Combatir la desnutrición no solo implica poner comida en todas las mesas, todos los días, comprueba la IV Conferencia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Brasil, que se celebra en la capital del nororiental estado de Bahía.
Organizada por el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea), un ámbito en el que confluyen los gobiernos federal, estadual y municipal, y la sociedad civil organizada, su lema es "alimentación adecuada y saludable: un derecho de todos".
"Es hora de analizar los avances obtenidos y enfrentar los nuevos desafíos", dijo el presidente del Consea, Renato Maluf, al convocar a unos 2.000 participantes nacionales a firmar "un gran pacto por la soberanía y seguridad alimentaria y por la promoción del derecho humano a una alimentación adecuada".
En los ocho años de mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) se aplicaron programas de transferencia de renta familiar y de combate al hambre que ayudaron a sacar de la pobreza a más de 20 millones de personas y a reducir en 61 por ciento la desnutrición infantil en este país con 192 millones de habitantes.
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Otras iniciativas, como la merienda escolar, que atiende a 47 millones de niñas, niños y adolescentes con hasta 30 por ciento de alimentos producidos por la agricultura familiar, estimularon a su vez las economías locales y mejoraron otros índices de salud y educación.
"Ya no son políticas compensatorias. Nadie duda del compromiso brasileño con el combate al hambre y con el desarrollo del país", subrayó el director electo del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), José Graziano da Silva, uno de los artífices de esas políticas al inicio del gobierno de Lula.
Con experiencias como esas, ahora Brasil está preparado para dar al mundo "aportes en tecnología social", agregó.
Pero Maluf reconoció a IPS que, si bien hubo "una importante reducción de hambrientos absolutos", todavía existen algunas manifestaciones de carencia absoluta, sobre todo en grupos más vulnerables como indígenas y "quilombolas", comunidades de descendientes de africanos que huyeron de la esclavitud.
El delegado indígena guaraní Delisso Santos Martins, del sudoccidental estado de Mato Grosso do Sul, explicó a IPS que en su comunidad los problemas de alimentación y nutrición se agravan por la pérdida de tierras originales. "No tenemos tierras para producir, y comprar alimentos afuera es caro", lamentó.
Maluf también se refirió a la calidad nutricional de lo que se come.
"Nuestros diagnósticos están avanzando en la dirección de ya no hablar del hambre genéricamente, sino también de deficiencias nutricionales más específicas, que los especialistas llaman 'nutrideficiencias'", es decir falta de algunos componentes nutritivos, o micronutrientes, dijo.
El abogado Leonardo Ribas, consejero de seguridad alimentaria del sureño estado de Río de Janeiro, mencionó una investigación cualitativa encomendada por el Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre, que reveló esas deficiencias entre los beneficiarios del programa Beca Familia, que entrega subsidios a los hogares cuyos hijos son enviados a la escuela y reciben atención de salud pública.
"Se constató que con el incremento de ingresos, los beneficiarios aumentaron su acceso a la alimentación, pero algunas familias permanecían en estado de inseguridad alimentaria", dijo Ribas a IPS.
Una explicación, entre otras, es que "los alimentos que conseguían comprar eran inseguros desde el punto de vista alimentario y nutricional porque, obviamente, la alimentación consumida por la población urbana es más industrializada y procesada", dijo.
Ribas cree necesario estimular, por ejemplo, las producciones adaptadas a prácticas y riquezas locales, como las frutas autóctonas, lo que promovería a su vez el acceso a alimentos más saludables, nutritivos y baratos.
Esta conferencia es la primera del gobierno de Dilma Rousseff, del mismo Partido de los Trabajadores (PT) de Lula. La iniciativa de la mandataria, "Brasil sin Miseria", busca llegar a 16 millones de habitantes que todavía viven en la extrema pobreza.
Pero los esfuerzos comenzaron antes de la gestión del PT. Desde la primera conferencia, en 1994, se lograron tres importantes objetivos gracias a la unidad de acción de gobiernos y sociedad civil en el Consea, según la ministra de Desarrollo Social, Tereza Campello.
El primero fue colocar el combate al hambre en el centro de la agenda oficial, el segundo, impulsar la agricultura familiar, que lleva alimentos a la población más vulnerable y mejora la economía rural, y tercero fue construir "una alternativa efectiva para un nuevo modelo de desarrollo económico que garantiza la inclusión social de millones de brasileños", dijo Campello.
El encuentro del Consea intenta articular un Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria de todos los estados, y también aborda la cuestión del elevado consumo de agrotóxicos.
Brasil, una potencia agropecuaria, ocupa el primer lugar en consumo de herbicidas, fungicidas e insecticidas agrícolas.
"No puede haber agricultura familiar con agronegocio. No hay calidad de alimentos con alimentos que vienen intoxicados", destacó una delegada de las comunidades tradicionales, la campesina Alayde de Souza, que trabaja como "rompedora de coco", el fruto de la palmera babasú, en el norteño estado de Maranhão.
La conferencia debe discutir también la producción de granos transgénicos, y la obesidad, "un problema de seguridad alimentaria grave en Brasil", que ya es de salud pública, "especialmente en la población más pobre", agregó Maluf.
Según el Ministerio de Salud, 49 por ciento de la población tiene sobrepeso y 16 por ciento sufre obesidad.
Otros grupos abordarán asuntos mundiales, como la carestía alimentaria que también afecta a este país. "No se puede erradicar la miseria con alimentos a precios crecientes", concluyó Maluf.
