El Partido Comunista de Cuba (PCC) lanzó un proceso de consultas entre sus afiliados con vista a un próximo encuentro encargado de trazar políticas que van desde el relevo generacional y el funcionamiento interno de esa organización hasta el enfrentamiento a la corrupción y problemas sociales.
Militantes del partido gobernante confirmaron a IPS que fueron citados en sus "núcleos" (organizaciones de base) para iniciar esta semana las reuniones de análisis del documento que concentrará el trabajo de la Conferencia Nacional, una cita hasta ahora inédita que puede ser convocada entre uno y otro congreso para tratar "asuntos importantes de la política del partido".
"Llevaré mis opiniones por escrito para no olvidar nada. Entre otras cosas, plantearé que el partido debe trazar una política más concreta respecto de la juventud, crear condiciones que satisfagan las aspiraciones en el país de tantos jóvenes que emigran en busca de mejores perspectiva", dijo una mujer con 48 años de militancia que evitó ser identificada.
Este cónclave, con facultades para realizar cambios en el Comité Central de la organización, sigue al sexto congreso del PCC que en abril se concentró en definir el rumbo y profundidad de las reformas, puestas ya en marcha, para lo que las autoridades definen como actualización del modelo económico.
De ahí que un objetivo cardinal de la Conferencia es determinar las transformaciones necesarias para situar a la organización, única y en el poder, que cuenta actualmente con casi 800.000 integrantes, "a la altura de las circunstancias actuales", lo cual en la vida partidista implica dejar atrás una mentalidad atada a "dogmas y criterios obsoletos".
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Las discusiones de la nueva cita, convocada para el 28 de enero, se concentrarán en un documento base de 97 puntos que circula públicamente desde la pasada semana en tabloide impreso y en el sitio en Internet oficialista Cubadebate. También el proyecto de lineamientos de la política económica y social discutido en el pasado congreso tuvo amplia difusión previa a la cita.
Pero a diferencia de aquel, que fue sometido a debates populares en los cuales participaron más de ocho millones de personas, el texto de la Conferencia será analizado solo por los militantes del PCC, la Unión de Jóvenes Comunistas y las organizaciones de masas "en sus diferentes niveles", según los anuncios oficiales.
El proyecto de documento provocó reacciones diversas entre afiliados consultados por IPS. Para algunos, "no dice nada nuevo", en tanto que para otros resulta pobre, no contiene tesis ni líneas de trabajo y tampoco menciona expresamente asuntos medulares para el funcionamiento de la organización como las "disfuncionalidades" entre partido, gobierno y Estado.
En su informe central al sexto congreso, el presidente de Cuba, Raúl Castro, dijo que entre los problemas pendientes de solución figuraba la confusión de tareas y funciones entre esos tres poderes, que se expresaba en el "debilitamiento del trabajo político" del partido y el "deterioro" de la autoridad gubernamental y estatal.
La agenda partidista dedica varios puntos al estratégico relevo generacional en cargos políticos y de gobierno y para garantizarlo propone iniciativas que incluyen propiciar que los dirigentes posean una "sólida preparación técnico profesional", además de cualidades éticas, políticas e ideológicas.
Asimismo, se prevé definir los límites de permanencia en los cargos por tiempo y edades y restringir a un máximo de dos períodos consecutivos de cinco años el desempeño de los cargos políticos y estatales fundamentales, incluidos el de presidente de los consejos de Estado y de ministros. En el plano social, hubo cierta decepción entre quienes esperaban "más". "Me parece que la mención del tema racial es floja. Quizás no se está valorando suficientemente o nosotros los sobrevaloramos, pero consideramos que es un asunto muy importante sobre el cual se debe discutir con seriedad", comentó a IPS Tato Quiñones, del proyecto ciudadano Cofradía de la Negritud.
Esa iniciativa, que promueve periódicos debates a nivel comunitario sobre la persistencia de desigualdades y discriminación por el color de la piel, figura entre los sectores que esperan de la Conferencia Nacional un análisis profundo y un programa de trabajo para afrontar en toda su amplitud el problema racial.
"Concuerdo con que ese tema debió ser mencionado en el documento de manera más fuerte, pero hay material para el debate", opinó a IPS el investigador Esteban Morales, autor de ensayos y artículos sobre ese tema. "Creo que se trata de un documento conceptual y que de las consultas van a surgir modificaciones", añadió.
En todo caso, el texto expresa claramente que el PCC se propone "enfrentar los prejuicios raciales, de género, ante creencias religiosas, orientación sexual y otros ( ) que puedan limitar el ejercicio de los derechos de las personas, entre ellos los de ocupar cargos públicos, participar en las organizaciones políticas, de masas y en la defensa de la patria".
También pone énfasis en la decisión de enfrentar la violencia de género e intrafamiliar y la que se manifiesta en las comunidades. Según especialistas, el maltrato hacia la mujer constituye un problema silenciado por décadas y su transformación requiere de voluntad política y un trabajo intersectorial.
El texto considera una necesidad reforzar el enfrentamiento de las causas y condiciones que propician indisciplinas sociales, ilegalidades, corrupción y otros fenómenos que, junto al burocratismo y la negligencia, "socavan las bases" de la sociedad cubana. En ese sentido, el PCC se propone fortalecer acciones dirigidas aprevenir y enfrentar tales problemas.
En 2009, Castro impulsó la creación de la Contraloría General de la República, a cargo de la vicepresidenta del Consejo de Estado, Gladys Bejerano, para elevar el control interno y "el enfrentamiento directo a cualquier manifestación de corrupción", un fenómeno que entraña serios riesgos para la "esencia del socialismo", según ha dicho el mandatario.
Desde entonces fueron juzgados y condenados varias decenas de directivos y funcionarios de empresas de Cuba y de capitales mixtos involucrados en casos de corrupción, entre los que se cuenta un exministro y un viceministro y al menos tres empresarios extranjeros.
Casos de ese tipo estarían en marcha en el sector de las comunicaciones y en al menos tres empresas extranjeras con inversiones en Cuba, también sujetas a investigación, pero se carece de información oficial al respecto, sin la cual la prensa estatal del país guarda absoluto silencio.
