La próxima partida en la larga disputa entre Ecuador y la corporación Chevron se jugará dentro de 90 días, cuando el gobierno de Rafael Correa presente una acción de nulidad contra el fallo del tribunal de arbitraje internacional que lo intima a pagar 96,3 millones de dólares a esa petrolera estadounidense.
"La defensa del Estado ecuatoriano agotará todos los recursos que estén a su alcance hasta obtener una decisión de última instancia, para que los laudos no perjudiquen los intereses ni al desarrollo del país, por la enorme carga financiera que podrían representar", aseguró el procurador general del Estado, Diego García.
Aunque este arbitraje terminó, se iniciará un nuevo proceso bajo la jurisdicción de Holanda, precisó García, ante la consulta de IPS de cómo puede plantearse una acción de nulidad siendo un laudo final.
Chevron Petroleum Company, surgida de la fusión en 2001 entre Texaco Petroleum y Chevron Corporation, presentó el caso de arbitraje en diciembre de 2006 bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
García explicó que el fallo conocido el miércoles le otorga a Chevron 16 veces menos de lo que buscaba, ya que en su demanda original exigió 1.606 millones de dólares. Incluso, en un laudo parcial emitido el 30 de marzo de 2010, el tribunal ya había bajado ese monto al concederle provisionalmente 698,6 millones de dólares.
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"No obstante la significativa reducción del monto por compensar, el Estado ecuatoriano rechaza el laudo final expedido por el tribunal arbitral, pues considera que no tiene validez legal y representa una grave injusticia", dijo García.
En el dictamen parcial de marzo, el tribunal ya había aceptado los reclamos de la compañía y declarado al Estado ecuatoriano responsable por la violación del Artículo II (7) del Tratado Bilateral de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (TBI), suscrito con Estados Unidos.
Entonces el tribunal señaló que Ecuador no había otorgado a la empresa "medios eficaces para hacer valer las reclamaciones y respetar los derechos relativos a las inversiones, los acuerdos de inversión y las autorizaciones de inversión".
El monto que debe pagar Ecuador a Chevron, en caso de no prosperar la nulidad, representa la suma total más interés compuesto reclamada en siete juicios no resueltos por tribunales locales planteados entre 1991 y 1993 por Texaco Petroleum (Texpet), la antecesora de Chevron que operó en este país desde 1964 hasta 1992.
En dichos juicios, Texpet argumentó supuestos incumplimientos de parte del gobierno de Ecuador en los contratos con la petrolera y demandaban también devoluciones de impuestos.
La reducción de 698,6 millones a solo 96,3 millones es producto, según García, de los argumentos presentados por la defensa de Ecuador, entre otras cosas, que los valores que reclama la compañía deben pagar 87,31 por ciento de impuesto unificado previsto en la legislación local.
"Aunque el país no reconoció la competencia del tribunal arbitral, demostró que los casos no resueltos por las cortes ecuatorianas habían causado un daño mucho menor a la firma transnacional que lo que ésta argumentaba", dijo a IPS el abogado Bruno Sáenz.
Sin embargo, lo más importante según García, es que este fallo no le va a servir a Chevron en su estrategia para desacreditar a la justicia ecuatoriana en la batalla mayor que le enfrenta a un grupo de indígenas y campesinos que lograron que se la condene a pagar 9.510 millones de dólares como indemnización por daños que Texaco Petroleum causó al ambiente y a la salud humana.
Esa sentencia, emitida el 14 de febrero pasado, se encuentra apelada ante la corte de Nueva Loja, capital de la provincia amazónica de Sucumbíos, donde se lleva a cabo el llamado "juicio del siglo".
Pero la petrolera presentó también el caso ante tribunales estadounidenses y la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, en su intento de anularla.
El dictamen del miércoles "no le va a servir para nada, porque (Chevron) pedía que se condene a Ecuador por denegación de la justicia y el tribunal arbitral internacional lo condenó al país por demora en la administración de la justicia", lo que no es lo mismo, sostuvo García.
Más aún, Ecuador iniciará una nueva acción de nulidad por falta de competencia del tribunal arbitral, anunció el procurador general.
La defensa de Ecuador sostiene que las demandas planteadas entre 1991 y 1993 no estaban amparadas por el Tratado Bilateral de Inversiones, porque éste entró en vigencia solo en 1997 y su aplicación no puede ser retroactiva.
Más grave aún, según García, es que el tribunal decidió que, como consecuencia de los retrasos judiciales, "podía por sí mismo decidir sobre las seis demandas (Texaco habla de siete) y tomar el lugar de los jueces ecuatorianos, ignorando por completo sus decisiones y sobrepasando su autoridad.
Y lo hizo a pesar de haber reconocido implícitamente que la justicia de Ecuador es competente e independiente.
Por su parte, el vicepresidente y director jurídico de Chevron, Hewitt Pate, en un comunicado emitido desde la sede de la multinacional en la localidad californiana de San Ramón, dijo que "este fallo confirma que Ecuador puede ser responsabilizado por las obligaciones adquiridas según el derecho internacional".
"Ya que el sistema judicial ecuatoriano incumplió con su obligación de suministrar cortes imparciales y el debido proceso, Chevron tuvo que buscar una resolución en cortes internacionales", argumentó.
Con una no tan sutil referencia al "juicio del siglo", Pate añadió que "Chevron continuará procurando que se ejecuten los acuerdos firmados entre Texaco Petroleum, Ecuador y la firma estatal petrolera Petroecuador, cuando todos eran parte del consorcio de explotación petrolera".
El nuevo argumento que sostiene Chevron frente a la sentencia en el "juicio del siglo" y por el que llevó el tema ante la justicia estadounidense y La Haya es que Petroecuador es el que debe pagar los daños al ambiente y a la salud en la zona reclamada.
Petroecuador, llamada antes Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), fue socia de Texpet desde 1973, cuando comenzó con 25 por ciento de las acciones, para luego aumentar esa participación hasta 62,5 por ciento.
Empero, Texpet continuó siendo la operadora del consorcio hasta 1990, pese al incremento en el porcentaje de acciones de la empresa estatal.
"Las responsabilidades de Petroecuador son otras y sabremos actuar en su momento, pero las que nos llevó a la demanda y a la sentencia en Nueva Loja son acciones de Chevron y de su antecesora y omisiones suyas en la remediación a la que estaba obligada tras causar la contaminación", dijo a IPS Pablo Fajardo, abogado de la Asociación de Afectados por Texaco.
Esta asociación es la que presentó la demanda en nombre de los pobladores de Sucumbíos y la provincia vecina de Orellana, y la que también apeló la sentencia de primera instancia por no estar de acuerdo con el monto fijado por la justicia.
Chevron hizo lo propio, pero por considerar que la condena era fraudulenta.
La Corte de Sucumbíos aceptó tramitar las apelaciones, pero no se ha pronunciado aún sobre la materia de fondo.
