Sus críticos la llaman la «Ley del secreto», y llega paradójicamente en un momento en que varios países de África adoptan prometedoras legislaciones de acceso a la información.
Activistas señalan que la sudafricana Ley de Protección a la Información representa un revés para todo el continente.
Destinada a reemplazar una legislación sobre secretos de Estado que data de la era del apartheid (sistema de segregación racial en perjuicio de la mayoría negra), el proyecto afronta varias críticas de parte de partidos de oposición, periodistas y ciudadanos comunes.
Estos condenaron los amplios poderes que le otorgaba originalmente al gobierno para definir a determinada información como "secreto", así como la vaga definición de "interés nacional" que justifica esa clasificación.
Ante la fuerte y sostenida presión pública, el gobierno revisó la ley, pero activistas siguen oponiéndose a la falta de defensa del interés público y al mantenimiento de penas severas a quienes accedan a datos oficiales.
El proyecto de ley establece sentencias a prisión de hasta 15 años a quien posea información relacionada con cualquier aspecto de los servicios de seguridad. También fija condenas de hasta 25 años para los que accedan a información clasificada.
"Aun cuando el comité añadió limitadas protecciones para los informantes, muchas otras cláusulas permiten que sean juzgados", dijo Sithembile Mbete, de la Campaña Right2Know, coalición de la sociedad civil creada para oponerse al proyecto. Los activistas realizaron una marcha el sábado 17 frente al parlamento en Ciudad del Cabo, y tienen prevista una vigilia para el 20 de este mes, el día anterior a la presentación del proyecto ante los legisladores.
Mientras, en otras partes del continente hay señales positivas.
Nigeria adoptó una ley de libertad de información en 2010, al igual que Uganda en 2005.
En este último país además discutió un proyecto para proteger a informantes, todo con el objetivo de crear un ambiente que permita a los ciudadanos divulgar libremente información sobre conductas corruptas o impropias en el sector público y privado.
En Kenia, activistas y abogados presionan al gobierno para que introduzca cambios con el fin de cumplir la Constitución, que garantiza el acceso a la información de todos los ciudadanos.
Paul Waihenya, periodista en Nairobi, dijo que las provisiones de la nueva carta magna sobre el acceso a la información representan un gran salto hacia adelante para el gobierno en términos de transparencia.
No obstante, lamentó una reciente instrucción dada por el Ministerio de Seguridad Interna, exhortando a las autoridades a tener cuidado a la hora de hablar con los medios, luego de que un funcionario local en el norte le informara a la prensa sobre la severa hambre en ciertas partes del país.
"El interdicto contra el jefe que dio la información sobre su comunidad es un recordatorio de que el derecho de acceso a la información todavía no es absoluto", dijo a IPS.
Otros observadores señalaron que todavía es imposible conocer detalles de las finanzas públicas o divulgar datos oficiales sobre investigaciones de corrupción.
Se han presentado acciones legales contra las demoras de respuestas a pedidos de datos, así como contra otros obstáculos para los ciudadanos que quieren obtener información referida a, por ejemplo, propiedad de tierras o registros de vehículos.
Pero Laura Neuman, administradora del Proyecto de Acceso a la Información del Centro Carter, ve señales de progreso en el continente. Destacó el papel central jugado por la sociedad civil en Liberia activamente apoyada por el Centroen la redacción de la nueva Ley de Libertad de Información.
La activista dijo a IPS por teléfono desde Washington que esta participación ayudaría a garantizar que la ley tuviera un impacto positivo en la vida diaria de los ciudadanos comunes.
"Es un mito el pensar que esas leyes son para los medios o para el elite, porque francamente esos grupos ya tienen acceso a la información", indicó.
"Hemos visto (leyes) usadas en formas transformadores en todo el mundo", añadió.
"Hemos visto a personas usarlas para promover sus derechos educativos en varios países. Hemos visto que son usadas para proteger niños y niñas en orfanatos. Ha habido innumerables buenos usos del derecho a la información para proteger el ambiente", dijo Neuman.
Además, señaló que un componente esencial es establecer procesos mediante los cuales los gobiernos puedan proveer información, y si fallan en esto darles a los ciudadanos una vía clara y accesible para exigirla.
Es paradójico que Sudáfrica se mueva ahora precisamente en la dirección opuesta.
"Sudáfrica ha perdido su liderazgo en la mejora del derecho a la información en el continente africano", dijo Mukelani Dimba, del Centro de Asesoramiento para una Democracia Abierta, con sede en Ciudad del Cabo.
"En la década iniciada con la adopción de las leyes de Libertad de Información y de Promoción al Acceso a la Información (PAIA, por sus siglas en inglés), Sudáfrica ha sido un importante punto de referencia para otros países del continente", agregó.
Pero Dimba dijo que buenas leyes han fracasado a la hora de su implementación, y Mbete, de la Campaña Right2Know, coincidió.
"El problema es que, en muchas formas, la PAIA no ha sido funcional, y su implementación ha sido problemática", afirmó Mbete.
"La mayoría de los pedidos quedan sin responder, lo que en los hechos es un rechazo. Y no ha habido mecanismos independientes para apelar", añadió.
* Con aporte de Miriam Gathigah, en Nairobi.
