La decisión gubernamental de expropiar 25 haciendas para entregar 15.800 hectáreas de tierras en propiedad colectiva a comunidades yukpa del noroeste de Venezuela repara parcialmente una vieja deuda con esa etnia caribe, aunque deja abiertas interrogantes sobre su desarrollo y el de la región.
Una pregunta es si definitivamente se cancelarán los proyectos, estatales y de trasnacionales, enmarcados en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), para ampliar la explotación de carbón y otros minerales que ya se realiza tanto al norte de la zona yukpa como del lado colombiano de la frontera.
"Llama la atención que fueron delimitados terrenos en las zonas más orientales del territorio reivindicado por los yukpa, distanciadas de la Sierra de Perijá, más al occidente, que también han sido su hábitat", observó a IPS Juan Romero, diputado opositor por el noroccidental estado de Zulia.
Una explicación, según Romero, "podría estar en que el Estado se reservaría una franja para una eventual explotación de esos recursos" en la Sierra de Perijá, una cadena montañosa que en dirección sur-norte marca parte de la frontera con Colombia.
La mayoría de los yukpa, alrededor de 10.000, viven en Venezuela, pero algunas comunidades persisten en la zona colombiana de la Sierra, a donde se replegaron tras el avance de explotaciones agropecuarias y minerales a lo largo del siglo XX en las zonas llanas de uno y otro lado de la frontera.
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En el caso de Venezuela, esas zonas llanas son las ubicadas al occidente del petrolífero lago de Maracaibo, con centenares de establecimientos que son la primera región productora de leche y carne vacuna en este país.
La mayoría de los ganaderos llegaron al lugar tras las primeras prospecciones petroleras, a comienzos del siglo XX, y sus posesiones avanzaron en detrimento de territorios que reivindican como de sus ancestros los indígenas yukpa, sus parientes japreria (un puñado de familias) y los barí, más al sur, un pueblo de raíz chibcha.
En las últimas décadas, comunidades yukpa —también barí— han avanzado sobre haciendas o se situaron a sus márgenes, generándose conflictos con los "watía" (criollos), con algunos indígenas wayúu (de la península de la Guajira, más al norte) instalados como aparceros, e incluso entre grupos de la misma etnia.
Tres indígenas murieron en un incidente entre yukpas en octubre de 2009, después de que el gobierno de Hugo Chávez reconoció a varias comunidades yukpa un lote de terreno de unas 40.000 hectáreas, pero mantuvo sin delimitar el resto del territorio reivindicado, más de 200.000 hectáreas, incluidas áreas con ricas vetas carboníferas.
"Ese carbón no van a explotarlo, al menos no sin el consentimiento de los yukpa, porque buena parte está bajo las haciendas que el gobierno ha decidido entregar a sus comunidades", declaró a IPS el antropólogo Lusbi Postillo, de la organización Homo et Natura, que acompaña las luchas indigenistas desde hace un cuarto de siglo.
Al norte de Perijá, en las estribaciones de los Montes de Oca, la mina colombiana de Cerrejón contiene reservas carboníferas probadas de 900 millones de toneladas y produce 32 millones de toneladas anuales, en tanto la venezolana de Guasare tiene unos 400 millones de toneladas en reservas y produce 6,8 millones de unidades al año.
"Sin duda faltan muchas más tierras para completar la totalidad del territorio yukpa señalado y autodemarcado, así como otras conquistas vinculadas, como el derecho a la libre determinación, a la autonomía o autogobierno, a la jurisdicción indígena, y al uso de los recursos naturales dentro de su territorio", dijo Portillo.
"Pero la decisión del presidente Chávez, anunciada por su vicepresidente Elías Jaua, nos produce una alegría infinita, y se lo reconocemos. Nunca es tarde cuando la dicha llega", postuló el antropólogo.
Jaua pidió a los indígenas yukpa, al cortar simbólicamente los alambrados de una de las fincas el 12 de este mes, que "nos ayuden a salirnos de las desviaciones y a rescatar los valores originarios como el trabajo común, la solidaridad y la hermandad, a construir un socialismo indoamericano".
El vicepresidente aseguró que "las personas que trabajaban e invirtieron recursos en los 25 predios que recuperó el gobierno para la etnia yukpa serán indemnizadas y se les ayudará a conseguir otras tierras para que continúen con su actividad productiva".
"Hemos propuesto un arreglo pacífico para la toma de estas tierras y todo lo que haya que pagar para que los yukpa puedan ocupar los predios será cancelado", aseguró Jaua.
Durante años, el gobierno había rechazado la tesis de pagar las "bienhechurías" (mejoras realizadas por los ganaderos y agricultores sobre sus predios) como reclamaban barí y yukpa para zanjar sus largas contiendas con los ocupantes criollos.
Varios ganaderos afectados han dicho que aceptarán de buen grado la devolución de sus tierras siempre y cuando el gobierno les pague las bienhechurías y que, entretanto, prevén permanecer en las haciendas bajo la vigilancia militar que se les ha impuesto.
"Es que la reputación del gobierno como pagador es muy mala. Por eso los ganaderos están dispuestos a permanecer trabajando en sus fincas hasta que el gobierno se ponga a derecho", dijo el presidente de la Federación de Ganaderos, Cipriano Heredia.
Miguel Rincón, del gremio Ganaderos de Machiques (principal ciudad de la zona), advirtió que "las 25 fincas afectadas, 10 ya ocupadas por los yukpa y otras 15 que se les entregarán, con unas 20.000 cabezas de ganado, representan una producción de 2.000 novillos al año y 25.000 litros de leche al día".
"Esa producción está en riesgo de perderse, en este país importador neto de carne y leche, porque la experiencia en las haciendas ocupadas por los indígenas es que consumen lo que encuentran, lo comercian al mejor postor e incluso venden parcelas de tierra a wayúu y campesinos criollos, y luego abandonan el lugar", señaló Rincón.
También Romero advirtió que el gobierno ordenó tomar los establecimientos rurales sin esperar el trabajo de una Comisión de Demarcación de territorios indígenas que depende del Ministerio del Ambiente, y sin presentar estudios socio-productivos previstos por la legislación para asegurar la viabilidad económica de los nuevos predios indígenas.
En cambio, la líder Reina Ubiriche, cacica de la comunidad yukpa El Tokuko, en las estribaciones de la Sierra, aseguró que habían recuperado "lo que nos fue arrebatado". "Trabajaremos la tierra y el fruto de ella será nuestro agradecimiento", puntualizó.
