Para colaborar eficazmente en la lucha contra el hambre en el mundo, el gobierno de España debe impulsar ya el cierre de paraísos fiscales y un impuesto especial al movimiento especulativo de capitales, dijo a IPS Jesús María Medina, coordinador de la campaña Derecho a la Alimentación.
Otro participante de la campaña, Amador Gómez, director técnico de Acción contra el Hambre, manifestó a IPS que el gobierno español debe tener presente que el Derecho a la Alimentación es reconocido por la jurisdicción internacional y que, por lo tanto, los estados tienen "la obligación de hacerlo valer".
El gobierno español, añadió, no solo debe hacer todo lo que esté a su alcance, sino que debe actuar con firmeza en los foros de decisión, como la Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio, para que se limiten las proporciones de materias primas que puede tener un solo inversor o grupo de tales, establecer tributos a los movimientos financieros especulativos y suprimir los paraísos fiscales.
También propone que se establezcan moratorias sobre la compra y venta de tierras a gran escala y que se tenga en cuenta que "los alimentos han pasado de ser un bien básico a ser un nuevo recurso estratégico y, con ello, objetivo de especulación".
"Se especula con un recurso básico que es necesario e indispensable para las familias", señaló.
Sobre este último aspecto, Gómez insistió en destacar que, pese a los aumentos de precios registrados anualmente desde 2008, no se tomaron decisiones para evitar que eso suceda y "las capacidades de las familias no han aumentado, viéndose más expuestas a esta terrible situación".
"Cuidar los alimentos es proteger a las familias, así como especular con ellos es hacerlo con la salud y nutrición de las familias con menos recursos", agregó.
Medina, por su parte, recordó que el gobierno español en los tres últimos años le dio una importante prioridad a la cooperación al desarrollo, pero que además de eso debería hacer que se actúe contra el "tremendo movimiento de acaparamiento de tierras en el Sur".
Ese acaparamiento, que se calcula en más de 200 millones de hectáreas en los países en desarrollo, es mayoritariamente destinado a producir agrocombustibles y fibras para la industria textil, entre otros productos, y no para incrementar los alimentos para las poblaciones locales, agregó.
Por eso, Medina considera que faltan directrices para que actúe la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) contrarrestando el acaparamiento y que se urja a los gobiernos a establecer una moratoria a la venta a gran escala de alimentos.
También señaló que, además de combatir el movimiento financiero especulativo, el gobierno debería generar una bolsa de recursos contra el hambre, destinada a los países del Sur.
Y por último puntualizó que la producción de agrocombustibles, en los que la Unión Europea participa impulsándola, tiene un impacto negativo en la seguridad alimentaria de los países más empobrecidos.
En esa línea destacó que 40 por ciento de la cosecha de maíz en Estados Unidos se utiliza para elaborar metanol y que en otros países, como Indonesia, se redujo la producción de alimentos debido al uso de tierras para plantar la palma africana.
El fruto de esta planta, para cuyo cultivo extensivo se necesita poca mano de obra y muchos fertilizantes químicos, fuertes herbicidas y mucho terreno, es usado en su mayoría para fabricar cosméticos, jabón, detergentes, velas, lubrificantes y otros productos similares. De esa manera no solo no se utiliza la tierra para acumular alimentos sino que se la debilita y contamina.
La organización Ayuda en Acción destaca en su último informe que, según la FAO, en 2009 había en el mundo 1.020 millones de personas hambrientas y otros dos millones que padecen el llamado "hambre oculto", o sea unas carencias severas de micronutrientes, lo cual dificulta el desarrollo de sus capacidades y funciones vitales.
Por eso esta entidad no gubernamental apoya la campaña "Derecho a la Alimentación", junto a la católica Cáritas Española, Ingeniería Sin Fronteras y Prosalus.
La campaña, entre otras cosas, se propone sensibilizar a los gobiernos del mundo para que se haga efectivo el derecho a la alimentación en el marco de una política de soberanía alimentaria. También que se imponga el respeto, protección y garantía del derecho a la alimentación como un derecho humano fundamental.
Para lograr ese fin se insta a que se haga una revisión de las políticas públicas y se destine una dotación suficiente de recursos para garantizar la efectividad del derecho a la alimentación en todos los países del mundo, prestándole especial atención a los del Sur.
