«Me siento mal. Me hicieron tener falsas esperanzas», lamentó María Herrera, uno de los pilares del movimiento pacifista mexicano que encabeza el poeta Javier Sicilia, horas después del segundo encuentro con el presidente Felipe Calderón.
"Había creído en ellos, pero pienso que nos engañaron", dijo a IPS Herrara, originaria de un poblado del occidental estado de Michoacán, que suma 19 personas desaparecidas durante la administración de Calderón.
La fractura del diálogo al que apostó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad parecía previsible, después de que el gobierno federal pospuso en dos ocasiones la reunión y cambió el formato para incluir voces afines a su política militar.
"No espero mucho", había declarado el propio Sicilia días antes.
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Pero este viernes 14 el mandatario cerró totalmente la puerta a dos demandas centrales del movimiento: un viraje de la política de seguridad militar y la creación de una comisión de la verdad para deslindar responsabilidades sobre los crímenes, ante las incontables denuncias de violaciones por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
"Lo que vimos fue una clara intensión del gobierno de diluir el movimiento", dijo a IPS Magdiel Sánchez, responsable de la logística de las caravanas por la paz que han cruzado el país de norte a sur.
"Calderón habló de otra cosa, no del diálogo, de peticiones ni de las mesas de trabajo. Su discurso y el de su gabinete ministerial eran como informes de gobierno, y se veía claramente la intención de disminuir el peso del movimiento, hacerlo parecer como uno más", dijo el joven activista.
El movimiento pacifista surgió a partir del asesinato de Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta, el 28 de marzo pasado.
Desde entonces, miles de seguidores de Sicilia han exigido el cambio de la política de seguridad, basada en la militarización, a la que atribuyen la multiplicación de la violencia que incluye cerca de 50.000 personas asesinadas y más de 10.000 desaparecidas desde enero de 2007.
Las movilizaciones masivas obligaron a una reunión sin precedentes en México entre Calderón y los familiares de las víctimas, el 23 de junio. Ahí se definieron cuatro mesas de trabajo y el gobierno ofreció una nueva reunión para evaluar los resultados en tres meses.
El 28 de septiembre, una semana después de cumplido el plazo, el subsecretario de Gobierno del Ministerio del Interior, Juan Marcos Gutiérrez González, informó a los representantes del movimiento que la reunión se realizaría en un nuevo formato, en un lugar cerrado a la prensa y con "otros grupos sociales" interesados en el tema de la seguridad.
Dos semanas de negociaciones derivaron en una propuesta mixta: la mitad con el formato anterior y la mitad con el nuevo.
Los otros invitados fueron Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, empresarios que después del asesinato de sus hijos crearon organizaciones civiles para trabajar propuestas de seguridad, pero que se consideran afines a la estrategia del gobierno.
Miranda de Wallace recibió del gobierno el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2010 por su trabajo, centrado en la revisión y certificación de los cuerpos policíacos. Sin embargo, esta empresaria es promotora de implantar la pena de muerte.
Martí se ha concentrado en las reformas penales que garanticen derechos de las víctimas, pero también defiende la Ley de Seguridad Nacional, impugnada por todas las organizaciones de derechos humanos debido a que entienden aumenta las facultades del Poder Ejecutivo para el uso del ejército.
Además, en esta ocasión Presidencia controló el acceso de los medios y no permitió la entrada a la reunión a familiares de víctimas que protestaron afuera del castillo de Chapultepec.
"Nos tuvieron ahí afuera, como animalitos en un corral. Y yo les preguntaba a los policías: ¿qué, le temen a un grupo de pacifistas?" "Sería honorable que así como custodian al mandatario y a los legisladores también cuidaran a los ciudadanos", contó a IPS Arturo Malvido, quien se unió al movimiento en busca de justicia para su hermano asesinado.
La reunión fue precedida por el asesinato, el 6 de este mes, del comunero Pedro Leyva, en Santa María Ostula, una comunidad indígena cercada por paramilitares.
El comunero era delegado del Movimiento por la Paz para las mesas de diálogo con el gobierno.
Sicilia inició su intervención con una demanda del esclarecimiento de este asesinato y reprochó al presidente que después de tres meses de diálogos mantenga su estrategia de seguridad.
"Sus decisiones provocan el surgimiento de paramilitares", acusó el escritor, que en las últimas semanas ha advertido que quizá esta sea "la última oportunidad de un movimiento pacífico".
Luego llamó a una movilización para el 31 de este mes y el 1 de noviembre, fechas en las que en México se conmemora a los muertos. "Llamamos así a los mexicanos y mexicanas a hacer uso de todas las formas pacíficas de resistencia civil contra la violencia; es el momento frente al horror y la fractura del Estado de darnos las formas de organización necesarias, siempre pacíficas, para resistir juntos tanto la violencia criminal como la oficial y refundar el Estado", insistió.
