¿Balas o comida? La cantidad de indigentes en Venezuela cayó a un tercio de la existente hace una década, pero en el mismo período se triplicaron las cifras de muertes violentas, que afectan sobre todo a los pobres.
Cuando la troika integrada por Burkina Faso, Guatemala y República Checa someta este viernes a Venezuela al cuatrienal Examen Periódico Universal (EPU), del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), puede creer que examina a dos países distintos debido a los tan diferentes puntos de vista del Estado y de organizaciones de la sociedad civil.
"Nadie puede decir que en Venezuela no hemos progresado en derechos humanos. Cosa distinta es la manipulación mediática que se hace contra el país, al decir que esos derechos son irrespetados", dijo en vísperas del examen Germán Saltrón, representante gubernamental ante los órganos interamericanos en la materia.
En paralelo, 144 organizaciones no gubernamentales (ONG) denunciaron que en 35 temas "existen graves vulneraciones a los derechos humanos en Venezuela, y severos obstáculos y restricciones para que los defensores y defensoras de derechos humanos continúen realizando su labor sin amenazas ni consecuencias".
El EPU es un mecanismo diseñado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para dejar atrás las nociones de reprobación o aprobación a los Estados miembros en la materia y en cambio alentarlos a progresar, a efectuar cambios y a considerar los puntos de vista de las organizaciones de la sociedad civil.
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"Se ha perdido una gran oportunidad de dialogar sobre cómo mejorar la situación de los derechos humanos, porque el Estado desoyó la recomendación del Consejo, de oír a la sociedad civil y con ella establecer orientaciones, políticas y medidas", dijo a IPS Marino Alvarado, coordinador de la organización humanitaria Provea.
El Estado "asumió el examen no como una construcción de consensos sino como una confrontación política y rehusó dialogar. En el caso de Provea, nuestras peticiones desde hace un año no recibieron la más mínima respuesta", dijo Alvarado.
El canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, y la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, defenderán el informe del Estado venezolano ante la troika que los examinará en Ginebra.
El primer logro que presentarán es la fuerte disminución de la pobreza extrema en el país, que pasó de afectar a 21 por ciento los hogares en 1998 (antes de llegar a la presidencia Hugo Chávez) a 7,1 por ciento en 2010, según el estatal Instituto Nacional de Estadísticas.
"Venezuela ha realizado una inversión social histórica en esta década, al pasar de 12.465 millones de dólares en 1999 a una acumulada de 393.400 millones de dólares en 2010", se indica en el informe.
También asegura que "para el primer semestre de 2010 el coeficiente de Gini se ubicó en 0,3898, (constituyéndose en) el país con menos desigualdad en América Latina", y que "la ingesta diaria del venezolano es de 2.790 kilocalorías, 40 por ciento más que en 1998".
Pero las 144 ONG contrastaron en su informe con otras cifras. "Existe un déficit de 2,8 millones de viviendas en Venezuela, agravado con fuertes lluvias que mostraron la vulnerabilidad de un millón de las ubicadas en zonas de riesgo", en tanto el Estado construye apenas 29.500 soluciones habitacionales por año.
Rocío San Miguel, del no gubernamental Control Ciudadano, dijo a IPS que "para esa y otras informaciones, como algunas referidas al derechos ambientales y a la justicia, el texto oficial ofrece anexos que no son consignados, en tanto cifras relevantes sobre criminalidad sencillamente no son ofrecidas".
En derecho a la vida y a la seguridad ciudadana, el informe estatal destaca la reforma policial emprendida desde 2006, que llevó a crear la Policía Nacional en 2009 y a aumentar la cantidad de agentes hasta llegar a casi cuatro por cada 1.000 habitantes.
Las ONG aportaron una encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas que da cuenta de 19.000 asesinatos en 2009, lo que daría una tasa de 75 homicidios por 100.000 habitantes, muy superior a la hasta ahora oficialmente reconocida de 48 por 100.000, que aún así es la más alta de América del Sur.
Los jóvenes, varones y de barriadas pobres encabezan los cuadros de víctimas de la violencia.
En derecho a la libertad de expresión e información, el informe del Estadio destaca nuevas leyes, como la de Responsabilidad Social en Radio y TV, el surgimiento de más de 1.200 medios comunitarios, de los cuales 37 son emisoras de televisión y 244 radios alternativas. Las ONG, en cambio, apuntan hacia otro asunto, al registrar 89 oportunidades, entre 2006 y 2009, en que el discurso de altos funcionarios rebasó límites de la crítica legítima a medios y periodistas, "interpretado por partidarios del gobierno como una autorización para ejercer actos de violencia y agresión". En 2010 se registraron 211 agresiones contra medios y periodistas.
En el primer tema de examen, defensa y promoción de los derechos humanos, las ONG destacaron que en 2010 hubo 21 casos de violaciones contra defensores de esos derechos, 11 acciones de desprestigio, tres acciones judiciales iniciadas, un caso de tortura y otro de ejecución extrajudicial.
Agregaron que entre 2008 y 2009 se desacataron seis sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como medidas cautelares dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el año pasado 34 agrupaciones de la sociedad civil fueron denunciadas por "traición a la patria", al emplear fondos de cooperación internacional.
En cuanto a la observación internacional, el Estado venezolano ha rehusado la visita de relatores de derechos humanos de la ONU o del sistema interamericano. Alvarado propone que se tome como modelo a Brasil, que extendió una autorización permanente para recibir esas relatorías.
Saltrón dijo, a modo de resumen, que "Venezuela va a decir sus debilidades". "Tenemos problemas carcelarios, problemas de seguridad ciudadana, pero los que dicen que aquí no hay libertad de expresión, que no hay independencia de los poderes públicos, que se amenaza y no se deja trabajar a los defensores de los derechos humanos, es mentira", apuntó.
Para Alvarado, "lo importante es que este octubre se cierra una etapa y se abre otra de cuatro años, otra oportunidad de diálogo".
"La troika hará recomendaciones a Venezuela, el Estado dirá cuántas aceptará y quedará con la responsabilidad de traducirlas en políticas públicas. Eso es lo que esperamos", concluyó.
