«Hay fuertes indicios» de que el asesinato en la Amazonia de Brasil del ambientalista João Chupel está relacionado con las denuncias que realizó dos días antes sobre la explotación ilegal de madera en dos reservas en el norteño estado de Pará, afirmó el procurador Claudio Amaral.
Un poblador local advirtió a IPS, bajo la condición de no identificarse, que la situación era crítica en la zona y que "algo debe ocurrir en los próximos días".
"La comunidad espera una gran operación policial para controlar la acción de las empresas que retiran madera de la región de modo ilegal", admitió. Relatos de vecinos afirman que alrededor de 3.000 metros cúbicos de madera son sacados por día y más de 100 máquinas, camiones, y escavadoras son utilizadas para esa labor.
Chupel, de 55 años y presidente de la comunidad católica Nuestra Señora de Nazaré de su localidad, fue ejecutado de un disparo en la cabeza el 22 de octubre por uno de los dos hombres que llegaron en motocicleta hasta el taller en el que trabajaba, en la villa de Miritituba, en el sudoeste de Pará.
Hijo único de una pareja del nororiental estado de Maranhão, el ambientalista estaba casado con Aneli, con quien tuvo un hijo que a los 22 años murió electrocutado en un accidente laboral. Ella estaba con familiares en el vecino estado de Mato Grosso cuando le informaron del asesinato.
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La denuncia que el activista presentó a la policía se refiere a la Reserva Extractivista (Resex) Riozinho do Anfrísio y a la vecina Floresta Nacional Trairão, que abarcan 736.000 hectáreas en la región de Terra do Meio (Tierra del Medio), entre los ríos Xingu e Iriri.
Los delitos ambientales, como el señalado, son investigados por tres procuradurías en las ciudades de Altamira, Santarém y Belém, en el estado de Pará, pero el homicidio es atribución de la policía civil.
Dada a la complejidad del caso, las investigaciones están en estricto secreto, explicaron a IPS fuentes judiciales.
"Pedimos a la policía federal que se aceleren las pesquisas de los delitos contra el ambiente", explicó a IPS Amaral, el procurador de Altamira, uno de los responsables de acompañar la investigación en materia ambiental.
El Ministerio Público Federal (fiscalía) de Pará instó a la policía y a otras autoridades a que se investigue la muerte Chupel, protejan los testigos que haya del crimen y que actúen para terminar con la impunidad de los delitos que se perpetran en la Amazonia denunciados por el activista desde hace más de 15 días.
Chupel fue una víctima más de la violencia en la Amazonia por defender la floresta y denunciar prácticas de extracción ilegal de madera y la apropiación fraudulenta de tierras fiscales a través de la falsificación de documentos (grileiros), alertan activistas como Marcelo Salazar, coordinador adjunto del Programa Xingú del no gubernamental Instituto Socioambiental (ISA).
"Él denunció todo el esquema de explotación de maderas en Riozinho do Anfrísio", precisó Salazar a IPS.
El esquema de sustracción de madera denunciado por Chupel ocurre dentro de los límites de la reserva, en su porción oeste, cerca de la Floresta Nacional Trairão y en el acceso al Asentamento Areia, montado por una empresa hace una década para extraer la madera de modo irregular.
Son muchos los intereses en juego en la reserva de Riozinho, que van desde la especulación inmobiliaria, la venta de recursos naturales y el blanqueo de dinero.
Luiz Vagner, responsable de la reserva de Riozinho por orden del estatal Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), admitió a IPS que los intereses madereros son dominantes y ponen en riesgo hasta la supervivencia de los lugareños que se dedican a colecta de semillas oleaginosas y frutos.
"¿Será que vamos a volver al tiempo del Far West (el violento e histórico lejano oeste estadounidense?, se pegunta con tristeza Wilmar Santin, obispo de Itaituba, la ciudad cercana a Miritituba en los márgenes del río Tapajós.
"Estoy muy conmocionado; lo conocí de cerca, tuve varios encuentros con él y era una persona muy alegre y animada. Yo le dije que tuviera cuidado cuando hablé con Chupel en agosto sobre sus denuncias", precisó el prelado.
"No creía que podría ser atacado, solo quería mejorar la región donde vivía. En ese punto, fue ingenuo", añadió, tras indicar que seguramente el asesinato fue "encomendado". El 20 de octubre, el activista testimonió por cuatro horas en la sede de la policía federal de Altamira.
Dos testigos del asesinato informaron que el arma utilizada era de uso profesional, que el disparo entró por la frente y salió fragmentado por detrás de la cabeza, y que el asesino era un hombre muy bien vestido y desconocido en la zona, detalló el obispo.
Según informaciones de la católica Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), Chupel dejó registrada varias veces las amenazas que sufría tanto ante la policía local y la federal como en el Instituto Chico Mendes.
La CPT señaló que la operación contra el robo de madera de la reserva llevada a cabo por el Instituto Chico Mendes y las fuerzas de seguridad nunca tuvo éxito, y todas las noches siguen saliendo entre 15 y 20 camiones cargados.
La falta de seguridad en la región motivó la suspensión de la operación. Hay informaciones de que un soldado del ejército se enfrentó con grupos de personas en la selva y se perdió por cerca de cinco días en la floresta. Tras este hecho, la fuerza militar retiró su apoyo.
El obispo Santin responsabiliza las autoridades y el gobierno nacional de Dilma Rousseff por esta otra vida que se cobran los delitos ambientales en la Amazonia. Según la CPT, al menos 20 personas fueron asesinadas en esta región desde 2005.
