Bajo estrictas medidas de seguridad, comenzó este miércoles en la capital colombiana el juicio a Andrés Felipe Arias, quien fue ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de 2005 a 2009, acusado de apropiación indebida de dineros públicos y celebración de contratos ilegales.
La fiscal general de la Nación, Viviane Morales, presentó el caso ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dado que, por su condición de exministro, la investigación y el juicio les compete solo a las más altas instancias. "Funcionarios de su misma categoría", expresa la ley.
Los delitos motivos del proceso se habrían cometido bajo el marco del programa gubernamental Agro Ingreso Seguro (AIS), creado en 2007 por el gobierno derechista de Álvaro Uribe (2002-2010), con el fin, entre otros, de "promover la productividad y competitividad, reducir la desigualdad y preparar al sector agropecuario para afrontar el reto de la globalización de la economía".
El escándalo se destapó al conocerse en 2009 la adjudicación de la licitación en el marco del AIS, en la que aparecieron beneficiados con subsidios no reembolsables por 1.600 millones de dólares cuatro familias adineradas del caribeño departamento de Magdalena y, en particular, Valerie Domínguez, quien fue reina nacional de belleza en 2005.
Domínguez, modelo y actriz, anunció que devolverá el dinero obtenido por estos subsidios, tras afirmar que se vio afectada por exceso de confianza en su novio de entonces, Juan Manuel Dávila, miembro de una de las familias favorecidas que, tras las investigaciones y llamados a juicio, también dijeron que devolverán casi cuatro millones de dólares.
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La publicitada creación de AIS generó esperanzas: la pobreza en las zonas rurales de Colombia afecta a más de 64 por ciento de los habitantes y la indigencia ronda 25 por ciento, según el estatal Departamento Nacional de Estadísticas.
Además, la población campesina ha sido duramente afectada por el longevo conflicto armado interno. El desplazamiento forzado de los hogares y la posterior apropiación de tierras fueron prácticas constantes.
Para iniciar el programa AIS se asignaron unos 220 millones de dólares, previéndose aumentos anuales en base en la medición oficial del índice de precios al consumidor, que hacía prever un aumento aproximado de cinco por ciento anual.
En 2009, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural abrió la primera licitación pública para "cofinanciar proyectos de infraestructura de riego y drenaje". Las propuestas presentadas fueron evaluadas de manera conjunta con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
Una unidad entre el gobierno y el IICA que, según las investigaciones, sería un eslabón que facilitaría el camino hacia futuras anomalías.
"El (entonces) viceministro Juan Camilo Salazar conformaba su equipo de trabajo, contratado a través del IICA, sin adelantar una selección objetiva", aseguró Camila Reyes, ex directora de Comercio y Financiamiento del ministerio, vinculada a la investigación.
"Fueron personas de confianza de Juan Camilo y el ministro", añadió.
"Arias tenía control directo sobre el manejo presupuestal al interior del Convenio 078 (que inició AIS), como se evidencia en las actas en las que aparece su visto bueno, sin que fuera parte del comité administrativo", aseguró la ex funcionaria.
Otros subsidios entregados por AIS fueron relacionados con personas que apoyaban la segunda reelección consecutiva a la que aspiraba Uribe a partir de 2010.
Arias se expresó pública y reiteradamente como aliado incondicional de Uribe, al punto que fue llamado popularmente Uribito.
Economista de la privada universidad de Los Andes y con doctorado de la estadounidense Universidad de California, Arias ingresó en 2002, con solo 29 años, al gobierno de Uribe como viceministro de Hacienda y Crédito Público. Ocupó luego el cargo de viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, ascendiendo a ministro en enero de 2005.
Entre los beneficiados por estos fondos entregados ilegalmente por AIS se encuentran las empresas azucareras Mayagües y Manuelita, que habrían recibido unos 735 millones de dólares en conjunto. También aparecen un número indefinido aún de otras firmas menores en todo el país.
Mayagües y Manuelita figuran aportando unos 16 millones de dólares para la campaña en pro del referendo requerido para incorporar en la Constitución la habilitación de una segunda reelección presidencial.
El senador Jorge Enrique Robledo, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, impulsó en el parlamento un intenso debate en contra de Arias y su sucesor Andrés Fernández.
Porque, para entonces, Arias había renunciado al ministerio para lanzarse como candidato presidencial, en el intento de suplir a Uribe, cuyo propósito de un tercer periodo estuvo en entredicho hasta que la Corte Constitucional negó toda posibilidad al respecto.
En el debate parlamentario, Fernández negó toda posibilidad de ilegalidad, mientras el presidente Uribe defendía a Arias, asegurando entre otras afirmaciones, que era "su versión mejorada".
Sin embargo, la fiscal Morales ratificó este miércoles ante la Corte Suprema de Justicia el resultado de sus investigaciones, que podrían tardar unos seis meses en dar resultado definitivo.
"Con el sistema penal acusatorio creería que en el primer semestre del año entrante conoceremos resultados", explicó a IPS el abogado Ariel Ávila, de la no gubernamental Corporación Arco Iris.
"Considero que este caso es una cuenta de cobro por los abusos cometidos por el gobierno de (Álvaro) Uribe. Pero aún falta mirar cómo en las regiones, que desde Arco Iris visitamos de manera permanente, situaciones similares de corrupción, muy graves, se siguen presentando", agregó Ávila.
"No soy parte civil, no he leído el expediente, y solo conozco del caso en este momento por la información de prensa, pero no me sorprendería para nada que el exministro Arias fuera condenado", comentó a IPS el senador Robledo quien, hace dos años en entrevista a IPS, auguró el final político del joven funcionario.
Recluido en el militar Cantón Norte de Bogotá desde julio pasado por considerarse un riesgo para el avance de la investigación, Arias fue suspendido por la gubernamental Procuraduría General de la Nación para ejercer cargos públicos durante 16 años.
