La mirada de Eric Saúl Majano, de 37 años, se pierde en el cielo falso de la oficina estatal a la que llegó a reclamar su pensión por invalidez, puesto que la esquizofrenia que padece no el permite trabajar desde 2002. Pero lograr su objetivo no será fácil.
"Veo cosas y oigo cosas que no son reales, por eso no puedo trabajar", explica Majano a IPS a la salida del consultorio del médico que lo examinó.
Desde que en 1998 se privatizó el sistema previsional, 35 por ciento de los 18.000 trabajadores salvadoreños que llegaron a la estatal Comisión Calificadora de Invalidez (CCI) en busca de una pensión fueron rechazados porque, tras los exámenes médicos respectivos, el grado de invalidez es insuficiente para obtener ese beneficio según los nuevos parámetros.
La ley establece que para obtener una pensión parcial, la invalidez debe ser de 50 por ciento de la capacidad de la persona, y para una total, de 70 por ciento, medidas que están ya predeterminados en el Reglamento de la CCI. Por cada afectación, hay un porcentaje asignado.
Pero los afectados sostienen que hay presiones para que esa instancia falle en contra de los trabajadores y beneficiar así a las compañías de seguros, que cubren el riesgo por invalidez (enfermedad y accidentes) y muerte.
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"La Comisión debería de ser más justa, que vea el interés de las personas, y que sus dictámenes no sean para agradar al dueño de una empresa", se quejó ante IPS Dinora Roldán, una mujer de 54 años que sufre de epilepsia y en 1999 demandó a la CCI porque solo le otorgó 35 por ciento de invalidez con lo cual no pudo acceder al beneficio.
El caso de Roldán llegó hasta la Corte Suprema de Justicia y, después de una batalla legal de 12 años, ella finalmente recibirá una pensión a partir de este mes.
Las pensiones por invalidez en el sistema privado rondan los 208 dólares mensuales.
El sistema previsional salvadoreño se privatizó siguiendo el modelo chileno y a partir de entonces más de dos millones de personas, que equivalen a 37 por ciento de la población actual del país, pasaron obligatoriamente al sistema privado, un negocio atractivo para las compañías considerando que la clientela está asegurada por ley.
Solo los empleados que ya eran mayores de 50 años en 1998 quedaron en el sistema estatal de pensiones, que quedó cerrado sin nuevos cotizantes.
Por ser privado, existen constantes quejas de que las reglas que norman el sistema tienden a beneficiar a los empresarios o grupos financieros que operan en el sistema, por ejemplo, con normas más restrictivas para adjudicar las pensiones por invalidez y muerte.
En ese negocio no solo participan las dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) existentes en el país, que cobran 1,2 por ciento de 13 por ciento de los aportes de los trabajadores para administrarles su dinero. También participan las compañías de seguros, que cobran 1,5 por ciento de esa cotización para cubrir el riesgo por invalidez y muerte.
La industria de seguros totalizó, hasta septiembre del 2010, ingresos por 324,7 millones de dólares y, de las 20 empresas que conforman el sector, solo unas pocas ganan la licitación para ofrecer la cobertura por invalidez a los cotizantes de las AFP.
Por ley, esas aseguradoras tienen voz, pero no voto, en las decisiones que toma la CCI. La duda de los trabajadores es que, debido al poder económico de esas compañías, su presencia en la Comisión influya en los dictámenes del organismo.
Así lo cree Mauricio Edgardo Canizales, un trabajador de 37 años que, tras un accidente en 2009 que le fracturó la columna vertebral, la pelvis y la pierna, solicitó su pensión ese año, pero no la obtuvo aún.
Canizales cojea al caminar y no puede levantar objetos porque el dolor en la columna, dice, es insoportable, lo cual le impide desarrollar su oficio de operador de maquinaria. Pero un dictamen de la Comisión, de octubre de 2009, le negó la pensión porque él debía finalizar su tratamiento y rehabilitación.
Concluido ese periodo, Canizales lo intentó de nuevo este año, pero se la volvieron a negar al adjudicarle solo un 37 por ciento de invalidez.
"La Comisión quizás me va a dar la pensión recién cuando llegue parapléjico, en silla de ruedas", se queja. "Tengo dos años de no trabajar, y sin pensión mantenemos a mi familia solo con el salario de mi esposa", narra.
Sin embargo, Omar Iván Martínez, superintendente adjunto de Pensiones, instancia a la que está adscrita la Comisión de Calificación de Invalidez, negó que las compañías aseguradoras influyan en los dictámenes del ente para beneficiar a la industria.
"Las compañías de seguros tienen derecho a reclamar, por supuesto que se les escucha porque son parte interesada, pero es muy raro que la Comisión haya emitido un dictamen que tenga que ser cambiado (por influencia de las aseguradoras)", aseguró Martínez a IPS.
Martínez añadió que debe haber un equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y el aspecto financiero del sistema, y ese equilibrio lo proporcionan las reglas objetivas de calificación de invalidez, que determinan con certeza quién sí y quién no merece una pensión.
No obstante, esas reglas son interpretadas de una forma que afecta a los trabajadores, sostienen los afectados.
Eso quedó evidenciado en el caso ya citado de Dinora Roldán, quien llevó a juicio a la CCI por darle lo que ella consideró un porcentaje injusto de invalidez.
En 2004, la Corte Suprema de Justicia resolvió que la CCI había sido demasiado reduccionista al otorgar a Roldán 35 por ciento de invalidez por los vértigos que ella padecía, y se dejó de lado la epilepsia, una enfermedad adquirida antes de que ella ingresara al mercado laboral.
"Si bien la Comisión tiene como función esencial calificar grados de invalidez y no enfermedades como tal, es parte de su labor valorar si las enfermedades en su conjunto inciden en la capacidad de trabajo", señaló el fallo.
El alto tribunal ordenó hacer una nueva evaluación y Roldán tuvo que esperar hasta este año para saber que la justicia estaba de su parte.
