La creación de una comunidad civil para conducir la política de defensa de Honduras, que retome el estancado proceso de desmilitarización del país tras el golpe de Estado de 2009, resalta entre los principales desafíos propuestos por académicos y activistas.
Las secuelas del derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, hecha efectiva por un comando militar que lo llevó sin escala a Costa Rica, son tan profundas que "los militares creen que la patria está a su servicio y no al revés", dijo a IPS Edmundo Orellana, exfiscal del Estado y exministro de Defensa.
"Después del golpe de Estado hemos regresado a un pasado ignominioso y ahora vemos como militares retirados, pero aún con fuertes vínculos con la jerarquía de las Fuerzas Armadas, tomaron el control de entes claves que les habían sido quitados, evidenciando que la historia castrense en Honduras tiene un gran peso", acotó.
Orellana fue ministro de la Defensa del gobierno de Zelaya, aunque renunció una semana antes del golpe por discrepancias sobre el perfil y posicionamiento que ese gobierno estaba dando a los militares, además de no compartir el proyecto de consulta popular de reformas políticas, tras ser declarado ilegal por un tribunal de justicia.
Junto a varios académicos y organizaciones civiles, el exfuncionario participa de un proyecto que busca impulsar reformas constitucionales orientadas a suprimir el tutelaje que se les otorga a las Fuerzas Armadas en la democracia hondureña, así como cambios en la cultura política en las relaciones de la sociedad con ese cuerpo de seguridad.
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El proyecto, denominado "Fortalecimiento de la conducción civil de la defensa y del control civil sobre las Fuerzas Armadas", es promovido por el no gubernamental Centro de Documentación de Honduras (Cedoh).
El rector del Cedoh, Víctor Meza, sostiene que el colapso institucional del 28 de junio de 2009 "obliga a abordar estos temas desde una perspectiva más profunda, que permita construir un modelo más viable y democrático en la relación con los militares".
Meza dijo a IPS que la agenda de reformas propuestas es producto del consenso sostenido en los últimos cuatro meses en intensas mesas de trabajos con diversos sectores académicos e instancias civiles en donde se abordaron aspectos relacionados con la desmilitarización del Estado y del sistema político y el papel arbitral otorgado a los efectivos castrenses.
A su vez, la socióloga Leticia Salomón, experta en temas militares y de seguridad, sostuvo que el principal desafío a enfrentar es la desmilitarización del país. Los civiles "no se han interesado por los temas de la defensa, pero ahora ven que llegó el momento de crear una comunidad que vigile, proponga y advierta sobre los riesgos de dar más poder a las Fuerzas Armadas".
Así, señaló que dentro de las propuestas se encuentra la restitución del control civil sobre la conducción de las telecomunicaciones y otras direcciones claves que volvieron a pasar al mando de exmilitares en retiro, pero que "nunca se habían desvinculado de su función castrense".
"Da la sensación, más bien, que esa es su cuota del botín por haber participado en el golpe, pues varios de quienes dirigen estas instituciones fueron artífices directos de la ruptura del orden constitucional", dijo Salomón a IPS, tras citar el caso del exhombre fuerte de los militares, el general retirado Romeo Vásquez, quien dirige la empresa estatal telefónica Hondutel.
Vásquez fue, en su calidad de jefe de las Fuerzas Armadas, el que ordenó sacar de noche de su casa y a punta de ametralladoras al entonces presidente Zelaya y ubicarlo en un avión para enviarlo a Costa Rica.
Junto a Vásquez, otros militares en retiro están al frente de las oficinas de Migraciones, de la Marina Mercante, del Fondo Social de la Vivienda e incluso en la conformación de juntas civiles interventoras en dependencias públicas. Ahora, incluso se habla de su incursión en la política con aspiraciones presidenciales.
La propuesta de reformas abarca también cambios en la cultura política hondureña para superar antiguos planteamientos referidos a que "los temas de defensa deben ser asumidos por los militares, y los temas policiales también", o expresiones como que "a los militares hay que tenerlos contentos", recordó Salomón.
En la propuesta de reforma se afirma que el salto hacia atrás que dieron los militares con el golpe de 2009 minimizó incluso los esfuerzos reformistas que impulsaron en los años 70, cuando "lucieron progresistas, desarrollistas e impulsores de importantes cambios en la tenencia de la tierra, sumado al clima de tolerancia y respeto a las diferencias".
Los militares también aceptaron en los años 90 el proceso de desmilitarización iniciado por el hoy extinto presidente Carlos Roberto Reina (1994-1998).
Pero todo eso "se fue de un plumazo y volverlos a meter en los cuarteles dependerá de la presión ciudadana y de sus propuestas", sostiene Víctor Meza.
De ahí que las reformas planteadas busquen quitar el rol castrense de ser garantes de la alternancia en el poder, como establece la Constitución, además de garantizar el libre sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales.
Por ahora, legisladores de la oposición esperan que esa iniciativa ciudadana llegue al recinto para empezar a desmitificar el tabú de "que los militares son intocables. Este es el momento, antes de que les den más control en los temas de la seguridad, bajo el pretexto de la lucha antidrogas", confió a IPS el diputado socialdemócrata Mario Vásquez.
Para la académica argentina Ruth Diamint, experta en temas de defensa, el plan de reformas presentado es "muy claro y realizable, donde se debe caminar hacia la desmitificación de conceptos militares que en nada abonan a la cultura política y democrática".
