Un proyecto de ley que dará mayor precisión a la definición de terrorismo en China hace pensar a activistas de derechos humanos que la norma es solo una forma de justificar la mano dura contra separatistas de la etnia uigur en la atribulada región musulmana de Xinjiang.
Beijing atribuye a organizaciones rebeldes una serie de levantamientos violentos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, y arguye que este país debe hacer frente a la amenaza de fanáticos musulmanes.
Xinjiang es una región árida y pobre del noroeste de China.
Organizaciones de uigur en el extranjero sostienen que las acusaciones son una mera justificación para aumentar el estricto control sobre la región.
El proyecto de ley antiterrorista está a consideración del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular, informó esta semana la prensa estatal.
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Se espera que la norma "allane el camino para tomar medidas enérgicas contra actos y organizaciones terroristas", informó la agencia de noticias Xinhua.
El Ministerio de Seguridad Pública de China difundirá una lista con las organizaciones consideradas terroristas. Las autoridades también podrán congelar sus activos, según el borrador.
La secretaría ya publicó dos listas de ese tipo, en 2003 y 2008, todas vinculadas con el movimiento independentista uigur.
Las organizaciones uigures atribuyen los estallidos de violencia al creciente malestar económico y social de esa minoría túrquicoparlante, despreciada por la etnia han, la mayoritaria en este país.
En 2009 se registró un episodio de violencia que dejó 197 personas muertas, la mayoría chinos han.
Las autoridades deben hacerse responsables de los levantamientos y protestas violentas que son consecuencia de la represión cultural y religiosa del Estado de partido único.
"Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington, las autoridades chinas usan la guerra global contra el terrorismo como pantalla para cubrir su brutal represión en Turkestán Oriental", nombre reivindicado por los separatistas para el estado que quieren crear, señaló Alim Seytoff, director del Proyecto de Derechos Humanos Uigur.
"China siempre se apresura a concluir que todo incidente violento en Turkestán Oriental es un acto terrorista de los uigures, entrenados en el extranjero o enviados por organizaciones de expatriados, lo que siempre es un invento", dijo Seytoff a IPS por correo electrónico.
China estudia una nueva norma por dos razones, según Seytoff. "Una es para justificar e intensificar su mano dura contra el pueblo uigur; y la segunda es para mostrar a Occidente que este país se rige por el derecho, pese a que la mayoría de las veces se ignoran la Constitución y las normas sobre la Autonomía Regional Étnica", explicó.
Pero la iniciativa del gobierno fue respaldada por el profesor Li Wei, director del Centro de Estudios Antiterroristas, del Instituto de Relaciones Internacionales Contemporáneas, de Beijing.
"China, al igual que otros países, debe hacer frente a la amenaza terrorista. El proyecto es muy importante porque indica que este país mejora continuamente sus leyes en la materia", arguyó.
"Sienta las bases para luchar contra el terrorismo, definido por ley. Es muy necesaria. Hay muchas posibilidades de que el proyecto sea aprobado por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular", dijo Li a IPS.
"La ley no apunta a ninguna persona ni área específica. No importa si el terrorismo está en la región de Xinjiang o en otra. Mientras se trate de una actividad terrorista definida por la ley, estará dentro de nuestros objetivos", precisó.
"China debe lidiar con ataques terroristas. Pero los países occidentales acusan al gobierno de este país de reprimir a activistas en nombre de la lucha contra el terrorismo, es un error", añadió.
La noticia del proyecto de ley siguió al anuncio hecho por la prensa estatal el mes pasado de que cuatro uigures serían ejecutados por su participación en los enfrentamientos de julio con integrantes de la etnia han, que dejaron 32 personas muertas.
Otros dos fueron condenados a 19 años de prisión por "formar parte y participar en una organización terrorista, fabricación ilegal de explosivos, homicidio premeditado, incendio intencional y varios delitos más", informó el estatal sitio de Internet de tianshannet.com, de Xinjiang.
El primer incidente ocurrió el 18 de julio, cuando un grupo de uigures irrumpió en una comisaría de la meridional ciudad de Hotan. En otros episodios del 30 y el 31 del mismo mes, otros hombres agredieron a varias personas con cuchillos y explosivos en la ciudad de Kashgar. En ambos casos hubo víctimas fatales.
Las autoridades primero atribuyeron los ataques a organizaciones insurgentes y señalaron que los agresores habían recibido entrenamiento en el extranjero, en Pakistán u otro lugar.
Pero la portavoz de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, Hou Hanmin, admitió en declaraciones al diario estadounidense The Wall Street Journal que no había pruebas contundentes de los vínculos con Pakistán u otros centros internacionales terroristas. "Son locales y sus armas son de fabricación casera. No podemos asegurar que tengan vínculos con el exterior", señaló.
"No podemos negar la ocurrencia de incidentes violentos en Xinjiang; se trata de dónde nosotros creemos que procede la violencia", aclaró Nick Holdstock, autor de The Tree That Bleeds: A Uighur town on the edge (Un árbol que sangra, un pueblo uigur en el borde), una investigación sobre la imposición de la ley marcial tras las protestas de 1997 en la ciudad fronteriza de Yinning.
"Solemos escuchar al gobierno hablar del movimiento islámico de Turkestán Oriental y de un tipo de organización misteriosa ubicada en Pakistán u otro lugar de Asia central. Pero las pruebas de que esos grupos existen y de que son responsables son, por decir lo menos, incompletas", añadió.
