El anuncio del gobierno colombiano de discutir una nueva reforma del sistema de pensiones, a partir del año próximo, puso de nuevo sobre el tapete la grave situación que afronta la mayoría de las personas retiradas, con bajos o nulos ingresos, escasa cobertura de salud y hasta maltratos.
"Alrededor de 10 por ciento de los 46 millones de colombianos tienen más de 60 años, solo 1,3 millones de ellos son pensionados y los restantes deben de sobrevivir con sus ahorros o seguir trabajando, enfrentando la edad y las consecuentes dificultades de empleo", aseguró el presidente de la Confederación Colombiana de Personas Mayores, Roberto Chamucero.
Por ello una gran mayoría son dependientes de otros adultos o caen en la indigencia, añadió.
Tal como describió tiempo atrás la representante en Colombia del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), Tania Patriota, en este país los adultos mayores, entre otros males, tienen en general "mala calidad de vida y de salud, baja cobertura en pensiones y pocas oportunidades laborales, altos niveles de pobreza, menos formación que los activos y, en muchos casos, afrontan la responsabilidad del cuidado de menores.
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"Falta promoción de derechos y legislación, reconocimiento de los mayores, detección de violencia doméstica y denuncias de los agredidos", sostuvo la psiquiatra Lina González, de la no gubernamental Fundación Saldarriaga y Concha, en ponencia compartida con IPS.
"En 2009 se reportaron en Colombia 6.944 casos de violencia contra personas mayores, como homicidios, lesiones personales, maltrato intrafamiliar y suicidios", agrega el documento con estadísticas del estatal Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
"Las principales causas del maltrato son la economía y la sobrecarga del cuidador", anotó González.
En la economía, porque muchos hijos adultos dependen de los padres, considerando que es su obligación; y, si son los hijos quienes proveen, tienden a "cobrar" esa manutención.
"Otra situación que incrementa esta problemática es la enfermedad y dependencia entre el anciano y el cuidador, generalmente una hija, que por agotamiento puede volverse agresiva", agregó González.
Situaciones con orígenes sociales porque, "en general, se habla de la vejez como una realidad que no nos tocará", explicó Dulcey Ruiz, de 67 años, especialista de vasta trayectoria en investigaciones sobre adultos mayores e integrante de la Red Latinoamericana de Gerontología.
"Es cierto que ahora somos más evidentes porque somos más. Pero la realidad no coincide con la profundidad del conocimiento y las circunstancias del envejecimiento", agregó.
Como ejemplo, se refirió a la actual discusión en torno a la formulación de la Política Nacional sobre Envejecimiento y Vejez, del estatal Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), responsable de la planificación de estrategias públicas de gobierno.
"Porque consideramos relevante el tema de la seguridad social en la vejez, lo mencioné en una reunión consultiva del Conpes, y me respondieron: no es posible detenernos en el tema de la seguridad social, porque para ello hay otras instancias y normas", narró.
"En estas condiciones, el documento Conpes será solo un paño de agua tibia" para esa franja etaria, enfatizó Dulcey Ruiz.
En igual sentido opinó Roberto Chamucero. "Es cierto que en los últimos cinco años ha mejorado la normativa para los mayores, pero solo en el papel. Por ejemplo, el Consejo Nacional del Adulto Mayor lo conforman 14 representantes del gobierno y uno de la sociedad civil. Eso significa no tener voz, y, además, no se cita a reuniones", señaló a IPS.
De espaldas a este contexto, el gobierno de Juan Manuel Santos anunció la presentación de una propuesta de reforma del sistema de pensiones, que empezaría a ser discutida en enero.
Hasta ahora, se mencionan aumentos en la edad para el retiro y en la cantidad de años de trabajo acumulado y de aportes realizados al sistema de seguridad social.
Sin embargo, el contenido de cinco leyes, siete decretos y dos resoluciones emitidas al respecto durante los dos periodos de gobierno del derechista Álvaro Uribe (2002-2010) aún no se han hecho efectivas en su totalidad.
Por ejemplo, la Ley 797 de 2003 determinó el aumento "en 2005 a 1.050 semanas de trabajo para acceder a la jubilación. Desde 2006, cada año, aumentarán 25 semanas, hasta llegar al total de 1.300 en 2015".
Es que las reformas anteriores tuvieron en cuenta grupos poblacionales, según la edad y el tiempo de cotización al momento de la reforma. En el llamado Régimen de Prima Media con Prestación Definida determinó que desde "el 1 de enero de 2014 la edad para acceder a la jubilación aumentará a 57 años para las mujeres y a 62 para los hombres, y el número de semanas subirá a 1.000".
En el marco latinoamericano, Colombia hace parte de los países en "transición demográfica moderada, junto a Perú, México y Brasil. Pero, el crecimiento de la población de 60 y más años es el más rápido de todos estos países del grupo", indican documentos de Unfpa.
Por tanto es necesario actuar de manera inmediata. "Es un propósito profesional, aun cuando no alcancemos a ver los resultados", afirmó Dulcey Ruiz, destacando un amplio número de organizaciones no gubernamentales y grupos de estudio universitario.
"Buscamos representación legislativa para que se impulse la organización de personas mayores, la aprobación de un subsidio social universal para mayores de 65 años en condiciones de necesidad, que garantice sus derechos y subsistencia", indicó Chamucero.
"Promovemos la transformación de la cultura en el conjunto de la sociedad, hacia un envejecimiento digno, activo y participativo. Por eso también trabajamos por un Convenio Internacional que recojan cabalmente los derechos y la forma como la sociedad y el Estado deben hacerlos realidad", añadió.
Aún no se prevén respuestas. "Creemos que se necesitaría de una reacción equiparable a un tsunami social", concluyó Dulcey Ruiz.
