo tengo la obligación de asumir esta propuesta de buena fe y estamos dispuestos a trabajar en eso, espero en estos días retomar el contacto y ver bien cual es la idea del gobierno", explicó Vivanco.
Sin embargo, en un par de mensaje emitidos desde la Presidencia de México y de los ministerios de Gobernación (Interior) y Relaciones Exteriores, el gobierno insistió en que la principal amenaza para los derechos humanos son los criminales y que el gobierno tiene un "compromiso sin precedentes en materia de derechos humanos".
