«Mumtaz Qadri actuó dominado por sus emociones y no debe ser condenado a muerte», opinó Mufti Mohammad Naeem, fundador de la Universidad Internacional Jamia Binoria, seminario religioso de esta meridional ciudad portuaria de Pakistán.
Naeem reconoció que "Qadri no debió haber hecho justicia por mano propia", pero su acto fue un reflejo de "su adoración al profeta Mahoma, lo que hubiera hecho cualquier musulmán".
La discusión sobre el máximo castigo coincide con la celebración este lunes 10 del Día Mundial contra la Pena de Muerte.
Pakistán es uno de los 23 países con ese castigo extremo vigente, afirmó la organización humanitaria Amnistía Internacional, con sede en Londres. El año pasado fueron sentenciadas al máximo castigo 365 personas, aunque desde diciembre de 2008 hay una moratoria de hecho sobre las ejecuciones.
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Este lunes 10 de octubre se cumplen 1.040 días sin que muera ningún convicto.
Qadri, uno de los policías de la custodia de Taseer, acribilló a balazos al gobernador el 4 de enero y luego se rindió.
El juez Syed Pervaiz Ali Shah desestimó el argumento de que Qadri asesinó al gobernador por sus declaraciones "blasfemas". El sonado proceso se realizó dentro de la prisión de Adiyala, de la ciudad de Rawalpindi, en la provincia de Punjab.
El dictamen judicial tuvo variadas repercusiones.
"Es raro que una condena a muerte me genere alegría y esperanza", escribió en su tweeter el comediante Sami Shah.
"Estoy en contra la pena de muerte, no quiero que cuelguen a MQ. Pero es importante que sea condenado y castigado", escribió la periodista y defensora de los derechos humanos Beena Sarwar.
"Quién protege al juez y a la comisaría", se preguntó el periodista Osama bin Javaid, del canal DawnNews.
"Nuestro rechazo a la pena de muerte está basado sobre un principio que no puede quedar comprometido por ningún incidente", dijo I. A. Rehman, director de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, que siempre abogó por la abolición del castigo extremo.
La pena de muerte hace que el Estado "institucionalice la venganza privada", señaló Rafia Zakaria, asesora legal del capítulo estadounidense de Amnistía, quien se opone al máximo castigo en "este o cualquier caso", dijo a IPS.
"La justicia dicta un castigo, no toma represalia y toma venganza", remarcó. La actitud de Qadri es "reprensible", pero la mejor condena sería cadena perpetua.
"No creo que ahorcar a Qadri sirva como elemento de disuasión", dijo a IPS la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Zohra Yusuf. "La gente como él está orgullosa de sus acciones, al igual que un atacante suicida", apuntó.
"No existe un caso especial", coincidió. "Esa perspectiva es la que socava el derecho y en sus varias iteraciones deslegitima el sistema legal", añadió Zakaria.
"Hay una diferencia entre nuestra posición y la multitud que protesta contra el veredicto", subrayó Rehman. "Estamos contra de la pena de muerte, pero consideramos que Qadri es responsable y debe ser castigado, en cambio los agitadores están a favor, pero sostienen que no cometió ningún delito", explicó.
El veredicto fue emitido tras meses de campaña de grupos religiosos fundamentalistas que tildaron a Qadri de héroe. Después del asesinato fue engalanado y bañado con pétalos de rosa. Muchos de sus simpatizantes prometieron defenderlo.
La Comisión de Derechos Humanos abogó una vez más por la abolición "por las importantes fallas bien documentadas de la ley, el proceso judicial, los métodos de investigación policial, la corrupción endémica y los prejuicios culturales contra mujeres y minorías religiosas", arguyó.
"Si bien están suspendidas las ejecuciones desde diciembre de 2008, el castigo rige para más de 20 delitos y los jueces siguen dictando la pena a un ritmo similar al de antes de la moratoria. La Comisión reclama su abolición y urge que hasta que eso ocurra, la moratoria debe ser formal", añadió.
Antes de asumir el cargo, el primer ministro Yousaf Raza Gilani prometió "desalentar las condenas a muerte". Pero en vez de disminuir la cantidad de delitos pasibles de recibir el castigo extremo agregó el de "ciber-terrorismo", siendo 28 las faltas a las que se aplica la pena máxima.
Cuando se creó Pakistán, en 1947, solo tres delitos se castigaban con la muerte: homicidio y traición.
En el marco del fervor suscitado por el fallo contra Qadri, muchas personas consideran que no es el momento de reclamar la abolición ni la moratoria. "Pero nunca es el momento adecuado", arguyó Yusuf. "La discusión debe comenzar", sostuvo.
"El debate debe centrarse en cómo atenuar su uso hasta que se tomen medidas para derogarlo en forma definitiva", dijo a IPS el abogado Waris Husain, de 24 años, también investigador del Instituto de Medio Oriente, con sede en Washington.
Si la sociedad avanza al punto de rechazar la pena de muerte, eso se reflejará en la justicia y en el parlamento, arguyó. "Por desgracia, el público no tiene ese entusiasmo, en especial por la amenaza terrorista", añadió.
