El proyecto de conformar en Brasil la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y ahora será tratado en el Senado, es considerado por lo menos un comienzo para aclarar el oscuro período dictatorial y no repetir sus abusos y errores.
Para algunos es una verdad "debilitada" y para otros una "verdad posible", pero lo concreto es que la CNV aprobada este miércoles 19 en la respectiva comisión senatorial no tendrá poder de castigar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos perpetradas entre 1964 y 1985 ni sus conclusiones servirán para abrir procesos judiciales.
Esas instancias de justicia están impedidas por una ley de amnistía de 1979, que abarca todos los casos de torturas, secuestros y asesinatos cometidos por la dictadura y los delitos de los que hayan sido responsables las organizaciones guerrilleras de izquierda que actuaron en ese periodo.
Pero el sólo hecho de su constitución "es un paso adelante con relación a la omisión que había caracterizado a Brasil", según el analista político Mauricio Santoro, de la Fundación Getulio Vargas.
En Brasil se contabilizan oficialmente 475 personas detenidas-desaparecidas, 50.000 encarceladas y más de 20.000 torturadas durante la dictadura. Aunque será "menos relevante" que otras comisiones similares creadas en Argentina, Chile o Perú, "es muy importante en lo que respecta a compilar informaciones de la historia brasileña reciente y a la valorización de la memoria sobre la resistencia de la dictadura", declaró Santoro a IPS.
[related_articles]
La CNV abarcará el período de 1946 a 1988, pese a la presión de los afectados y de los familiares de las víctimas de los militares y sus aliados civiles, que querían que se concentrase en los 21 años de dictadura, para no dispersar su objetivo.
Aton Fon, abogado de la Red Social de Justicia y Derechos Humanos, opina que ese es un punto "débil", por tratarse de un período de análisis muy extenso, a cargo de apenas siete integrantes y 14 asesores, que serán los miembros del cuerpo, y sin presupuesto propio "que comprometerán la calidad del trabajo".
En entrevista con IPS, Fon atribuyó la extensión del período a un intento de "quitarle entidad a las violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes de Estado durante la dictadura".
"Para no decir que fueron solamente los militares los violadores de derechos humanos, se propone examinar toda la historia de Brasil", lamenta el abogado, quien atribuye a la presión de sectores castrenses "el retroceso del gobierno" al plantear una CNV limitada.
Otra crítica es que, tal como fue aprobada, la CNV abre la posibilidad de que la integren militares, una corporación "directamente involucrada en la represión" y en violaciones graves como desapariciones forzadas de personas, ocultamiento de cadáveres, tortura y supresión de documentos, afirmó Fon.
Esa participación, según este activista, acarrearía también un problema de orden legal, porque los militares están sujetos a la jerarquía institucional.
"Nos veremos frente a problemas como el de tener un militar integrante de la comisión teniendo que convocar a un superior para dar su testimonio y, ante una posible negativa, tener que acatar su decisión", advirtió.
Otro cuestionamiento es que un artículo del proyecto determina que "los datos y documentos secretos que sean proporcionados a la Comisión no podrán ser divulgados o puestos a disposición de terceros, quedando bajo la responsabilidad de sus miembros el cuidado de los mismos".
Otro artículo determina que las actividades desarrolladas por la CNV serán públicas, excepto en casos en que a su criterio "el mantenimiento del secreto sea relevante para el alcance de sus objetivos o para resguardar la intimidad, vida privada, honra o imagen de las personas".
De esa manera "sería una comisión de verdad y memoria para apenas sus siete integrantes" y no para todo el país, "cuando lo que se busca es exactamente conocer lo que ocurrió para superar ese período", según Fon.
"No habrá construcción de la democracia sin la posibilidad de saber quién fue, cómo ocurrió y dónde están los documentos", sostuvo
La CNV fue propuesta inicialmente como parte de un amplio plan de derechos humanos debatido por diversos sectores de la sociedad brasileña, pero ante la presión de militares y religiosos fue sufriendo cortes.
Una CNV "como esta que quiere la presidenta Dilma Rousseff" tendrá como resultado una "comisión debilitada incapaz de revelar a la sociedad los crímenes de la dictadura militar ( )", sintetiza un comunicado firmado por representantes de asociaciones de expresos y perseguidos políticos, grupos de familiares de víctimas de la dictadura militar y defensores de los derechos humanos.
Rousseff sufrió en carne propia la cárcel y la tortura en su juventud, cuando militaba en una organización guerrillera de izquierda.
Los dos mandatarios anteriores, Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), del mismo izquierdista Partido de los Trabajadores que Rousseff, y Fernando Henrique Cardoso, del Partido de la Social Democracia Brasileña (1995-2003), también padecieron la dictadura. El primero como preso, en su rol de dirigente sindical, y el segundo como perseguido político, que lo obligó a exiliarse en Chile.
Fon explica esa aparente contradicción a partir del concepto, que dice haber prevalecido en la política brasileña actual, de "agarrar lo que es posible y no luchar por lo que es necesario".
Por su parte, la vicepresidenta del Grupo Tortura Nunca Más, Victoria Grabois, considera que la CNV es "una farsa".
El hermano, el marido y el padre de esta activista permanecen desaparecidos desde 1973, cuando fueron detenidos como miembros de la llamada Guerrilla del Araguaia, promovida por el antiguo Partido Comunista de Brasil, que fue masacrada en una operación militar entre 1972 y 1975 en la norteña región del río homónimo, con más de 70 muertos y muchos puntos aún oscuros.
Grabois considera inadmisible que no sea una comisión también de "justicia", es decir que tenga poderes para castigar a los culpables.
"Entendemos que crímenes como tortura, desaparición y muertes son imprescriptibles. Es una aberración que aquellos que cometieron delitos de este tipo, contra la humanidad, no sean condenados", dijo a IPS. Atribuye ese "miedo a la verdad" a los gobiernos civiles "que no tuvieron el coraje de romper con los militares".
Al comparar a su país con otros como Argentina y Uruguay que investigaron su pasado y están enjuiciando a los violadores de derechos humanos, la activista lo atribuye al carácter "esclavista" que "todavía impera en Brasil", que impide la politización de su sociedad.
Suelli Bellato, vicepresidenta de la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia y secretaria adjunta de la Comisión Brasileña de Justicia y Paz, no está de acuerdo con esas críticas.
"Aunque pudiésemos haber creado una comisión de la verdad hace mucho tiempo, creo que estamos maduros y preparados para buscar hoy la verdad de los hechos que impusieron al país un largo período dictatorial", dijo a IPS.
Como participante del grupo que elaboró el proyecto de ley sobre la CNV, Bellato dice haber sido testigo de un "trabajo serio y responsable que, considerando otras experiencias, tuvo en cuenta especialmente las características del contexto brasileño".
Entre esas características, la experta mencionó dos posiciones en pugna: la de "grupos que entienden que tocar el pasado contraría un pacto de redemocratización", y la de otros que creen que "el establecimiento de la democracia depende de restablecer la verdad histórica como aquellas que puedan revelar donde están los desaparecidos, quién los asesinó y en qué circunstancias".
"Estas revelaciones y posibles responsabilidades podrán alcanzar políticas de seguridad en los días de hoy, creando mecanismos que impidan la práctica de tortura como medio de confesión", señaló Bellato como uno de los resultados positivos de una CNV, aunque sea limitada.
"Como ya ocurrió en otros países, esta comisión podrá recorrer un largo camino y vencer etapas previamente establecidas", puntualizó.
